El sábado dije que el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) a la sentencia que anulaba «solo» una parte del Estatut no era el fin del mundo. Lo detallo. Es absurdo que un pacto político entre el Parlament y las Cortes españolas, plasmado en un texto jurídico refrendado luego en Catalunya, sea corregido por el TC. Solo pasa porque la obstrucción de la derecha, que lo recurría todo, obligó a eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad.
El texto fue respaldado por el 88% del Parlament, luego negociado en Madrid (Guerra dijo «cepillado»), y aprobado por una mayoría pivotada por el catalanismo y el socialismo. Y más tarde, fue refrendado en Catalunya con el 74% de los votos. Pero la pugna entre los nacionalistas hizo naufragar la unidad, y ERC acabó votando en contra (junto con el PP). Y ello contribuyó a que la participación fuera solo del 50%. La Brunete mediática proclamó que el Estatut no interesaba a nadie y el PP no solo interpuso recurso, sino que maniobró lo indecible y logró inhabilitar a un magistrado progresista.
El PP quería matar dos pájaros de un tiro: el Estatut y Zapatero. Por ello, no renovó el TC cuando tocaba, hace dos años. Salían cuatro jueces –tres a propuesta del PP, uno del PSOE– y debían entrar dos de cada partido. ¿Se equivocó el PSOE al no aceptar el trágala de Francisco Hernando y Enrique López, enemigos declarados del Estatut? Puede.
El Estatut es ya ley vigente, pero tiene en contra a la derecha y las reticencias de parte de la izquierda. En el TC las tablas son menos favorables. Por la recusación de Pérez Tremps y por la no renovación de cuatro magistrados, que en noviembre llevarán tres años de prórroga cuando la Constitución impone un mandato de nueve.
En este panorama, la sentencia que apoyaban cuatro magistrados para salvar el Estatut, no era una buena solución. El Estatut es un texto jurídico, pero también un pacto político. Y el pacto no puede romperse sin daños graves. La poda del Estatut era mala para Catalunya –alimentaba la frustración– y para España. Una nación plural no progresa contra una parte.
Y las tablas alargan los tiempos. El presidente Roosevelt no logró pasar medidas del New Deal hasta que fallecieron algunos magistrados del Supremo (son vitalicios). Y aquí la ley socialista de reproducción asistida de 1989 no fue validada por el TC hasta 10 años después. Pero los pleitos muestran las vergüenzas y este TC se ha exhibido incapaz. Por eso, Montilla y Mas están muy legitimados al exigir su renovación.
Rajoy dice que no conviene cambiarlo ahora, a mitad de partido, porque eso sería cargárselo. La verdad es que en Catalunya –y en parte de España– ya está deslegitimado. No se renovó en su momento porque –Duran dixit– el PP no quiso. Ahora toca rehabilitarlo. En Catalunya, solo un TC constitucional (renovado) tendrá legitimidad. Hay quien sostiene que la sentencia «menos mala» era la fracasada y que ahora el TC no podará, sino que arrancará el árbol de cuajo. Los españolistas se frotan las manos y los soberanistas, que preparaban artillería contra esa sentencia, auguran la catástrofe. Es posible, pero no probable. Primero, porque hay división en la derecha del Constitucional, que además no tiene mayoría sin Manuel Aragón. Además, el portazo a Catalunya, cuando solo están plenamente legitimados seis magistrados sobre 12 (hay un muerto, un recusado y cuatro caducados, incluido el nuevo ponente) sería visto aquí como una agresión. Distanciaría más a Catalunya de España.
¿No le importa al PP? Lo dudo. Al PP le enerva el Estatut y apuesta a que sea un pasivo de Zapatero en las elecciones, pero no le conviene una sentencia contraria de la que aparezca responsable. Rajoy usa el Estatut contra el PSOE, pero sabe que es suicida gobernar con el 88% del Parlament en contra. Y si no lo sabe, está la realpolitik. Poco valorado pero con ventaja en las encuestas, Rajoy no puede fallar. Las primeras elecciones son las catalanas y un fracaso dañaría la ya castigada moral de la tropa (caso Gürtel). Rajoy aspira a que PP y CiU sumen, y que Alicia Sánchez-Camacho haga a Mas president. Trabajaría así el apoyo de CiU en Madrid. Quizá sea un castillo de naipes, pero lo será seguro si el TC asesina el Estatut. Entonces, Mas tendría que volver al notario, abjurar de Sánchez-Camacho y sonreír al PSC o, peor, a ERC. Mal negocio para Rajoy, que no tiene licencia para una tercera derrota.
Incordiará con el Estatut para debilitar al PSOE y contentar al aguirrismo, pero no le interesa la sentencia contraria. Y Rajoy y Zapatero la pueden retrasar. El Estatut sigue vigente –qui dia passa, any empeny– y el partido que lo recurrió huele ya el riesgo de ganar el pleito (el Estatut) y perder el botín (la Moncloa). Además, Montilla y Mas se van a pelear por todo, pero exigirán la renovación del Constitucional, dirán que un caducado no es un ponente aceptable, y que una sentencia contraria sería una agresión. Rajoy puede no entender Catalunya, pero sabe lo que le conviene. Recuerden que hasta Aznar habló catalán en la intimidad.
Una sentencia a corto es difícil. Después, todo depende de quién gane en España. O de los apoyos que precise el partido ganador.
Joan Tapia, periodista.