Fuera de control

Los gobernantes españoles y catalanes parecen completamente fuera de juego. Nuestras instituciones y nuestros dirigentes van a remolque de los acontecimientos y responden con las manos atadas por su propia corrupción o por la pasividad con la que han tolerado la corrupción de sus correligionarios. Cada día toma más cuerpo la sensación de que la situación se les está escapando definitivamente de las manos y que a nuestros líderes no se les ocurre otra cosa que mirar para otro lado e intentar aparentar que no sucede nada.

Hace tiempo que las principales organizaciones e instituciones del Estado –del Tribunal Constitucional al Banco de España, del Consejo General del Poder Judicial a la Corona, pasando por el Gobierno central, los gobiernos autonómicos, los partidos políticos, los sindicatos y las patronales– han ido quedando bloqueadas, desprestigiadas, o directamente bajo sospecha. Desde hace unas semanas, las dos máximas autoridades españolas, el jefe del Estado y el presidente del Gobierno, están sometidas al chantaje de los acusados en los dos principales casos de corrupción política. Y cuando ya parecía que las cosas no podían empeorar, se han filtrado operaciones rocambolescas que implican de manera transversal a partidos, gobiernos e instituciones, conformando una espiral de descomposición lamentable: a estas alturas, cuesta saber si alguien manda aún en algunas parcelas de poder que empiezan a parecer fuera de control.

El país no se merece tanta porquería ni tanta inseguridad: en poco tiempo hemos visto policías que escapan al control de sus mandos naturales; unidades especiales que quizás trabajan para ellas mismas, para otros ministerios o para algunos poderes ocultos; espías pagados con impuestos de todos, que trabajan al servicio de unos cuantos; jueces estrella que permiten linchamientos a partir de datos irrelevantes o no probados, que se filtran en pleno secreto sumarial; jueces que instruyen sumarios en zonas ajenas a su propia jurisdicción y que son censurados o estimulados por las altas instancias judiciales según a quién benefician las presuntas irregularidades; partidos políticos que espían a sus propios dirigentes o a los líderes rivales a cuenta de los presupuestos públicos; agencias de detectives que trabajan a la vez para quien hace los encargos, para las víctimas, para terceros y presuntamente también para organismos oficiales. Para acabar de degradarlo todo, acabamos de asistir a una subasta pública de centenares de informes obtenidos ilegítimamente, que han sido vendidos con éxito si nos atenemos a lo que estamos viendo últimamente en algunos medios de comunicación y en algunas filtraciones policiales.

En paralelo asistimos a una exhibición obscena de impunidad de los acusados –algunos de ellos confesos– de los principales casos de corrupción (Millet, Bárcenas), que lideraban redes de pillaje monstruosas, no sólo por el volumen, sino por tratarse de corrupción recurrente, estructurada y estrechamente vinculada a los principales partidos del país. Y todo coincide con una desconcertante falta de conciencia de la clase política, que sigue reaccionando poco, tarde y mal.

PP, PSOE y CiU se han inhibido ante las redes de corrupción de sus propios aparatos organizativos o han protegido directamente a sus dirigentes corruptos (Gürtel, fraude de los ERE de Andalucía, caso Palau), dificultando las investigaciones e impidiendo que la justicia caiga sobre los culpables. Ni el riesgo de colapso de todo el sistema de partidos, ni la ira popular que se insinúa, ni la amenaza del populismo emergente han hecho rectificar a los grandes partidos, que insisten en los mismos errores. Tan lamentable es la insensibilidad de CiU cuando promueve a un imputado a vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona –justo al día siguiente de la cumbre anticorrupción del presidente Mas–, como la falta de reacción en el PSC sobre las acusaciones de espionaje. Tan patética resulta la desvergüenza de los dirigentes catalanes del PP –los más contundentes a la hora de cargar contra la paja de la corrupción ajena en vez de condenar la viga propia de la financiación ilegal (Naseiro-Gürtel-Bárcenas)–, como el intento nacionalista de atribuir todo lo que está pasando a la lucha contra el soberanismo. Es obvio que el Estado ha concentrado sus medios más poderosos en la lucha contra la independencia, pero también es evidente la complicidad o la inhibición ante los casos de corrupción que se están descubriendo en Catalunya.

La sensación general es que los últimos acontecimientos se producen al margen de las estructuras de poder democrático y que los propios dirigentes políticos intentan ocultar que se enteran a posteriori de lo que está pasando. Da toda la impresión de que nadie manda y que este descontrol en la lucha contra la corrupción se suma a la inhibición de los gobiernos español y catalán en el terreno económico y en la lucha contra la crisis. En un caso han perdido el control, en el otro han dimitido de sus responsabilidades. Alguien puede empezar a preguntarse muy seriamente de qué nos sirve toda esta superestructura de brazos cruzados. Ha llegado la hora de que los gobernantes se dirijan formalmente a la ciudadanía, expliquen todo lo que saben y aclaren si se ven capaces de recuperar el control de la situación. En caso contrario, no tienen más opción que reconocer su incapacidad, tirar la toalla y retirarse.

Rafael Nadal

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