Combatir el terrorismo que amenaza a una sociedad en forma sistemática es una obligación de todos. Sin embargo, precisamente porque vivimos gobernados en un Estado de derecho y nos movemos dentro de los límites que nos marca, no podemos utilizar cualesquiera métodos, instrumentos o medios para conseguir el fin de la seguridad perfecta. Desafortunadamente, esa seguridad no existe más que en la pura teoría.
Pero debemos avanzar y aprender de los golpes recibidos. Quizás por ello, y porque está próximo el 14 aniversario del atentado más brutal sufrido en España, cuando cuatro trenes de Cercanías fueron reventados por sendas bombas que segaron la vida de 193 personas (la última víctima murió en 2104 tras un prolongado estado de coma) e hirieron a más de 2.000, debemos hacer una reflexión y una autocrítica para tomar impulso y ver por donde debemos ir a fin de dar la mayor tranquilidad posible a la ciudadanía.
En estos 14 años se han modificado leyes y se han creado estructuras a nivel internacional, europeo y nacional. Todas han ido dirigidas a cercenar los tentáculos, y a ser posible el corazón, de la hidra que sigue identificándose de diversas formas (Al Qaeda, Estado Islámico, Al Sabah, Al Qaeda en el Magreb Islámico, Boko Haram…) y que continúa escupiendo fuego y sangre por doquier, en una especie de espiral violenta sin fin hacia su imposible Califato Universal en el que nadie podrá tener cabida porque todos estarán excluidos por la propia esencia de la doctrina que promulgan.
Con frecuencia reflexiono sobre todos estos temas porque no puede ser de otra forma al enfrentarme a decenas y centenares de investigaciones relacionadas con la violencia yihadista. Y he llegado a la conclusión de que los propios ideólogos de la yihad saben que son falsos sus planteamientos, tanto desde el punto de vista religioso como político. Son conscientes de la gran mentira en la que viven, pero de la que ya no pueden salir porque les conviene que subsista como factor de desequilibrio mundial. Han aprendido que lo que produce efecto certero en el núcleo de los diferentes Gobiernos democráticos es el terror global porque las reacciones atávicas que provoca justifican la propia existencia de la yihad.
Si esto es así, deberíamos plantearnos si estamos haciendo bien nuestras tareas o debemos afrontar este combate de otra forma. Honestamente, creo que aunque esto es necesario, para llegar a este punto deberíamos agotar otros caminos mucho más sencillos y posibles de ejecutar en las diversas áreas afectadas.
Por ejemplo, en materia de seguridad ¿podemos decir que en los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, en los que perdieron la vida 16 personas, se hizo todo lo posible en la coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad e inteligencia responsables? Si la respuesta es sí, la sociedad debe saberlo y si fuera no, también. Lo único que no valdría para fortalecerla sería la ocultación o la mentira. La comunicación responsable en este campo es fundamental y actúa a modo de prevención general y da tranquilidad a la sociedad que queda atenazada frente a hechos tan graves como los que comporta un atentado terrorista.
En lo referente a la coordinación antiterrorista de las diferentes áreas judiciales y de inteligencia ¿se consiguen avances? Recientemente se ha celebrado una macrocumbre en París en la que han participado un amplio número de profesionales de diferentes áreas con competencia en la materia. Me temo que solo haya servido de referencia teórica y no práctica, que es lo que se precisa en nuestro país. Es decir, necesitamos una política criminal integral que, partiendo del análisis conjunto de los demás ámbitos de este fenómeno, ejecute sus acciones en forma coordinada, desde el mismo momento en que se perciba la amenaza y antes de que tomen forma las posibles acciones terroristas en sus múltiples facetas, lo que implica una especial atención a los ámbitos de la información, inteligencia y análisis que realizan los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Como coordinadora de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia de combate al terrorismo, sé bien que la coordinación es esencial. Pero debe ser una coordinación integral, tanto judicial comprensiva de los magistrados de enlace radicados en nuestro país, así como con las delegaciones de otros países, fiscalías, organismos judiciales, expertos y organismos especializados de alcance global y policiales en los que la unidad de dirección de la Fiscalía esté perfectamente definida en las diferentes áreas de inteligencia, información y seguridad.
Desde 2005, viene debatiéndose en diferentes ámbitos sobre la necesidad y conveniencia a nivel internacional de aproximar, cuando no unificar, los procedimientos y métodos referidos a la investigación y conocimiento del terrorismo yihadista. Y, para facilitar este objetivo, pienso que primero se ha de comenzar por nuestro propio país. No resulta lógico que la desconfianza siga siendo la norma entre los diferentes servicios y Administraciones. Para muestra, la de los atentados en Cataluña.
Por el contrario, es tiempo de recuerdo y homenaje a tantas víctimas caídas con la creación y puesta en marcha de un observatorio en el que se acumule la información en materia de terrorismo que no tenga carácter reservado, según la normativa que regula los temas de seguridad nacional, la doctrina consolidada, los informes, calificaciones, conclusiones, trabajos, doctrina de las Salas, del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Fiscalía General del Estado, a través de un mecanismo informativo de ágil y sencillo acceso y debidamente protegido.
Esta iniciativa demostraría que los pactos antiterroristas tienen sentido y que el principio de confianza y solidaridad es el que rige. Además, se daría inicio a algo más importante y que reforzaría extraordinariamente la seguridad de todos: la formación de un cuerpo doctrinal de inteligencia judicial que sería punto de referencia en todas las investigaciones tanto científica como procesalmente.
La actividad de los tribunales españoles en este campo, desde los atentados del 11-M hasta ahora, ha discurrido por una senda de incredulidad, frivolidad a veces e inseguridad frente a un fenómeno que se minusvaloró en su importancia y permanencia hasta que nos estalló en plena cara. Las dudas, las equivocaciones, las incertidumbres, las pagan los ciudadanos y son aprovechadas por los perpetradores, que, por lo que a España se refiere, lo tienen muy claro. Al-Ándalus continúa siendo un objetivo histórico y actual. Su conquista sigue conformándose como su meta y el medio para conseguirlo es la yihad, lo que traducido a nuestra lengua se llama terrorismo.
Por ello, y por el derecho de reparación que corresponde a las víctimas (que en algunos casos aún siguen esperándola), debemos avanzar en el sentido expuesto sin olvidar lo relativo a la integración en la diversidad, la educación plural, la conciliación entre comunidades y tendencias religiosas que siempre ha caracterizado a España, país abierto a todas las culturas, para lograr lo que el preámbulo de nuestra Constitución establece como finalidad de la misma: “Garantizar la convivencia democrática… conforme a un orden económico y social justo” , “consolidar el Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, "proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones…”, y con ello poder proclamar el "nunca más" que tantas veces ha sido nuestro grito frente al terror y la opresión.
Dolores Delgado es fiscal de la Audiencia Nacional.