En el debate del estado de la nación de 2013 dije que existía una crisis de convivencia entre Cataluña y el resto de España, un desencuentro que exigía nuestra atención. Rajoy no me hizo caso. Ni él, ni muchos de los que hoy pueblan las páginas de periódicos y las tertulias hablando de imprevisión. Es un tema que ya aburre; a la audiencia no le interesa, decían. El tiempo, por desgracia, me ha venido a dar la razón, pero de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Es preciso abordar este futuro incierto ante el que nos ha situado tanta irresponsabilidad y tanta ceguera.
Estoy convencido de que debemos ir más allá de los bienintencionados, y genéricos, llamamientos al diálogo que están en boca de muchos. Porque, sin duda, hace falta diálogo, y más política como también se reclama. Pero, ante todo, hace falta plantear un proyecto político.
Sucede que, ante la propuesta de independencia de Cataluña —que es lo que, ya sin tapujos, defiende el soberanismo catalán, y que en estos momentos tiene un atractivo innegable para mucha gente—, no bastan las clases de Derecho Político que con frecuencia oigo a muchos dirigentes políticos. Es evidente que el cumplimiento de la ley es esencial en una democracia, y, por tanto, que hay que denunciar, ante la opinión pública y ante los tribunales, los atropellos y las mentiras de un Gobierno, el catalán, que se cree por encima de las reglas democráticas, incluso de las votadas por ellos mismos.
Pero con ello no basta para contrarrestar un proyecto político, el independentista, que, nos guste o no —y a mí no me gusta nada—, ofrece una respuesta, tan universal como falaz, a casi todas las inquietudes que se han instalado entre una buena parte de los catalanes: la desafección ante el Estado tras el fiasco de la reforma del Estatut; los efectos del tramposo, pero eficaz, “España nos roba”; la corrupción de la derecha nacionalista catalana, a la que sus líderes tratan de dar carpetazo refugiándose en un repentino ataque de fervor independentista. Y también el malestar de los jóvenes en paro o con empleos precarios, de la gente de izquierdas cansada del Gobierno del PP, de sus continuas faltas de respeto hacia su cultura y su identidad. Y, por supuesto, las aspiraciones de los independentistas y los republicanos de toda la vida. A todos ellos puede dar cobijo el manto de la estelada, de un proyecto nacional teñido de un innegable atractivo populista.
Y a ese proyecto nuevo, sin estrenar, que tiene una épica poderosa, una estética llamativa y su particular ética, no basta con oponerle argumentos históricos, sociales, económicos o europeos, que los hay, y muy buen fundamentados. Hay que enfrentarle un proyecto político atractivo, también nuevo, un pacto de convivencia que renueve aquel que hicimos hace casi ya cuarenta años. Tenemos que sustituir el mensaje de “queremos vivir juntos” por el de “tal es nuestra voluntad de seguir juntos, que estamos dispuestos a cambiar nuestras normas de convivencia, el pacto territorial contenido en la Constitución, para poder hacerlo”. Y para eso, dialogar y pactar, y luego votar juntos para seguir juntos. Porque votar habrá que votar. Lo que debemos dirimir no es el derecho a votar, sino el contenido de lo que se vota y quiénes votan. Que se debe adecuar a nuestra Constitución, pero que también debe dar una respuesta a muchos catalanes que quieren seguir en España aunque, eso sí, cambiando las cosas. Y reformar nuestra Carta Magna, completando su carácter federal. Para incorporar a nuestro texto constitucional los preceptos que aseguren el respeto a la identidad de las distintas comunidades, a su lengua, a su historia, clarificar nuestro intrincado reparto competencial actual, convertir el Senado en una verdadera cámara territorial, perfilar mejor el sistema de financiación y garantizar la cooperación y la lealtad institucional. Y, por supuesto, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos sociales básicos. En suma, para incorporar rasgos que, con sus respectivas especificidades, países federales como Alemania o Austria recogen en sus Constituciones.
Votar, primero juntos, una reforma de la Constitución, y luego los catalanes un nuevo Estatuto, para reforzar su autogobierno, desarrollar sus singularidades, que las tiene, por cierto, algunas reconocidas en los artículos del denostado Estatuto del año 2006, como el 5, que recoge los derechos históricos de Cataluña y que habría que constitucionalizar. Frente a los que quieren que se vote sí o no a la independencia, lo que deberíamos defender es que se vote sí o no a un nuevo pacto de convivencia entre españoles.
Una reforma como la que defiendo no solo podría encauzar la conflictividad con Cataluña, sino que además ayudaría a resolver muchos de los problemas de nuestro sistema autonómico. En otras palabras: todas las comunidades autónomas se beneficiarían de ella, también el Estado, es decir, el conjunto de los españoles. Y, por eso, me parece preferible a otras alternativas que reducen el contenido de las posibles reformas a los temas referidos estrictamente a Cataluña.
Soy perfectamente consciente de las dificultades que entraña un planteamiento como el que acabo de defender. Restablecer el diálogo en y con Cataluña es tan fácil de formular como difícil de conseguir. Para empezar, hay que hacer frente a la dramática situación que se vive en los momentos actuales en los que el Govern, una vez tomadas las instituciones, se ha decidido a ocupar la calle. Esto es lo urgente, sin duda. Pero creo que esta vez la actuación del Estado no debe limitarse a exigir, como es su obligación, el cumplimiento de la ley, sino que debe dejar claro que no es ese su único proyecto para resolver este conflicto. Que existe la voluntad política de emprender las reformas precisas en nuestras normas básicas de convivencia para hacer frente a un problema que, reconozcámoslo, se está yendo de las manos.
Hay quienes dirán, en Cataluña, que ya es demasiado tarde. A estos les respondería que nunca es tarde para evitar una catástrofe. Y les pediría, por ejemplo, que reflexionaran sobre el Brexit, que nadie sabe aplicar y del que muchos se han arrepentido ya. Y en el caso británico se trata de romper solo con 30 años de vida parcialmente en común. ¿Se imaginan lo que sería acabar con siglos de historia compartida? Desde “el otro lado” se argumentará que una reforma como la que planteo no contenta a los independentistas. Pero es que yo no quiero contentarles; quiero ganarles democráticamente. Hay, por último, problemas muy serios para poner de acuerdo a aquellos que dicen querer el mantenimiento de la unidad de España. Actores viejos y nuevos que seguro que comparten mi angustia. A los unos, los viejos, les sugeriría que echaran la vista hacia atrás, con un poco, solo un poco de visión autocrítica, y seguro que concluyen que no es bueno repetir los errores ya cometidos. Y a los nuevos les diría que cuando en un edificio aparecen grietas, tan insensato es olvidarse de ellas como volar hasta los cimientos para hacer un edificio nuevo.
Alfredo Pérez Rubalcaba fue secretario general del PSOE.