Franco, retorno a El Pardo

Circula desde hace tiempo entre los profesionales de la ciencia forense un curioso testimonio de uno de los facultativos encargados del embalsamamiento del cadáver de Francisco Franco. Según este doctor, el rigor mortis habría provocado ya tal rigidez al brazo derecho del dictador que, al ir a enfundarle en el uniforme de gala de capitán general con que fue sepultado, hubo de dar unas puntadas con hilo a la bocamanga para coserla a la guerrera con el fin de que esa extremidad del cadáver no se levantara con el efecto que el lector puede imaginar ante las decenas de miles de españoles que desfilaron ante su capilla ardiente.

Lo que tenga de cierto esta historia de indudable sabor macabro no puedo aseverarlo, pero la transcribo tal y como la escuché de un amigo forense. Pero lo de la puntada con hilo me lleva a la cuestión principal que suscita la decisión tomada ayer por el Tribunal Supremo, al refrendar unánimemente la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar a Franco, aprobada democráticamente por la mayoría del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional: si el recurso a la momia de Franco por el líder socialista, como si fuera un titiritero que maneja una marioneta de cartón con hilos, conseguirá distraernos de la inquietante falta de proyecto político para la sociedad española de uno de los partidos fundamentales de nuestro sistema democrático.

Es recurrente afirmar que Sánchez y su consejero áulico Iván Redondo no dan puntada sin hilo, pero habría que preguntarse si esta vez no la habrán dado sobre los restos del propio PSOE para evitar que la opinión pública descubra su rigor mortis en cuanto a visión de futuro sobre la solución a los problemas reales que afrontan los españoles.

Que Franco ha sido un reclamo electoral, y que lo seguirá siendo a la vista de la próxima cita con las urnas, es indudable, aunque resulte una incógnita su efecto. Sobre todo cuando su traslado al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, lejos de acelerar el camino hacia el olvido del inquilino del valle de Cuelgamuros potenciará su actualidad.

El cambio de sepultura supone nada menos que alojar a Franco casi a la sombra del palacio donde mantuvo, desde su traslado allí en 1940 como vencedor de la guerra, su poder dictatorial hasta su muerte en 1975. Si esto ayudara a la reparación de las víctimas de la dictadura sería el primero en celebrarlo, como tantos otros españoles, pero mucho me temo que, como sucede con tantas otras disposiciones vacuas y meramente propagandísticas de la llamada memoria histórica, en poco contribuirá a hacer justicia con la memoria de las víctimas ver al dictador realojado en su histórico feudo. Es como si para ajustar cuentas con el rey Fernando VII se dispusiera su exhumación del Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial y su nuevo enterramiento en el Palacio de Aranjuez, escenario de algunas de sus célebres felonías.

Este viaje absurdo de los huesos de Franco, concebido más como un espectáculo de carnaval político que como un verdadero aliciente para nuestra fortaleza democrática, se contradice con la verdadera influencia que la dictadura que instauró y personificó tiene hoy entre los españoles. Algo menos de la mitad de la actual población española (20,7 millones de personas) ha vivido bajo la dictadura, aunque de ellos la mitad (9,6 millones) eran menores de edad cuando murió Franco. A pesar de ello, una encuesta del CIS señalaba en 2008 que, para el 61% de los entrevistados, el acontecimiento histórico más importante para España había sido la Transición y la actual democracia, mientras que sólo un 8,8% respondía que el franquismo.

Es de suponer que, diez años después, el porcentaje de quienes consideran la dictadura como nuestro hecho histórico más importante haya seguido menguando, salvo que la utilización política de la Historia haya surtido el efecto inverso y perverso de acrecentar en las generaciones nacidas con la democracia la opinión de que el franquismo es lo más relevante que les ha pasado en sus vidas. Algo que podría pensar el propio Pedro Sánchez, que tenía tres años a la muerte de Franco, y demás políticos que parecen dispuestos a descoser el brazo derecho del dictador para colgarlo como un exvoto en la puerta de las Cortes, con la esperanza de un milagro en las urnas.

España no será más democrática por tener a Franco en un lugar en vez de otro, sino porque seamos unos y otros capaces de respetar todas las opiniones sobre el asunto, a favor o en contra de mantener a Franco en Cuelgamuros, sin menoscabar la dignidad ni la legitimidad de las posiciones diferentes a las nuestras. Y, por supuesto, lo que habría hecho de España una democracia más fuerte habría sido llegar al máximo consenso político y social en cuanto al desalojo de los restos del dictador. El apoyo mayoritario del Congreso es incuestionable, pero nadie podrá negar que se logró, como casi todo en este terreno de la revisión histórica, con el chantaje mediático ambiental previo que fuerza a PP y Cs a inhibirse casi siempre en estos asuntos alejados del interés real de los españoles para no ser etiquetados de franquistas.

Si se suma a esta inhibición la sobreactuación electoralista de la izquierda, es evidente que había poco resquicio para el consenso en esta cuestión. Lo que es muy de lamentar porque ha convertido absurdamente la exhumación de Franco en un factor de confrontación entre fuerzas democráticas, ahondando el clima de desencuentro y división que ya lastra desde hace algunos lustros nuestra convivencia. Si en vez de eso, se hubiera afrontado la cuestión desde el principio con ánimo conciliador, incluso hacia la propia familia Franco, estaríamos hablando, de verdad, de un ejercicio de madurez democrática y no de un capricho de advenedizo, que es lo que Sánchez debería haber evitado.

Aquí debo romper una lanza por el rigor con que afrontó el presente y futuro del Valle de los Caídos, incluido el enterramiento de Franco, la comisión de expertos nombrada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, presidida por Virgilio Zapatero y por Pedro González-Trevijano, con personalidades como Miguel Herrero, Amelia Valcárcel o Feliciano Barrios. Nada en su informe de 31 páginas, que tengo delante mientras escribo, alentaba a la discordia por una cuestión en el fondo tan natural como el lugar que una democracia debía reasignar a un dictador que ya es historia.

Hacer de los huesos de Franco parte de la molienda electoral, junto con los exabruptos de Torra, el sudoku de la financiación autonómica, el parón económico o la inmigración ilegal, se antoja un esperpento político impropio de una democracia avanzada que ha sido modélica precisamente a la hora de cerrar algunas de las dolorosas cuentas del pasado fratricida.

Con todo, renuncio a discutir con nadie sobre dónde están mejor los despojos de Franco. Me da absolutamente igual, aunque reitero mi inclinación por llevarlos a algún lugar de la abadía de Cuelgamuros de acceso restringido. En lo que me concierne, me preocupa mucho más la inconsciencia con que los aprendices de brujo puedan desatar, hasta con las excusas más baladíes, las más incontrolables fuerzas de nuestros vertiginosos abismos nacionales. Pero, al igual que cuando Rodríguez Zapatero removió de madrugada la estatua de Franco de los Nuevos Ministerios en 2005, cuando vayan a desenterrar sus restos del Valle de los Caídos que tampoco me despierten.

Pedro Corral es periodista y escritor.

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