Función pública: mérito y capacidad

En España, el acceso a la función pública está inspirado por la Constitución, que en su artículo 103.3 establece que el mismo será "acorde con los principios de mérito y capacidad". El sistema establecido para garantizar dichos principios ha sido el de oposiciones, que ha dado, a día de hoy, muy buenos resultados.

El tribunal de oposición está compuesto por una serie de vocales y expertos de probada competencia, entre los cuales los miembros del cuerpo al que se aspira son minoría por ley. El candidato, por su parte, debe superar una sucesión de exámenes en sesiones públicas, abiertas a todos los ciudadanos. Durante el proceso, los opositores demuestran sus conocimientos y preparación, de forma absolutamente objetiva en los exámenes tipo test y algo más valorativa en la exposición de temas o en el ensayo escrito, seguido de su lectura y defensa en público. Hay también pruebas sobre conocimiento de idiomas, capacidad de análisis y gestión de situaciones prácticas, y el conjunto permite evaluar de forma completa al candidato y concluir un proceso de selección riguroso y transparente.

Este sistema de oposiciones aporta ventajas importantes, aunque también presenta algún desequilibrio que, en nuestra opinión, debería tenerse en cuenta para buscar una solución.

El primer punto fuerte del actual modelo es que se trata de un sistema meritocrático, en el que puede competir cualquiera que lo desee en absoluta igualdad de condiciones con los demás aspirantes. No es necesario haberse formado en ningún tipo específico de centro, público o privado, o estar próximo de forma alguna a los responsables de la selección.

En segundo término, las oposiciones garantizan la independencia del funcionario, lo que beneficia al ciudadano frente a la Administración. Aquél ha accedido a la función pública sólo gracias a su propio esfuerzo y valía y no tiene deudas de gratitud con nadie. Ello le equipa perfectamente para asegurar la continuidad en el servicio público, y para garantizar la estabilidad del aparato estatal en tiempos de turbulencia. Nuestra Constitución lo define en el artículo 103.1 como servir "con objetividad los intereses generales".

La tercera ventaja del actual sistema de acceso a la función pública hace referencia a la calidad de sus resultados, en tanto en cuanto garantiza la selección de quienes han acreditado estar mejor preparados. Siendo presidente del Gobierno, Felipe González defendía que un Estado que goce de buena salud debe tener una "Administración Ipanema", es decir atlética, ágil, eficaz, ni hipertrofiada ni escuálida. Eso se garantiza, más que por el número, que debe ser suficiente, por la calidad de sus integrantes. Se da así satisfacción a una demanda de la sociedad, que lógicamente quiere que quien va a estar a su servicio sea el mejor en las funciones que se le reclaman, el de mayor mérito y capacidad de entre los aspirantes. Ya sólo queda dotar a esos servidores de los medios de trabajo necesarios para alcanzar la excelencia.

Existe una ventaja adicional, que lo es más para la sociedad que para el opositor: el actual sistema de acceso es más barato que cualquier alternativa, pues la formación se la paga el propio aspirante y, simplemente, se verifica en el proceso de exámenes. Sólo una vez superada la primera fase de la oposición, el funcionario en prácticas recibe una formación complementaria. Esta situación tiene un elemento positivo, incluso bonito: el opositor, en su deseo de servir a la sociedad, empieza devolviendo de alguna manera lo que de ella ha recibido a través de la educación pública.

Pero es éste también uno de los principales desequilibrios del sistema: el coste de opositar, siquiera sea en términos de lucro cesante por los años en que se congela la incorporación o permanencia en la vida laboral. Este coste no puede ni debe ser asumido por todos.

Una forma de paliar esta situación es la de otorgar becas a los candidatos con menos recursos, mejor expediente académico o ambos. Naturalmente, para la concesión de tales becas debe implantarse un sistema transparente y basado en criterios objetivos establecidos de antemano, de modo que no se distorsione con carácter previo el resultado del proceso.

Se puede también buscar fórmulas que complementen algunos de los actuales modelos de oposiciones, sumando a las pruebas de conocimiento, donde no los haya, otros exámenes que permitan una evaluación objetiva de un espectro más amplio de competencias y habilidades del candidato. Siempre, naturalmente, garantizando que el acceso a la función pública lo sea de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Las asociaciones de funcionarios estarán atentas a que así sea.

En ningún caso se debe considerar el establecimiento de sistemas de acceso más fáciles. Ello conduciría a resultados aleatorios y rebajaría indefectiblemente la calidad de los funcionarios públicos. Menos deseables aún son prácticas como la funcionarización de interinos mediante oposiciones de unas pocas plazas convocadas a la medida de aquéllos a quienes se quiere privilegiar. El camino más difícil, pero correcto, estriba más bien en garantizar al funcionario unas condiciones de vida y trabajo que hagan que al opositor le merezca la pena el esfuerzo que debe hacer.

Me permito concluir con una referencia a George Kennan, embajador estadounidense y referencia indiscutible en los tiempos de la Guerra Fría, que publicó en 1997 un análisis del servicio exterior que se había puesto en marcha en su país tras la Segunda Guerra Mundial. El artículo se llamaba Diplomacia sin diplomáticos, y en él escribía: "Pudimos haber tenido un servicio diplomático tan bueno como el mejor. Pero nuestro Gobierno no podía aceptar un cuerpo tan poco politizado y seleccionado de forma tan rigurosa".

Sigamos siendo tan buenos como el mejor.

Javier García-Larrache es vicepresidente de Fedeca y presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles.

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