Nos asomamos a una década de transformaciones profundas, en nuestro modelo económico, nuestra industria y nuestra sociedad, que deben tener un impacto positivo desde el punto de vista económico y social. Las señales que mandan los gobiernos son fundamentales para incentivar una transformación inteligente, que resulte en mayor prosperidad compartida para el conjunto de la ciudadanía.
Afortunadamente, hoy contamos con la información necesaria para poder integrar la sostenibilidad medioambiental en la valoración de inversiones, anticipando riesgos, orientando el ahorro hacia las actividades más productivas y sostenibles, generando competitividad y economías de escala.
Por este motivo, España ha recordado esta semana a la Comisión Europea, junto con Austria, Dinamarca y Luxemburgo, su posición contraria a la propuesta sobre el etiquetado verde de determinadas inversiones en fuentes energéticas, como las basadas en gas natural y energía nuclear.
No se trata de cuestionar esas fuentes de generación de energía. Ni tan siquiera de minimizar su papel en la transición y política energética europea. Se trata de responder a la tarea que nos habíamos encomendado con el etiquetado verde de la llamada "taxonomía" europea: establecer un lenguaje común para clasificar las actividades que contribuyen sin riesgo a descarbonizar de la manera más rápida posible nuestra economía y usarlo como herramienta para orientar las inversiones de forma coherente con los objetivos de lucha contra el cambio climático.
La Unión Europea lidera la agenda climática a nivel global. Se trata, sin duda, del reto de nuestro siglo y es importante seguir una política coherente en el plano regulatorio, inversor y también financiero, que sirva de estándar para guiar el proceso en el resto de jurisdicciones. En este contexto, la taxonomía constituye un activo fundamental: una guía pionera, clara y transparente de lo que es y no es sostenible, para que los estados, las empresas y entidades financieras puedan utilizarlo a la hora de articular estrategia de financiación e inversiones.
España siempre ha abogado por una clasificación basada en la ciencia y la evidencia, útil y creíble. La propuesta de clasificar el gas y la energía nuclear como sostenibles, otorgándoles el mismo tratamiento que a tecnologías verdes incuestionables como las renovables, envía una señal confusa a los mercados financieros y corre el grave riesgo de ser rechazada por los propios inversores. De hecho, en los últimos días hemos visto que la Organización Internacional de Normalización ha hecho pública la exclusión de la energía nuclear de su clasificación de actividades sostenibles, mientras que el Grupo de Inversores Institucionales en Cambio Climático (IIGCC) instaba a excluir el gas de la taxonomía.
Además, se trata de "finanzas sostenibles", de orientar las inversiones hacia aquellas fuentes energéticas más eficientes.
La inclusión en la taxonomía "verde" de energías más costosas y contaminantes, con largos plazos de amortización, distraería fondos e inversiones que podrían destinarse en la dirección correcta: las tecnologías renovables, que son el elemento clave para lograr la sostenibilidad de nuestros sistemas energéticos en el medio y largo plazo. Cabe, de hecho, la posibilidad de que el estándar de la UE se vea mejorado a nivel nacional por terceros países o, incluso, por sus estados miembros, aplicando la propuesta original, como hizo España con su primera emisión de bonos verdes en verano de 2021.
El potencial de España en los sectores ligados a la transición energética, desde las energías renovables, la electrónica de potencia, el almacenamiento o el hidrógeno renovable es claro. Nuestro país cuenta con el mayor potencial solar de Europa, destaca por su recurso eólico y la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) acaba de situarnos como uno de los cuatro exportadores netos de hidrógeno en 2050, junto a Australia, Chile y Marruecos, al tiempo que señala que en España será más barato producir hidrógeno con renovables que con cualquier otra tecnología ya en 2026. Esto convierte a España en una clara candidata a consolidarse en potencia mundial en el sector de las energías renovables.
No es solo energía. También nuestra industria produce el 90% de los componentes necesarios para una turbina eólica y el 60% de los de un proyecto de energía fotovoltaica y somos el tercer país de la UE en I+D en el sector. También lideramos la integración de la generación renovable en el sistema eléctrico y queremos ser líderes en almacenamiento y gestión de la demanda.
Para maximizar las oportunidades de esta transición y reforzar la autonomía estratégica española y europea en este ámbito, es necesario apuntalar nuestro posicionamiento, reforzar aquellas inversiones con más potencial y mejorar las capacidades de integración de estas soluciones en el tejido productivo.
El sistema energético y la estructura productiva es diferente en cada país europeo, pero todos tenemos un objetivo común: complementarnos sobre la base de una taxonomía común a toda la UE, que ayude a definir las inversiones coherentes con nuestros objetivos como sociedad, mirando a las generaciones futuras.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.