Conviene reflexionar sobre algunas de las imágenes que nos dejan estos últimos crispados días de otoño. En la Carrera de San Jerónimo y en la Ciutadella, víctimas del franquismo, políticos e historiadores celebran la aprobación de la ley de Memoria Histórica y de la ley del Memorial Democràtic en las respectivas cámaras legislativas. El resultado final se debe al esfuerzo concertado de unos y otros, tras un trámite no exento de polémica.
El proyecto gubernamental se proponía, en lo esencial, cerrar con justicia las reclamaciones de particulares y asociaciones que consideran lesionadas sus legítimas aspiraciones a una reparación justa y, a su vez, eliminar los signos públicos de la derrota sobre los vencidos que todavía perduran. La ley catalana se proyecta hacia el futuro, al instituir una instancia administrativa especializada no sólo en canalizar el esfuerzo reparador sino en promover el recuerdo de lo que fue la violencia durante la Guerra Civil y el franquismo.
Al final, la negativa a la anulación de los aberrantes juicios del franquismo - y entre ellos el de la máxima autoridad catalana durante la Guerra Civil- introdujo un factor de discordia entre los impulsores de la iniciativa gubernamental. No estaban todos en la foto, ni esta estuvo rodeada del espíritu ecuménico que la gravedad de la causa exigía.
La parquedad del apoyo parlamentario, las delicadas cuestiones que tuvieron que ser sorteadas durante el trámite parlamentario y el problemático resultado final parecen indicar que quizás no era una ley con carácter general la mejor forma para resolver las cuestiones mencionadas. No era adecuado quizás sugerir que se repararía finalmente el daño hecho a las víctimas, cuando esto ya se había venido haciendo desde los años ochenta y muchas de ellas lo habían sido ya.
Convenía, eso sí, generalizar y agilizar los procedimientos administrativos y simbólicos para cerrar con claridad y generosidad las heridas. Procedía arbitrar formas de limpieza de calles y plazas de las excrecencias conmemorativas del régimen anterior. Convenía, finalmente, evaluar las ventajas de abrir la posibilidad de revisión de las condenas, anuladas de iure por la Constitución vigente en la medida en que desarmó de raíz el entramado jurídico totalitario en el que se basaron.
Muchos nos preguntamos todavía por las razones de la iniciativa. La respuesta conduce de nuevo a las fotografías de otoño. Para las víctimas se trata de obtener una reparación justa. Nadie debería negársela o posponerla con subterfugios.
Sin embargo, justicia en este caso es sinónimo de equidad y universalidad, en la medida en que desde el espíritu del régimen democrático actual no puede moralmente discriminarse entre las distintas violencias políticas desatadas entre 1936 y 1975. Es conocido que esta no era inicialmente la intención de la iniciativa catalana, y que sólo correcciones impuestas por la lógica parlamentaria situaron al proyecto de ley en un horizonte admisible. Se argumentó en más de una ocasión que la reparación a una parte de las víctimas ya se había producido durante el régimen anterior, pero esta es una idea tan perversa que su aceptación en la cultura democrática resulta imposible sin su deslegitimación radical.
Nadie puede extrañarse entonces de que los rostros de la foto se difuminen sobre un fondo de sombras innúmeras. Sucede en esto que las víctimas tienen todas su parte de razón, pero no la razón última en el proceso de reparación, en la medida en que este se fundamenta en la universalidad no discriminatoria. Es muy probable que la apelación a la llamada "memoria histórica" sea la clave que conduce a la plasmación de una determinada política, con la participación en este punto de políticos e historiadores. Se articula como una suerte de legitimidad paralela, superadora de las limitaciones de un marco constitucional al parecer encorsetado por las renuncias de la transición.
Una legitimidad que se construye como un punto de encuentro entre el testimonio de las víctimas, cuya voz se convierte en testimonio y caución al mismo tiempo, y el esfuerzo intelectual de políticos e historiadores por insertarlo en un relato particular de lo sucedido. Ahí está el fondo de la cuestión, aquello que nos puede ayudar a comprender por qué se prefirió desde un principio un determinado procedimiento legislativo. Es esta legitimidad paralela la que permite a algunas formaciones políticas ganar proyección ideológica, al tiempo que se otorga a un gremio profesional el papel de guardián del templo.
Por el camino, aquello esencial, esto es, la capacidad de los españoles para distanciarse de la trágica experiencia fratricida y encontrarse al final del túnel para forjar un régimen democrático basado en la reconciliación, queda situado en un segundo plano. Mientras, si se me permite fundir poética irlandesa con la vernácula, las hojas otoñales siguen cayendo sobre las tumbas de los todos los muertos de Sepharad.
Josep María Fradera, catedrático de Historia de la Universitat Pompeu Fabra.