La Seguridad Social es un sistema de protección con el que nos relacionamos durante toda nuestra vida, no solo como pensionistas. Cuando cotizamos, pagamos la pensión de nuestros mayores, y construimos simultáneamente nuestro derecho a una pensión futura, a prestaciones por incapacidad temporal, nacimiento de hijos, etcétera. Durante nuestra vida activa o como pensionistas, financiamos con impuestos una parte, minoritaria pero relevante, de las prestaciones económicas de la Seguridad Social.
Frecuentemente aparecen quienes afirman la insostenibilidad de nuestras pensiones y que proteger a la población pensionista se hace a costa de las generaciones más jóvenes, negando que puedan tener una protección comparable. En ocasiones incluso se frivoliza cuantificando el supuesto expolio que supone para los jóvenes mantener nuestro sistema de pensiones. Se hace, con mayor insistencia, cuando se alcanzan acuerdos en esa materia que no se centran en reducir gasto. Suelen ser posiciones u opciones políticas poco partidarias de redistribuir las rentas, combatir desigualdades y mantener una estructura fiscal y de protección eficiente y suficiente.
Ocurre ahora tras el reciente acuerdo de reforma de las pensiones entre el Gobierno de España, organizaciones sindicales y empresariales, que se ha concretado en un amplio consenso parlamentario (75% del Congreso, con apoyos entre otros de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos, y con solo dos votos en contra), aprobando las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, a las que se ajusta el acuerdo alcanzado en el diálogo social. Acuerdos, ambos, que devuelven este asunto al marco de concertación política y social, que no debió perderse, corrigiendo el rumbo de la desdichada reforma de 2013.
El acuerdo no responde solo al interés de los pensionistas. Lo hace, claro, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones que ya no tienen capacidad de reacción al haber finalizado su vida activa. Pero responde, en mayor medida, al interés de la futura población pensionista, con medidas tangibles, económicamente potentes y que pueden ser descritas con facilidad. Sin perjuicio de que la mejor garantía de pensiones futuras de nuestros jóvenes es el empleo de calidad y corregir la precariedad y dualidad actual en el mercado de trabajo.
El nuevo índice de revalorización de pensiones tiene alcance general para pensiones actuales y futuras. El factor de sostenibilidad aprobado en 2013 tenía como resultado, con certeza, que los jóvenes tendrían una pensión cada vez más baja. Su derogación tiene, así, impacto directo sobre los futuros pensionistas, mayor cuanto más joven se sea actualmente, al eliminar una reducción de la pensión futura en relación directa con el aumento de la esperanza de vida, situación constante en las últimas décadas que continuará como tendencia en el futuro. Veamos un ejemplo, partiendo de la esperanza de vida prevista por el INE.
Considerando una pensión media de 1.500 euros, derogar el factor de sostenibilidad significa que la pensión de quien hoy tenga 50 años será un 9% superior cuando alcance la jubilación: 135 euros de hoy por 14 pagas. Una persona de 40 años, mejora su pensión mensual un 16,8%, es decir 253 euros; para una de 25, 20,6% y 308 euros, y para quien hoy tiene 18, un 23%, y 345 euros mensuales, respectivamente. Tomando solo el último caso, quien hoy tiene 18 años, con esta medida, mejora su expectativa de pensión anual en 345 euros por 14 pagas, con una esperanza de vida media en el momento de la jubilación que superará los 20 años y una mejora de su renta de jubilación en más de 100.000 euros de hoy. Las personas más jóvenes son las principales beneficiarias de la derogación del factor de sostenibilidad.
También lo serán del compromiso de financiación presupuestaria adicional por más de 22.000 millones de euros anuales, al desarrollar el tercer acuerdo de separación de fuentes de financiación. El primero (1996) garantizó la financiación presupuestaria de sanidad y servicios sociales públicos; el segundo (2001), de los complementos a mínimos de pensiones contributivas; ahora finalmente, de políticas de interés general (de empleo, igualdad, apoyo sectorial, …) que se financiaban con cotizaciones. No es cambiar de sitio el déficit, es llevarlo al lugar que le corresponde. Incluso con este fuerte compromiso presupuestario adicional, la principal fuente de financiación de las pensiones son las cotizaciones sociales.
Se beneficiarán, singularmente, nuestros jóvenes actuales y futuros cuando se incorporan más tarde al mercado de trabajo al estar formándose en la universidad o en la formación profesional. El acuerdo prevé que vean reconocidos como periodos cotizados a la Seguridad Social los periodos de prácticas no laborales, aun sin remuneración como son las curriculares, lo que beneficiará a cientos de miles de jóvenes cada año.
Finalmente, mejorar la pensión que van a percibir las personas que accedan a la jubilación anticipada es también una medida que beneficia, principalmente, a los futuros pensionistas. El reciente acuerdo de pensiones pretende, como los anteriores, pero este aún más, combinar garantías a la población pensionista con una fuerte apuesta por trasladar confianza y tranquilidad a las generaciones (personas jóvenes o de edades intermedias hoy), que deben recibir, cuando sean pensionistas, una protección comparable a la que contribuyen a financiar durante toda su vida.
Carlos Bravo Fernández es secretario de Políticas Públicas y Protección Social y miembro de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras.