Fraude al Estado de Derecho

Antes, a los déspotas se les veía venir: actuaban abiertamente como déspotas. Hoy, camuflan su dictadura bajo los ropajes del Estado de derecho.

Un buen ejemplo es el Presidente ucraniano Viktor Yanukovich. Menos de un año después de su victoria por la mínima sobre la líder de la oposición Yulia Tymoshenko en las elecciones presidenciales de 2010, ésta fue arrestada bajo falsos cargos de desacato. Ahora está cumpliendo una condena de siete años de prisión por haber, supuestamente, abusado de su posición como Primera Ministra al firmar un acuerdo de gas con Rusia, y sigue a la espera de que concluyan otros dos juicios más.

A diferencia de la mayoría de juicios políticamente motivados, el caso de Tymoshenko entra en el área de competencia la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) y recientemente sentenció que su detención previa al juicio violaba la Convención Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, Yanukovich, escudandose en un fingido respeto por el Estado de derecho insiste en que no se puede plantear conceder su perdón presidencial hasta el agotamiento de los procedimientos judiciales.

Este tipo de “fraude al Estado de derecho” no es exclusivo de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin utiliza constantemente los tribunales para neutralizar a sus oponentes. Actualmente, el activista anticorrupción Alexei Navalny, un destacado crítico del régimen de Putin, está procesado por malversación de fondos en una empresa maderera de propiedad estatal mientras que Sergei Magnitsky, que murió en prisión después de acusar a varios oficiales rusos de malversación de fondos a gran escala, será juzgado póstumamente por cargos de conspiración.

Del mismo modo, los líderes de la oposición en Zimbabwe fueron procesados por traición a la patria; el líder de la oposición de Malasia Anwar Ibrahim fue acusado de sodomía; y el candidato presidencial bielorruso Andrei Sannikov fue encarcelado bajo la acusación de organizar protestas masivas. Irán instruyó juicios masivos contra los críticos del gobierno tras la controvertida reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad en 2009; y ahora, algunos de los aliados de éste último podrían a su vez convertirse en daño colateral en su conflicto con el Líder Supremo, el ayatolá Ali Hosseini Khamenei, enfrentándose a juicios penales de motivación política.

Por supuesto, la historia está repleta de ejemplos de autócratas que han pervertido la justicia. Claro ejemplo de ello son Stalin con sus Procesos de Moscú y Hitler con su Tribunal del Pueblo. Pero esos dictadores no pretendían derivar su autoridad principalmente en el Estado de derecho, mientras que sus homólogos hoy en día sí lo pretenden.

El sociólogo Max Weber describió los tres tipos de la autoridad: la tradicional, la carismática y la racional olegal. La primera ha desaparecido pues industrialización, urbanización y feminización de la fuerza de trabajo, han terminado con las estructuras sociales que la sustentaban. Por su parte, la segunda ha perdido legitimidad al ser asociada frecuentemente con el despotismo.

Así la legalidad (tercer tipo de autoridad), se ha convertido en la principal fuente de legitimidad política en el mundo moderno. Por ello, quienes están más interesados en la autoridad arbitraria que en la legalidad utilizan el lenguaje de la ley para legitimar sus acciones, debilitando el Estado de derecho.

Apenas una semana después de que los fiscales acusaran a Tymoshenko -apoyándose una vez más en meros rumores- de organizar el asesinato de un miembro del Parlamento en 1996, Yanukovich declaró: “Nuestro objetivo es asegurar una verdadera independencia económica y política, fortalecer la democracia y el Estado de derecho, y posicionar a Ucrania como un Estado joven, potente y moderno”. Esta preocupante desconexión entre las palabras y los actos oficiales devalúa el Estado de derecho a los ojos del público.

Asistimos hoy a dos debates sobre Estado de derecho: un debate erudito y teórico entre las élites de los think tanks y las universidades, y una “conversación” popular -de enorme repercusión- que se nutre de la frustración por los abusos legales. Del sur de Europa a Malasia y China, los ciudadanos están saliendo a las calles para demostrar su deseo de igualdad y justicia. Puede que no sean capaces de definir claramente el Estado de derecho, pero saben cuando se está pervirtiendo.

En los países en que hay una sociedad civil comprometida y un espacio para el debate, el discurso sobre el Estado de derecho puede ser amplio y de fondo. Sin embargo, y con demasiada frecuencia, ciertos gobiernos ignoran o distorsionan las aspiraciones públicas privando al debate de todo aquel contenido que se aleje de la retórica oficial.

Para revertir esta tendencia, se necesita una tercer debate que comprometa a la comunidad internacional. Y aunque en el caso Tymoshenko se está aprecia una reacción, hasta la fecha el TEDH no es sino una voz solitaria. A la comunidad internacional le cuesta oponerse públicamente a las violaciones del Estado de derecho.

También choca cómo instituciones que deberían proporcionar una supervisión internacional eficaz son cooptadas por quienes utilizan el Estado de derecho. Un ejemplo, todavía reciente, es el liderazgo ejercido por la Libia de Gaddafi en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Otras institiciones se muestran demasiado dispuesta a aceptar sin cuestionar propuestas de países donde sistemáticamente se abusa del Estado de derecho. Interpol es un buen ejemplo y, sin perjuicio de su reciente negativa a colaborar con Rusia en la persecución de William Browder (para quien trabajaba Sergei Magnitski), debería aplicar el artículo 3 de su Constitución, que le prohíbe la participación en asuntos de carácter político, de manera mucho más escrupulosa.

La respuesta a los abusos legales ha sido, hasta ahora y salvo excepciones, tímida, llevada a cabo por países o comunidades como la Unión Europea de manera individual y en respuesta a violaciones específicas. Por ejemplo, los EE.UU prohibieron a todos los funcionarios rusos relacionados con la muerte de Magnitsky viajar a los EE.UU y congelaron todos sus activos allí.

Y, si bien la presión unilateral puede marcar una diferencia importante, es necesario que los defensores del Estado de derecho estén dispuestos a aplicarla de manera eficaz y convincente. Las negociaciones de la UE con Ucrania sobre el Acuerdo de Asociación, por ejemplo, proporcionan una capacidad de influencia que la UE no debe dudar en utilizar.

No obstante, el impacto potencial de las acciones dirigidas por los gobiernos individuales no es suficiente. La protección del Estado de derecho debe convertirse en una prioridad internacional, y para ello es necesario un fuerte liderazgo. La UE, que no sólo es una construcción fundada en el Estado de derecho, sino que, además, proclama basar su politica internacional en el Estado de derecho, debe desempeñar este papel. Más allá del Tribunal de Estrasburgo, una voz europea fuerte y clara resulta indispensable para impulsar una acción internacional coordinada y amplia.

Ana Palacio, a former Spanish foreign minister and former Senior Vice President of the World Bank, is a member of the Spanish Council of State.

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