Género y políticas sociales

La supresión del Ministerio de Igualdad provocó hace unas semanas la reacción de muchas feministas que lo condenaron con duros adjetivos (patriarcalismo, desprecio a las mujeres, confirmación de la acusación de que era una extravagancia, etcétera). Sin duda, una vez creado, suprimirlo fue una medida decepcionante para las personas que se dejaron la piel construyendo un ministerio casi sin recursos o colaborando desde afuera. Pero creo que las cosas también se pueden ver desde otras perspectivas que no son necesariamente el agravio de las mujeres, centro de muchos discursos feministas.

En el caso de la creación o eliminación de un ministerio, la decisión puede responder a criterios que no siempre se derivan del feminismo, como son el modelo de Estado y el tipo de políticas públicas que se deben impulsar. Lo que es incuestionable es la necesidad de tener políticas de igualdad potentes, pero su localización puede variar sin afectar por ello sus resultados.

En estos 30 años, las políticas de igualdad han tenido un importante impacto en el cambio de la situación social de las mujeres y ningún indicador hace suponer que vayan a desaparecer. Además, el diseño de las políticas concretas no solo responde a principios ideológicos, sino que también hay que tomar en cuenta el contexto político, económico y social.

Desde esta perspectiva, hoy, en medio de la gran crisis que atravesamos, creo que es interesante poner a la igualdad de género en el contexto de las diversas formas de desigualdad y, al mismo tiempo, revisar su inserción en el Estado.

En primer lugar, porque si en el inicio tuvimos que insistir en que el género cruzaba otras desigualdades, en la actualidad las desigualdades económicas se han agudizado y separan a las mujeres. Por ejemplo, por mostrar dos extremos, las ministras tienen problemas por los insultos machistas, pero las trabajadoras inmigrantes lo tienen en su calidad de vida y bienestar personal.

En segundo lugar, porque el Estado de bienestar y su respuesta a la desigualdad debe ser revisado para adecuarlo a los nuevos tiempos. Y la experiencia en el desarrollo de la igualdad de género puede ser una importante contribución en este trabajo.

El objetivo de los derechos sociales que dieron origen al Estado de bienestar fue corregir las desigualdades económicas. La búsqueda de la igualdad estaba en la redistribución que hacía el Estado a través de la política fiscal y en la implementación de políticas sociales de empleo, seguridad social, educación y salud.

La desigualdad de género no fue considerada un problema que el Estado de bienestar tuviera que resolver. Las mujeres no estaban en el mercado de trabajo sino en “sus labores” en la familia. Revisar esta carencia ha sido uno de los aportes más importantes del feminismo moderno. Hoy sabemos que el trabajo de cuidado de las personas que se realiza en el ámbito doméstico es la base de la cohesión social y su valor económico, si tuviera que ser pagado, es de una enorme magnitud. Pero también ha habido otras contribuciones.

La desigualdad de género no es solo económica sino que tiene importantes aspectos simbólicos y de valoración cultural y política y afecta a la organización de la vida social. Esto también es válido para otras formas de desigualdad.

Además, el análisis desde las relaciones de género abrió las puertas a que también se incorporara en el estudio a desigualdades de otros orígenes, aunque estas no se encuentran presentes en todas las sociedades que conocemos, como es el caso de las económicas y de género.

Las políticas de igualdad dirigidas a las mujeres deben continuar, pero también las experiencias de su aporte en ámbitos generales. Una muestra son los programas de cambios de los tiempos impulsados por Ayuntamientos y por algunas empresas. La Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya llevó a cabo un proyecto piloto en empresas de polígonos industriales con muy buenos resultados porque ayudó a mejorar la productividad, objetivo crucial para salir de la crisis económica.

Creo que, en esta línea, es importante trabajar para tener una visión global y coordinada de las políticas sociales, con una fuerte vocación de corrección del entramado de las desigualdades.

Asimismo, es necesario revisar la inserción de las políticas sociales en el Estado. Primero, se debe conseguir que en lugar de estar dispersas en la Administración, se integren. Enseguida, la implementación práctica de las políticas sociales (incluidas las de género) está en las comunidades autónomas. Hay que revisar la relación entre la Administración central y las autonomías.

En contra de lo que se ha dicho, no creo que se desvaloricen las políticas de igualdad de género porque se vinculen con las políticas sociales. Por el contrario, esto puede ser una importante contribución en la reorganización del Estado de bienestar, lo que se ha convertido en una imperiosa necesidad en Europa.

Judith Astelarra, profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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