El debate abierto en un país situado en la mitad del mundo y de la polémica se sitúa en la década de los noventa, cuando una acusada crisis reveló cifras alarmantes en los índices de pobreza, además de una marcada falta de credibilidad en las instituciones políticas. Más particularmente, en aquellas instituciones de origen partidista y en un proceso de dolarización que para muchos es todavía cuestionable a pesar de que en la práctica diaria esté aceptado por la mayoría de la población. Ecuador tiene una extensión de 256.370 km2,trece millones de habitantes, de los cuales se consideran indígenas un 6,1%, calificación que tiene un contenido de identidad y no racial. Su PIB per cápita es de apenas de 3.050 dólares.
En los últimos años desde el retorno a la democracia, ninguno de los presidentes electos ha podido acabar su periodo. Levantamientos populares descabezaron en tres ocasiones consecutivas a quienes el mismo pueblo había elegido democráticamente encargándoles la máxima administración del Gobierno en un país subrayadamente presidencialista. El resultado de esta inestabilidad jurídico-política caló hondamente en todos los sectores y desde los más variados escenarios políticos se propuso la elaboración de una nueva Constitución política como alternativa al mal endémico que nos aquejaba. Sin embargo, en aras de restituir la paz social, curiosamente ha sido cotidianamente violada la Carta Política para deponer a los primeros mandatarios. En todos los casos no se respetaron las disposiciones constitucionales expresas, so pretexto de que de lo contrario se estaría permitiendo que malos gobernantes fueran inadecuados transmisores y ejecutores de las necesidades y anhelos de la población.
El 6 de marzo del año en curso, una ajustada mayoría legislativa renuente a posibilitar un referéndum cuyo fin era buscar el pronunciamiento popular acerca de la instauración de una Asamblea Constituyente encargada de redactar la vigésima Carta Política en los 177 años de vida republicana de Ecuador decidió reemplazar al presidente del máximo organismo electoral (TSE) por haber convocado la consulta popular para el 15 de abril. Este organismo, en señal de un claro revanchismo político, destituyó a 57 diputados, arguyendo entre otros motivos la emergencia electoral. Sin embargo, a pesar de este paréntesis y de las constantes violaciones del orden jurídico vigente, la consulta se llevó a cabo en la fecha señalada y el respaldo para la conformación de una Asamblea Constituyente fue rotundo (81,7%).
Apenas un mes más tarde, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la destitución de los congresistas y restituía a sus curules a 51 de ellos. Como consecuencia, los magistrados constitu
cionales fueron removidos de sus cargos por el nuevo Congreso (conformado por los suplentes de los diputados cesados) con el argumento de que había concluido el periodo para el cual fueron nombrados, en un patético atentado contra uno de los principales derechos reconocidos por el constitucionalismo moderno: el debido proceso.
La nueva Asamblea Constituyente ha creado un sinnúmero de esperanzas en el conglomerado social. Sin embargo, es lógico colegir que a pesar de que después de unos cuantos meses Ecuador cuente con una nueva Carta Magna, ésta no puede asegurar un cambio radical, puesto que la sociedad sobre la cual va a regir seguirá siendo la misma, si bien, es deseable que a través de la futura Constitución se reflejen una gran cantidad de factores sociales no recogidos en la actual. En suma, no será posible convertirla en la panacea que cure y salve al Estado de todo mal potencial, enorme error en el que no debemos incurrir nuevamente. Al igual que otros vecinos latinoamericanos, Ecuador se ha caracterizado por la búsqueda de fórmulas mágicas y de personajes mesiánicos que le saquen de la dura realidad en la que se encuentra sumido. Untópico que se ha de considerar de manera profunda es la conformación de esta Asamblea Constituyente, pues conjuntamente quienes se manifestaron de acuerdo con ella votaron a favor de un estatuto previamente redactado por el Ejecutivo que señalaba entre otros el número de 130 asambleístas que la conformarían, seis de los cuales se elegirán en el extranjero entre el grupo de inmigrantes que se presenten y califiquen como candidatos para esta dignidad. Además se regulan aspectos como la duración de la Asamblea y la financiación de la campaña, que, en todo caso, será de manera exclusiva solventada por el Estado.
Algunos de los ejes que se han propuesto como fundamentales para la elaboración de esta nueva Constitución, que de ser aprobada en referéndum comenzaría a regir a finales del 2008, atañen a temas tales como la despartidización de los organismos de control, la descentralización efectiva del poder público tendente a conformar un sistema político autonómico en Ecuador - con el consecuente reordenamiento del mapa geopolítico del país-, la elaboración de una nueva legislación electoral que considere asuntos como la eliminación del origen partidista de los miembros de los organismos electorales, la posibilidad del sufragio facultativo para la integridad de la población, la posibilidad de que el presidente pueda por una sola vez disolver el Congreso cuando éste bloquee sus propuestas de cambio, y el planteamiento de un sistema económico diferente del actual, que ha sido calificado por el presidente Correa de nefasto y señaladamente neoliberal y excluyente.
La paradoja es que, en Ecuador, se pretende a la vez reescribir la historia y construir un nuevo horizonte político. Sin embargo, todos estos atropellos jurídicos no hacen más que avivar un constante interrogante para la sociedad ecuatoriana. ¿Qué nos hace creer que respetaremos la nueva Constitución si para elaborarla estamos dispuestos a pisotear la que todavía hoy nos rige? Ojalá los ecuatorianos sepamos aprovechar adecuadamente la oportunidad que nos hemos brindado y construir una sociedad más justa y solidaria que encare este nuevo milenio.
Ana Isabel Malo, catedrática universitaria en Ciencia Política y Constitucional, Cuenca, Ecuador.