Desde que el mundo es mundo, la humanidad ha vivido en condiciones desiguales de modo que unos son pudientes y otros menesterosos. Unos felices y otros desgraciados. Unos alegres y otros tristes. Y ante ello, las reacciones han sido muy variadas tardándose siglos en practicar, a escala general, la filantropía, la caridad, el mutuo socorro. Sabiamente nos decía Cicerón que «no estamos obligados a cargar con las tristezas del otro; pero si a aliviar a los otros su tristeza siempre que podamos».
Pero pasó mucho tiempo hasta que se produjo una corriente de ayuda del Estado a los carentes de recursos. Las Poor Laws (leyes de pobres) inglesas fueron las primeras formas de asistencia social patrocinadas por el Gobierno. Y todo ello con muchos detractores (Malthus, Adam Smith) bajo el lema de que cada individuo es responsable de sus propios errores. Pero lo cierto es que primero bajo los auspicios de la filantropía y luego de la justicia social, los Estados se han enfrentado a los cinco gigantes que ennegrecen nuestra vida (Beveridge): la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la vagancia. Y se fueron montando sistemas que sustituían o complementaban al ahorro individual, la solidaridad familiar, la caridad, la mutualidad y el seguro privado.
Hoy contemplamos, sobre todo en el modelo europeo de relaciones laborales, pero también en el anglosajón y el asiático, un formidable sistema de asistencia social que está cambiando nuestro modo de vivir. ¿Y cuál es la razón de todo ello? Posiblemente haya una búsqueda ética de justicia social en un sistema capitalista, pero sin duda alguna que también se justifica, como tantos avances laborales legislativos, por el mantenimiento de la paz social. Siempre recuerdo la elocuente frase de Gumersindo de Azcárate de que las «leyes sociales son la expresión más o menos afortunada del deseo de emprender el lento camino de las reformas para evitar el violento de las revoluciones».
Ahora se ha puesto encima de la mesa un asunto de gran interés y que lleva camino de convertirse en Europa en la estrella de la política social. Pero es un tema lleno de incógnitas y muy polémico en cuanto a su propia implantación. Es la Renta Básica Universal (RBU), o Salario vital o Renta básica de ciudadanía.
Tenemos que partir de unos datos que son fundamentales y que nos llevan a concluir que ya vivimos en un Estado social donde impera el subsidio como protagonista. Según datos recientes del Ministerio de Empleo, en España viven más personas de las prestaciones sociales públicas o salarios públicos que del salario privado: los beneficiarios de ayudas del Estado son un poco más de doce millones de personas (la región más beneficiada Andalucía y Cataluña y la menos, La Rioja y Navarra) y los que viven de sus salarios privados prácticamente el mismo número. A ello se añaden 2,9 millones de empleados públicos. En términos absolutos el presupuesto de 2016 (Ley del PGE) en pensiones y asimiladas supone la friolera de 132.751 millones de euros. A ello conviene añadir que España es de los pocos países del mundo en los que una persona puede recibir ayudas encadenadas del Estado durante más de seis años.
Todos estos datos nos llevan a considerar que la implantación de una RBU puede suponer, si se instrumenta adecuadamente, una simplificación del marasmo administrativo de las ayudas sociales contributivas y no contributivas. Dicho de otra forma, lo básico del sistema a instaurar –vivir del Estado– ya se da en notables proporciones.
Cabe preguntarse en un plano filosófico, si es defendible la tesis de que el Estado debe hacerse cargo de todas las personas que no tienen medios para vivir. En el mundo anglosajón puede que haya pocos defensores de ello pero en el continental –como el nuestro– sí que hay muchos que lo justifican. Decía Alonso Olea que «renunciar a proteger a los ancianos, o a los parados, o a los enfermos, o a los inválidos, o a los huérfanos, es renunciar a los niveles mínimos de decencia de la vida en comunidad».
Y es que el grito de hoy en la Sociedad es: ¡O trabajo, o subsidio! El empleo es la justificación ética del capitalismo y el empleo, el trabajo, debe ser la primera e indiscutible opción, ya que el trabajo además de medios económicos otorga a la persona algo fundamental: su dignidad. Por tanto lo primero que debe buscarse es el empleo más que el subsidio. Y si ese subsidio se da para crear empleo, también es preferible. Pero cuando se llega al final, puede ser necesario no dejar en la pobreza total a quien no tiene medios ni trabajo.
El 1 de Enero, Finlandia distribuirá a 2.000 ciudadanos desempleados durante dos años, 560 euros al mes, con independencia de que encuentren trabajo. Solo por estar vivos. Es la RBU. Con ello se pretenden aligerar las enormes cargas burocráticas de las numerosas ayudas existentes y por otro lado comprobar si los beneficiados se lanzan a buscar nuevas oportunidades en sus vidas. Y es que, según el Responsable de la Seguridad Social, «algunas personas podrán permanecer en sus sofás y otros podrían ir a buscar trabajo. Todavía no lo sabemos».
Como contrapunto, hay que tener muy presente que los suizos han rechazado, por referéndum, una renta básica universal muy generosa.
Entre nosotros, el debate ha comenzado de modo imparable y la nota predominante en la discusión radica en la viabilidad económica del Proyecto. Nuestra estructura demográfica, nuestros recursos, nuestra productividad, nuestra deuda pública, etc, hace que no sea trasladable la idea de un país pequeño y tan distinto a nosotros como Finlandia. Lo que debemos hacer es fomentar por encima de todo el empleo y atender –como ya se está haciendo– a los excluidos sociales. Hay que ordenar los subsidios más que incrementarlos. Pero en lo que debemos volcarnos es en que entre subsidio y trabajo, prime este último. Pero la iniciativa de los grandes Sindicatos y de los Partidos Políticos llevadas al Parlamento, pretenden instaurar la Renta Básica, con base en la Ciudadanía social. Es algo imparable.
El argumento principal de los detractores de la Renta Básica Universal (RBU), es que fomenta la desidia y mata el ímpetu laboral. Este argumento tiene cierta debilidad en una situación en la que el paro pasa del 17 % ¿Cómo se me van a quitar las ganas de trabajar, si es una proeza encontrar un empleo? Yo creo que uno de los principales escollos de la RBU, es su financiación y la repercusión al alza que tendría en los impuestos. Dicho de otra forma, hay que plantearse si podemos costear una meta tan ambiciosa y cuál será la fuente de financiación.
Como es lógico el debate está abierto y se agudizará en un futuro inmediato, tanto a nivel de expertos como de la propia sociedad. Entre nosotros hay defensores de la medida (por ejemplo una renta básica de 7.500 €/año), sin mucha más argumentación que el voluntarismo y hay otros de reconocida solvencia, que ponen en duda la viabilidad de la medida y la necesidad de enmarcarla en una reordenación de todo el bosque de medidas sociales, que a veces se superponen y otras se dispersan.
Con independencia de las distintas opiniones parece evidente que se ha instalado para siempre entre nosotros la creencia de que el carné de ciudadano es una llave mágica que me da derecho a que el Estado me resuelva todos mis problemas de subsistencia. ¿Ello es posible en una sociedad libre, democrática y necesitada de empuje inversor y de emprendimiento y por tanto sin fiscalidad confiscatoria?
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea es numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.