Garantía de convivencia

Salíamos de una larga dictadura, precedida de una cruenta Guerra Civil generada por un golpe de Estado. Cuarenta largos años de ausencia de libertad, de represión y de exilio.

Decidimos abandonar las trincheras que nos separaban como españoles y buscar un espacio compartido en el que pudiéramos convivir en el pluralismo de las ideas, en el reconocimiento de la diversidad de los pueblos que integran la realidad de España.

Queríamos vivir en paz, en libertad, con un sistema democrático sin restricciones, donde cupieran todas las ideas en un Estado social y democrático de derecho.

Queríamos pasar del centralismo que dominaba nuestra historia a la descentralización del poder, capaz de reconocer la diversidad manteniendo la unidad y la lealtad institucional.

Garantía de convivenciaQueríamos romper el aislamiento al que nos sometió una dictadura repudiada por la inmensa mayoría de las naciones. Integrarnos en la Europa, ahondar nuestras relaciones con América Latina, con los países árabes de nuestra frontera mediterránea, con EE UU y con todas las naciones del mundo.

Decidimos hacerlo desde el diálogo, el pacto, la reconciliación y el consenso. Con esa voluntad, afrontamos la redacción de la Carta Magna. Como dice Mikel Roca Junyent, “ninguno de los problemas que hemos tenido en estos 40 años tiene su origen en la Constitución”.

El texto es garantista con nuestros derechos y libertades, abierto al desarrollo de las autonomías para descentralizar políticamente al Estado. Era una Constitución moderna para su tiempo, influida por otras como la alemana pero con mayor amplitud en la aceptación del pluralismo político.

Hoy, 40 años después de aquel referéndum, podemos decir que el balance ha sido muy positivo para España y que más allá de la fatiga de los materiales y de los cambios producidos en nuestro país, en Europa y en el mundo, la Constitución ha sido resistente y resiliente a los ataques que ha sufrido. Intentos de involución entre los que destaca el del 23 de febrero de 1981 con la irrupción violenta en el Congreso de los Diputados, secuestrando al Ejecutivo y a la Cámara. O la derogación de la Carta Magna y el propio Estatuto de Autonomía, como ocurrió en Cataluña los días 6 y 7 septiembre de 2017, violando forma y fondo de la democracia.

Lo que se hubiera convertido en un drama irreparable en los años treinta, como dice con gran lucidez Álvarez Junco, la Constitución de 1978 nos ha permitido llevarlo a su cauce, aunque persista la tensión.

Hoy también domina nuestra resistencia histórica a la reforma, al entendimiento y al pacto que respeta las reglas de juego incluso cuando desea cambiarlas. Entre los que no quieren tocar ni una coma, garantes del inmovilismo, y los quieren liquidar todo lo hecho, tengo la sensación dolorosa de que los que no tuvieron necesidad de superar las trincheras para crear el espacio compartido en el que todos podemos defender nuestras ideas vuelven a abrirlas sin sentido, crispando el debate con más descalificaciones que argumentos.

Esta Constitución ha sido fruto de un consenso incluyente, por primera vez desde la de las Cortes de Cádiz en 1812. Nunca supimos reformar, solo liquidar para dar paso a la siguiente que expresaba el triunfo de los otros, de los que se sentían perdedores.

La Constitución establece reglas de juego y garantías para todos, si se aplica en su letra y en su espíritu. Establece un perímetro, como todas, pero es una norma habilitante, que permite su adaptación y reforma para acoger nuevas realidades, nuevos desafíos. Los que rompen el perímetro legitiman a otros que intentan lo mismo en sentido contrario.

Estoy entre los que creen que hay que hacer reformas, justamente para preservar la convivencia libre y pacífica que nos dimos antaño. No temo que se revise el texto completo y se compare con lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno, antes y después de la aprobación de la Constitución española. Sería una buena oportunidad para que los que la denigran la conozcan. El ejercicio nos daría fortaleza de ánimo para reformar lo que sea necesario y afirmar lo mucho que está bien hecho y resiste el paso del tiempo.

Nos incorporamos a la Unión Europea en un proceso de cesión de soberanía para compartirla con los demás miembros y la Constitución debe recoger esa nueva realidad competencial supranacional.

Hemos desarrollado el Estado de las autonomías y vivido tensiones de los que confunden descentralización con centrifugación del poder. Los que no aceptan el demos que compartimos todos los ciudadanos de España y no respetan las reglas de la lealtad institucional. Debemos federalizar nuestra estructura para darle más seguridad y garantizar la cohesión, la unidad y la solidaridad de todos los ciudadanos. Por eso tiene que cambiar el Senado, entre otras cosas del Título VIII.

Pero además tenemos que pensar en el futuro, en los próximos 30 o 40 años. La revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la biotecnología, el cambio climático, la igualdad de género son los nuevos desafíos que deberíamos discutir entre nosotros para preservar la democracia representativa en crisis de gobernanza.

Cuando oigo repetir que el futuro está lleno de incertidumbres, pienso que lo más incierto es la gobernanza en democracia para enfrentar esos desafíos. Discutimos mucho más de lo que fue, planteamos más soluciones del pasado que no volverá, que derechos y deberes para encarar ese futuro con voluntad de justicia social y libertad. Debemos seguir construyendo un Estado social y democrático de derecho, con valores que impregnen la construcción de una Europa en crisis, pero tenemos que disponer de nuevos instrumentos. Derechos y obligaciones acordes con las consecuencias del cambio vertiginoso que vivimos y que se acelerará en las próximas décadas. Hay nuevos paradigmas que raramente aparecen en nuestros debates.

Por ejemplo, en la sociedad digital tratamos de regular el uso de los datos de millones de ciudadanos, para preservar su intimidad tantas veces vulnerada, pero no nos planteamos la propiedad de esos datos. Si reconociéramos el derecho de propiedad de cada persona sobre sus datos, estaríamos cambiando una ecuación fundamental para nuestro futuro. Los datos, los famosos big data, son la materia prima de las grandes compañías de Internet, las que nos facilitan la comunicación, pero disponen de lo que debería ser nuestro, de los ciudadanos.

Estamos ante un cambio civilizatorio que alterará las relaciones de producción, los derechos y libertades de todos nosotros. La crisis de la democracia representativa, en parte, es consecuencia de este cambio de paradigma mayor y mucho más rápido que el que se produjo con la Revolución Industrial, con el nacimiento del Estado-nación como lo conocemos.

La obligación de los representantes políticos es conducir ese cambio para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos, con la voluntad de que sirva a todos y no deje a nadie detrás, para preservar la libertad, la justicia social y la máxima igualdad.

Tenemos que recuperar cuanto antes el espacio del diálogo y el entendimiento, porque no hay razón alguna para afirmar que lo que fue posible hace 40 años hoy resulta inalcanzable. No abramos nuevas trincheras después de haber cerrado aquellas que tanto sufrimiento costaron. Es obligación de todos, los políticos, los medios, los intelectuales, los actores económicos y sociales.

Felipe González es expresidente del Gobierno.

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