"Yo no voy a prevaricar". Esa fue la respuesta de Pedro Sánchez a Albert Rivera. Lo que le pedía el líder de Ciudadanos al actual presidente del Gobierno era simplemente que cumpliese su promesa -reiterada públicamente una docena de veces- de que lo primero que haría si llegaba a ser presidente era publicar los nombres de la amnistía fiscal. Parece que, según las propias palabras de Sánchez, era una promesa presuntamente "prevaricadora". Así comienza el autodenominado "Gobierno de la dignidad".
¿Estamos ante "prevaricación" o simplemente ante desvergüenza, o es otra cosa? Para responder a esta simple cuestión conviene hace un poco de memoria de la amnistía, o de las amnistías en España. Las dos primeras las impulsó el Gobierno socialista de Felipe González, siendo Josep Borrell, actual ministro de Exteriores, secretario de Estado de Hacienda. La tercera es la de Montoro y Rajoy en 2012. Las tres fueron opacas y vergonzosas, y al concluir, los responsables de las mismas señalaban que no lo iban a hacer más y que sería la última.
En general, subir los impuestos a los que ya los pagan, mientras al mismo tiempo se le perdonan a los defraudadores, no sólo es una receta indigna, sino también una vía segura al fracaso. La amnistía fiscal fue un fiasco absoluto. Fue un fracaso absoluto porque se pretendía recaudar 2.500 millones y sólo se obtuvieron 1.193 millones. Pero, sobre todo fue un fracaso porque el Estado legitimó el fraude fiscal, al tratar mejor a los defraudadores que a los que cumplían con sus obligaciones fiscales. Que eso coincidiese con una caída de la recaudación fiscal muy superior a la del crecimiento económico, es cualquier cosa menos una casualidad.
Por otro lado -y esto, al menos para mí, no era una sorpresa-, parte del dinero no tenía un origen precisamente limpio. Como el Gobierno del PP permitió la regularización fiscal de dinero en efectivo, y el efectivo no es rastreable, parte del dinero no sólo provenía de contribuyentes que no habían cumplido con Hacienda sino directamente de actividades delictivas. Esto en la práctica es blanqueo de capitales, es decir, la reintroducción en el circuito legal de dinero procedente del delito.
Esto de que la amnistía fiscal del PP de 2012 fuese utilizada para blanquear -con más o menos éxito- dinero procedente del delito, especialmente de la corrupción, no sólo es una deducción teórica. De hecho, alguno de los nombres que todos los españoles sabemos a estas alturas que se acogieron a la amnistía fiscal, están incursos en procedimientos relacionados con la corrupción. Bueno, todos los españoles salvo Pedro Sánchez, que afirmó no conocer ni un solo nombre del listado de la amnistía fiscal.
Desde Ciudadanos exigimos dos medidas fundamentales para intentar paliar mínimamente el daño que la amnistía ha causado al Estado de Derecho y a la conciencia fiscal en España: por una parte, irónicamente, que como mínimo se cumpliese la propia ley de amnistía, y que los defraudadores pagasen el impresentable 10% que acordó el Gobierno del PP (con el apoyo de CiU, en estos momentos Crida Nacional per la República), y no el ridículo 3% que pagaron. Además, exigimos que los 700 defraudadores en los que la Agencia Tributaria había detectado indicios de blanqueo de capitales se pusiesen en conocimiento de los Tribunales de Justicia.
Estas dos medidas se las exigimos tanto al PSOE -en el acuerdo de Gobierno- como al PP -en el acuerdo de investidura-. Lo cierto es que el PP se negó a acordar que los presuntos blanqueadores se enviasen a los Tribunales. En cuanto a cumplir su propio Decreto-Ley de amnistía, finalmente accedió a que pagasen un 10%. Como en tantos otros temas, el PP no cumplió ni con el acuerdo ni con lo aprobado por el Congreso. Al final, en lugar de exigir 2.800 millones a los defraudadores, lo que hizo fue enviarles una carta con una copia de la iniciativa de Ciudadanos aprobada por el Congreso, que por cierto llevaba mi firma.
