Franco en Euskadi: encrucijada de memorias

Franco en Euskadi encrucijada de memorias

Lo de remover la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, erigida en política de Estado por el gobierno de Sánchez con la aquiescencia entusiasta de todos sus socios parlamentarios, no es más que la punta del iceberg de la llamada memoria histórica, un movimiento pseudointelectual, rencoroso y de vuelo bajo surgido del propio socialismo español en los estertores del último gobierno de Felipe González y continuado con la ley del mismo nombre del primer gobierno de Zapatero.

Ahora Pedro Sánchez pretende culminar dicha campaña memorialista –cuyo único propósito no es intelectual, ni mucho menos histórico, sino político y que consiste en endosar a la derecha actual las vergüenzas del franquismo– levantando de su tumba al gran tótem en que la izquierda ha convertido la figura del dictador. Si no fuera por lo que nos jugamos como país en el manejo de un símbolo capital de nuestra historia contemporánea, la cosa movería a risa.

Por la improvisación que muestran a cada paso quienes están gestionando el tema y porque con la Iglesia católica de por medio todo se complica siempre un poco más, está claro que manejar símbolos es lo último a lo que se debería dedicar un gobierno y menos el actual, que bastante tiene con sobrevivir cada semana. Pero es en el escenario vasco donde esa política de memoria histórica alcanza cotas insuperables de confusión y mixtificación, al solaparse torticeramente con la memoria del terrorismo.

El pasado día 10 de noviembre se celebró en Euskadi el “Día de la memoria”, por ser esa fecha la única del calendario sin un atentado terrorista. La efeméride se viene celebrando desde 2010, cuando gobernando el PSE de Patxi López se pusieron las bases de los centros de memoria que hoy rigen en Euskadi y que se decidieron en sendas reuniones al más alto nivel, entre el PP del primer gobierno de Rajoy, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza, y un PSE que acababa de perder el apoyo del PP vasco de Basagoiti y empezaba a arrastrarse parlamentariamente hasta la convocatoria de elecciones anticipadas en octubre de 2012. De sendas reuniones simultáneas en Vitoria y en Madrid el 22 de mayo de 2012 salió, por una parte, el proyecto del Instituto Gogora, que gestiona hoy el Gobierno vasco, dirigido por la ex de Aralar Aintzane Ezenarro y bajo la coordinación del antiguo militante de la izquierda abertzale Jonan Fernández.

Y por otra parte salió también el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuya gestión se reservó en exclusiva el Gobierno central. El PP desde entonces lo ha venido financiando y está previsto que abra sus puertas en Vitoria el próximo año. Pero ya en febrero de este 2018 –sin que todavía haya empezado oficialmente a andar– recibió un primer aviso del PNV, por boca de su senador Jokin Bildarratz, en el sentido de que el Memorial actuaba con un “sesgo ideológico”, se supone que contrario al del PNV.

Tras la caída de Rajoy, gracias en buena parte a que el PNV le retiró su apoyo, todo hace suponer que la actuación del Memorial de Víctimas va a evolucionar sin remedio, dada la correlación de fuerzas actual entre PNV y PSE, con un Pedro Sánchez necesitado del apoyo jeltzale en Madrid y un PSE atravesando el desierto de sus bajos resultados en las últimas autonómicas y municipales, y acogido al manto protector del PNV, gobernando en coalición tanto diputaciones como ayuntamientos vascos.

El mojón inmediato en esta historia con final previsto lo tendremos el próximo mes de diciembre en la reunión anunciada del Patronato del Memorial de Víctimas del Terrorismo, presidido por el Rey y con mayoría de miembros del Gobierno central, y donde presumiblemente el centro va a perder su dedicación exclusiva por el terrorismo de ETA (con el añadido yihadista en su sucursal de Madrid) y va a ver mixtificada su dedicación hacia todos los demás procesos de victimización en Euskadi, como ha sido norma de la política socialista y como es norma en las políticas de memoria del Gobierno Vasco bajo los designios del citado Jonan Fernández.

El único resultante compartido, conscientemente –por el PNV– o no –y ponemos aquí al PSOE– que puede salir de ahí a nadie se le debería escapar y no es otro que el blanqueamiento del terrorismo de ETA, dicho para que lo entienda todo el mundo. Con lo cual ya podemos aventurar que de los dos centros de memoria que van a competir por un mismo ideario a partir de ahora, uno de los dos caerá o se fusionarán bajo las directrices de un mismo equipo directivo, que tratándose de Euskadi ya podemos aventurar qué partido lo acabará dirigiendo.

El desenlace de la operación Franco va a servir de termómetro para medir la intensidad del proceso de integración de memorias en Euskadi, pero no para variar un ápice su dirección y sentido, que ya están marcados de antemano. Lo único que si, como parece, con el dictador y su familia se alarga todo indefinidamente, en Euskadi se va a implementar con más energía si cabe la operación de disolución del Memorial de Víctimas en la política memorialista del tándem PNV-PSE.

Por eso hace muy bien el PP vasco en situarse al margen, tanto de la comisión de convivencia del Parlamento vasco, como de la celebración del Día de la memoria en Euskadi. Su postura testimonia que es posible otra forma de entender las políticas de memoria, donde la memoria del terrorismo que padecimos todos en nuestras propias vidas no pueda quedar compensada ni mucho menos justificada por una memoria histórica que la inmensa mayoría de nosotros solo ha conocido a través del recuerdo de nuestros mayores. Las mejores intenciones de algunos de los profesionales que trabajan en memoria histórica y memoria del terrorismo, a quienes conozco personalmente, no podrán evitar que los intereses políticos en disputa pasen por encima de ellos como una apisonadora.

Pedro José Chacón Delgado es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.

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