Francia y Alemania deben cumplir

Por Pedro Solbes, comisario europeo de economía (ABC, 19/11/03):

Cuando se reúnan el 25 de noviembre, los ministros de Economía y Hacienda afrontarán la decisión más crítica desde el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria. Deberán adoptar o no medidas correctoras para los déficit excesivos de Francia y Alemania, de conformidad con las disposiciones del Tratado y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Su decisión afectará al modo en que los ciudadanos europeos y los mercados financieros perciben un elemento fundamental del singular marco de la UEM: una política monetaria centralizada aplicada por el BCE, junto con unas políticas presupuestarias descentralizadas pero coordinadas que aplican los Estados miembros. No es una coincidencia que ni en la Convención ni en la conferencia intergubernamental recientemente iniciada haya habido ninguna propuesta, y mucho menos un acuerdo unánime, para cambiar este marco.

En mi opinión, las normas presupuestarias de la UEM son lógicas desde el punto de vista económico, ya que: a) impiden que se pierda el control de las finanzas públicas y supongan una carga excesiva para la política monetaria común, y b) evitan la aparición de desequilibrios presupuestarios insostenibles, que minan las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Con el reto de las pensiones a la vuelta de la esquina, no podemos permitirnos adoptar una visión a corto plazo para la política fiscal en Europa.

La Comisión ha demostrado en los últimos cinco años que nuestra interpretación del Tratado y del Pacto es flexible y se basa en un sólido razonamiento económico. Los casos de Francia y Alemania ilustran este punto. La Comisión ha reconocido el hecho de que las condiciones de crecimiento se deterioraron significativamente después de la adopción este año de las decisiones correspondientes en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Por ello hemos propuesto conceder a estos países un año más para corregir sus déficit.

El esfuerzo presupuestario adicional exigido a Francia y Alemania en el periodo 2004-2005 no va más allá de lo que pueden soportar sus economías sin un coste excesivo, particularmente a la luz de la actual recuperación. Si no se realizase el ajuste, aumentaría el riesgo de rebasar el criterio del 3 por ciento del PIB por cuarto año consecutivo.

¿Se trata de una aplicación mecánica del Pacto por parte de la Comisión? No, en absoluto, dado que el reloj se puso en marcha hace dos años: Alemania registró un déficit estructural del 3,3 por ciento del PIB en 2001, y Francia un 3,7 por ciento en 2002. Los países que no han respetado a las normas de Maastricht en la reciente fase de ralentización cíclica, gestaron sus problemas en los años de expansión posteriores al inicio de la UEM, no logrando sanear sus presupuestos cuando tuvieron la oportunidad para ello. Por ejemplo, la deuda pública alemana ha aumentado del 60 por ciento del PIB en 2000 al 64 por ciento en 2003, y se prevé que siga aumentando a menos que se adopten a tiempo medidas que reduzcan el déficit. La situación en Francia es similar. Por consiguiente, las obligaciones futuras influyen en las decisiones de los agentes económicos. Las familias europeas ahorran y no gastan. Las empresas temen futuros aumentos de impuestos y no invierten.

Es cierto que las reformas estructurales son fundamentales para abordar la rigidez y los problemas de crecimiento de nuestras economías; y la Comisión ha apoyado y fomentado en gran medida las amplias reformas emprendidas por el Gobierno alemán y el Gobierno francés. Sin embargo, no debemos poner en peligro los efectos positivos a largo plazo de estas reformas mediante políticas presupuestarias inadecuadas a corto plazo.

Por estas razones, el Tratado y el Pacto contemplan medidas preventivas y disuasivas para abordar los déficit excesivos. La prevención no ha dado sus frutos en el caso de Alemania y Francia. Cuando no se corrige el déficit en una etapa del procedimiento es necesario pasar a la siguiente. El margen de maniobra para el presupuesto se va reduciendo a medida que se franquean etapas, y el control aumenta. Actualmente nos encontramos en esta situación con Francia y Alemania. No proponemos sanciones, pero para que el sistema funcione las sanciones deben seguir siendo una amenaza creíble en caso de incumplimiento. Las reglas del juego permiten una prórroga en caso de circunstancias particulares, pero no una repetición o una suspensión del partido si a un equipo no le gustan los resultados. El Tratado y el Pacto considerados conjuntamente son la garantía de la igualdad de trato entre Estados miembros. En ese sentido, el procedimiento es esencial.

Por ello, no podemos permitirnos resolver nuestros problemas esta vez mediante un compromiso político alcanzado al margen de las disposiciones del Tratado. De hecho, esto equivaldría a una «suspensión» del Tratado y del Pacto y a un precedente de gestión de nuestra moneda única mediante un nuevo acuerdo meramente intergubernamental. Uno puede preguntarse cuál sería el propósito de adoptar una nueva Constitución el próximo año si los gobiernos no están dispuestos a cumplir las normas de los actuales Tratados. ¿Podemos realmente permitirnos coordinar nuestra políticas económicas, que son el pilar más importante de nuestra moneda, mediante pactos entre caballeros, particularmente cuando, como hemos visto en los últimos tres años, tales pactos no proporcionan los resultados prometidos? Éste es el sentido básico de la decisión que debemos adoptar la próxima semana.