En fin, como algunos habíamos pronosticado, en cuanto salió, la amnistía fiscal fue declarada inconstitucional. En la fecha de la sentencia habían transcurrido más de cuatro años desde el final de plazo de declaración, eso hacía que no se pudiese revisar la situación fiscal de los defraudadores amnistiados. La sentencia del Tribunal Constitucional tuvo una consecuencia política: la reprobación del ministro Montoro a iniciativa del Partido Socialista. El día que Montoro comparecía para explicar la durísima sentencia del Constitucional, el ministro señaló en los pasillos que había más dirigentes del PSOE que del PP en la lista de la amnistía fiscal...
Ahora un año después, Pedro Sánchez ha decidido que no hará públicos los nombres de la amnistía fiscal, y eso sí, tampoco ha hecho mención a enviar a los Tribunales de Justicia a ninguno de los 700 presuntos blanqueadores que se acogieron a ella. En esta cuestión, Pedro Sánchez ha encontrado el apoyo entusiasta del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, que también cree que no se deben publicar los nombres. Otra cuestión, como la del cuponazo, en la que se vuelven a poner de acuerdo los dirigentes del PP y el PSOE de cualquier generación: la oposición a la igualdad y la transparencia en el pago de los impuestos.
Los argumentos para no publicar la lista se resumen en uno: no se puede modificar el artículo 95 de la Ley General Tributaria para publicar los nombres "de forma retroactiva". Lo peor de todo es que eso ya se ha hecho y no ha pasado nada: se estableció el artículo 95 bis para poder publicar la lista de morosos, y esos datos pasaron a ser públicos. Cuando estos señores, voluntariamente o porque simplemente ya no tenían dinero, no pagaron sus impuestos -en algunos casos hace muchos años-, no sabían que sus datos iban a ser publicados. Luego cambió la ley. Si el argumento fuese cierto, centenares de morosos podrían demandar al Estado por haber publicado sus nombres.
En fin, el argumento jurídico todavía se puede discutir, pero lo que está claro es que la clave de la decisión de no publicar la lista no está ahí, sino en los nombres que contiene, como ya avanzó Cristóbal Montoro hace un año. Si esa argumentación de que el servicio jurídico del Estado no me deja, supone tomar por tontos a todos los contribuyentes honestos, lo de prohibir por ley las amnistías fiscales ya es simplemente abracadabrante. Cualquier nueva ley podría anular la prohibición que ya existe de dar nuevas amnistías fiscales.
Sí, esa ley ya existe y está vigente. Le reproduzco al lector la Disposición Adicional Vigésimo Primera de la Ley de Presupuestos de 1992, y que no se ha derogado: "A partir del 1 de enero de 1992 no se dictará disposición alguna, de cualquier rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, amnistía fiscal ni se establecerán otras regularizaciones análogas a las contenidas en la Disposición Adicional Decimotercera y en el punto uno de la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas"
¿Cómo se evitó esto? Montoro, Rajoy y hace unos días Pablo Casado, dijeron que no era una amnistía porque el defraudador tenía que pagar algo… En fin, si alguien considera que lo de 2012 no era una amnistía, entonces el Real Decreto Ley 12/2012, aprobado con los votos del PP y la entonces CiU (actual Crida Nacional per la República) hizo una excepción a ley de presupuestos del 92. No sirvió en 2012 y volver a escribir en el BOE lo que ya está vigente, tampoco servirá para nada…
Creo que el lector puede contestar si las promesas de Pedro Sánchez sobre la amnistía fiscal eran desvergüenza, prevaricación u otra cosa. En cualquier caso, parece que el PSOE y el PP están lejísimos en política fiscal, pero luego se ponen de acuerdo en dar amnistías fiscales y en la opacidad de los grandes defraudadores y corruptos. Esto por lo menos clarifica las cosas. Así, al menos los españoles podrán decidir qué política fiscal quieren cuando sean llamados a las urnas: la amnistías fiscales y la opacidad del bipartidismo, o la lucha contra el fraude y la corrupción, que propugnamos y practicamos desde Ciudadanos.
Francisco de la Torre Díaz, inspector de Hacienda, es diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos.