Por Alfonso Perales Pizarro, secretario federal de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE y diputado por Cádiz (EL PAÍS, 28/10/06):
La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado por unanimidad el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, lo que convierte a este proyecto de Ley Orgánica en uno de los más respaldados en los últimos tiempos, mayor valor si consideramos la importancia política y la relevancia que supone el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
El acuerdo ha sido acogido con extraordinaria satisfacción, más allá de quienes desde ámbitos políticos extremos lo consideran negativo: algunos sectores del PP (no así la dirección oficial) plantean que quiebra su discurso territorial; y formaciones como el PA que para justificar lo injustificable, su rechazo frontal al texto, alegan que este proyecto está por debajo del aprobado en Cataluña, un pretexto incierto y con muy poco recorrido. En la dirección federal del PSOE, el acuerdo ha sido recibido con regocijo y con la confianza en que otros proyectos consigan un mismo nivel de consenso.
Me quiero sumar al debate sobre quién gana y quién pierde. El presidente de la Junta de Andalucía ya lo sentenció: Ni vencedores ni vencidos, pero este periódico ha realizado una encuesta a vuela pluma sobre esta cuestión... y me parece en general muy atinada. Ganan los andaluces porque sus responsables políticos se han colocado en el lugar que les corresponde. En palabras de Cruz Villalón, los estatutos son una constitución territorial y por tanto estas leyes requieren un amplísimo acuerdo. Las razones que hubieran justificado el desacuerdo bien podrían ser brillantes o ramplonas, pero en cualquier caso hubieran provocado una enorme decepción en la inmensa mayoría de quienes han seguido este debate. Gana la nobleza de la política y ganan los dirigentes andaluces que apostaron y mantuvieron el acuerdo: el presidente Manuel Chaves, que promovió la iniciativa, Javier Arenas y Diego Valderas.
Con este Estatuto, las instituciones andaluzas se dotarán de un instrumento jurídico de primer nivel: moderno, con un comprometido capítulo de derechos que implica a las administraciones andaluzas; que ha logrado un acuerdo con el PP en asuntos tan delicados como son el proceso de la muerte o la educación, en un difícil equilibrio entre dos formaciones políticas de ideologías tan contrapuestas en estos terrenos.
Muchos desconfiaban de que Andalucía pudiera recibir competencias plenas (denominadas exclusivas en términos jurídicos) para administrar los recursos hidráulicos del río Guadalquivir: en el artículo 50 se describe con claridad meridiana. El resto de competencias materiales pueden ser revisadas con lupa para encontrar diferencias a la baja respecto a otras reformas estatutarias: no las hallarán. Y en el capítulo financiero, en el que la prioridad ha sido la defensa de los intereses de Andalucía, se compromete al Gobierno de España a invertir durante siete años una cantidad referenciada con la población andaluza en el conjunto nacional. En el año 1981 se acordó que Andalucía debería recibir financiación adicional para equiparar la calidad de sus servicios esenciales al conjunto de España, nunca se terminó de ejecutar este acuerdo; ahora se recoge ese compromiso y se tendrá que buscar una técnica de cálculo y unos acuerdos en la Comisión Mixta integrada por Gobierno central y autonómico para poner punto final a este asunto. Afortunadamente hoy nadie es capaz de mantener de manera sensata que los servicios esenciales de Andalucía están por debajo de la media. Por lo que el contenido material del Estatuto es muy satisfactorio.
Creo finalmente que la identidad de Andalucía ha quedado reflejada en el Estatuto de manera equilibrada, impidiendo que formaciones políticas como Izquierda Unida o el Partido Popular, o el propio PSOE puedan esgrimir la bandera de una victoria absoluta que hubiera impedido el acuerdo. Sin complejos, al menos por parte de los socialistas, se han incorporado referencias al marco constitucional y a la legislación del Estado cuando se ha considerado conveniente y adecuado; sin pretender en modo alguno burlar las competencias que la Constitución otorga a la Administración General del Estado. Sin la menor duda, puedo afirmar que estamos ante un proyecto, que incorpora la seguridad de que no habrá ningún grupo político tentado a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.
Se ha aprobado un buen proyecto de ley, que incorpora un valor aún más importante si cabe: el del ACUERDO, con mayúsculas. El valor del acuerdo es equiparable al de algunos de los contenidos que se han incorporado y estoy convencido de que resultará mucho más útil y beneficioso para la comunidad que los partidos políticos hayamos canalizado nuestras energías y esfuerzos en ponernos de acuerdo, antes que en diseñar una campaña de referéndum cargada de reproches y acusaciones para pedir el SÍ o el NO al Estatuto.
Quiénes pierden: ¿El PSOE, que se ha equivocado facilitando que el PP pudiera corregir su falta de autonomismo después del referéndum del 28-F, incorporándose al acuerdo? ¿El PP, que aparece rectificando sus descalificaciones sobre este u otros proyectos autonomistas? ¿El grupo de IU, que ha demostrado ser capaz de superar algunos de sus discursos? No, ninguno de estos grupos ha perdido. Quiénes hemos estado en la larga y compleja negociación no somos filántropos, ni samaritanos, somos adversarios políticos con aprecio a nuestra responsabilidad y sentido de la proporción. No se han hecho obras de caridad a favor de nadie.
Los únicos perdedores son los que desprecian la política porque no creen en la democracia, o los que no pueden ver más lejos y todo lo miden con el rasero del cortoplazo. No se trata de colocar contra las cuerdas a ningún grupo, ni de que ninguno capitalice el resultado en solitario, sencillamente se trata de que la mayoría de los andaluces coincidan con sus formaciones políticas de referencia en que este proyecto es positivo y merece la pena apoyarse.