En momentos en que la crisis de la COVID‑19 paraliza Francia, el INSEE (el instituto francés de estadísticas) sitúa en 35% la caída de la actividad económica respecto de la normalidad; y calcula que la magnitud de la caída del consumo de los hogares es similar.
Estas cifras implican que cada mes adicional de cierre de la economía reduce en tres puntos porcentuales el PIB anual. Y la situación sectorial es obviamente peor: la actividad comercial se redujo un 40%, la producción industrial un 50%, y algunos sectores de servicios están totalmente detenidos. Estimaciones ex ante para Alemania y el Reino Unido son similares, y en cualquier caso, las cifras correspondientes pueden ser más grandes en economías donde el sector público es más pequeño.
Dado que un shock de esta magnitud puede eliminar en cuestión de semanas incluso empresas prósperas, la respuesta de los gobiernos ha sido notablemente similar. Para evitar quiebras, están dando liquidez de emergencia a las empresas privadas mediante cuantiosos esquemas de garantías y el diferimiento del pago de impuestos (muchos de los cuales nunca se cobrarán). Por ejemplo, en Alemania se ha iniciado un programa de garantías públicas por 400 000 millones de euros para que los bancos refinancien las deudas pendientes de las empresas. En el agregado, los esquemas de provisión fiscal de liquidez a empresas y trabajadores de la eurozona equivalen al 13% del PIB.
Además, los países europeos están haciendo un amplio uso de mecanismos que transfieren temporalmente al Estado la mayor parte de la nómina salarial de las empresas obligadas a parar o recortar la producción. Los trabajadores conservan el contrato de empleo y, con variaciones, la mayor parte del salario, y la empresa recibe ayudas estatales que cubren casi todos los costos. Estos esquemas (a diferencia del despido, que corta el vínculo entre la empresa y su fuerza laboral) permiten mantener financieramente a flote a los trabajadores hasta que la empresa pueda reiniciar la actividad. Arreglos de esta naturaleza, allí donde existían, se usaban en general para tratar crisis sectoriales; ahora se los implementó a gran escala.
En Estados Unidos, al no haber un sistema de seguridad social amplio que sirva de base, el paquete de estímulo (aprobado el 26 de marzo) tiene una estructura diferente, aunque sus objetivos son similares. El programa del gobierno federal consiste en hacer transferencias de efectivo a los contribuyentes de ingresos bajos y medios, otorgar subsidios a pequeñas empresas (con la condición de que no despidan trabajadores), extender la duración y el universo alcanzado de los seguros de desempleo y pagar 600 dólares por semana a los trabajadores despedidos y suspendidos. Aunque en espíritu es un paquete muy «europeo», subsisten marcadas diferencias: entre el 14 y el 21 de marzo, la cantidad semanal de pedidos de ayuda por desempleo en Estados Unidos tuvo un incremento inédito, de 282 000 a 3,28 millones. Ningún país europeo experimentó una reacción tan fuerte de las empresas en respuesta al shock.
Es difícil evaluar la eficacia de la estrategia. Cualquiera sea la magnitud de las medidas implementadas para proteger a empresas y trabajadores, la devastación es segura. A muchas empresas la crisis las encontró con la guardia baja, ya muy endeudadas, y ahora se quedaron sin perspectivas. La provisión de liquidez ayuda, pero no las salvará de la amenaza de la insolvencia. El derrumbe bursátil redujo el valor de los activos usados como garantía, lo que deja a los deudores en situación más frágil y pone en grave riesgo a los inversores apalancados. Los bancos han comenzado a acumular préstamos incobrables otra vez.
Además, muchos trabajadores de la economía de plataformas, empleados temporales y recién llegados al mercado laboral se quedaron sin ingresos, a la par que la implementación administrativa de los nuevos planes de seguro de desempleo es una pesadilla operativa. Así que habrá muchas, muchas víctimas. Pero en términos generales, es probable que la estrategia adoptada sea la mejor posible.
¿Es sostenible? La matemática fiscal es fácil. Suponiendo que el sector comercial equivalga al 80% de la economía, que su actividad se haya reducido un 40% y que la acción estatal apunte a cubrir el 80% de la correspondiente pérdida de ingresos, las ayudas fiscales deberían ascender a 0,8 × 0,4 × 0,8 = 25% de la producción anterior a la crisis, o sea un poco más del 2% del PIB anual cada mes. Con tres meses de cierre total o parcial de la economía seguidos de una recuperación que sólo sea gradual, el incremento del déficit fiscal puede llegar a unos diez puntos porcentuales del PIB.
Aunque es una cifra muy grande, las condiciones actuales permiten a los gobiernos endeudarse a gran escala. Los tipos de interés ya estaban en niveles históricamente bajos antes de la crisis, por razones mayoritariamente estructurales que, por tanto, se mantendrán. Además, los bancos centrales de todo el mundo están dando respaldo a los gobiernos y evitarán profecías de crisis de deuda autocumplidas. En estas condiciones, grandes niveles de déficit son tolerables, al menos en el corto plazo.
Lo que es más cuestionable es la sostenibilidad económica de la estrategia. Mantener a las empresas con apoyo vital durante unas pocas semanas se justifica, porque su quiebra será no sólo una pérdida para sus accionistas y trabajadores, sino para toda la sociedad: las habilidades, el know‑how y el capital intangible de cada empresa cerrada se habrán ido para siempre. Así que los gobiernos obraron bien al actuar decididamente. Pero ¿seguirá siendo así después de seis meses? ¿Nueve? Es probable que una empresa que esté ociosa demasiado tiempo termine cargada de deudas, y puede que ya no tenga valor económico. Es necesario conceder que la estrategia de sostener a las empresas es válida en la medida en que la crisis sea relativamente breve. Por ahora está bien, pero tal vez haya que ir adaptándola a los hechos.
La cuestión más difícil puede ser cómo manejar la salida del cierre de la actividad cuando la crisis sanitaria esté contenida y la política económica recupere el protagonismo. Algunos ya están hablando de un plan de estímulo, pero puede ocurrir que la oferta siga constreñida por varios meses, en un momento en que la demanda reprimida de bienes y servicios por parte de los hogares puede ser considerable.
Igual que después de una guerra, es probable que haya escasez al menos en algunos sectores. Y es muy difícil predecir qué sucederá con la demanda agregada: si será excesiva (por la acumulación de ahorros y consumo reprimido) o estará deprimida (por temor, pérdidas financieras, deudas y colapso del comercio internacional). La gestión económica será un muy difícil acto de equilibrio. Como dice el proverbio chino, las autoridades tendrán que cruzar el río tanteando las piedras.
Jean Pisani-Ferry, a senior fellow at Brussels-based think tank Bruegel and a senior non-resident fellow at the Peterson Institute for International Economics, holds the Tommaso Padoa-Schioppa chair at the European University Institute. Traducción: Esteban Flamini.