Genocidios

La palabra genocidio vive un nuevo momento de popularidad. Parecerá extraño que semejante voz pueda resultar popular pero así es. Tecleamos el oráculo Google y nos topamos con más de 50.000 entradas con el término, solo en la sección «Noticias». Miles de esas ventanas remiten a afirmaciones, artículos y editoriales de este agosto de 2014. Con tres referentes fundamentales: la operación «Margen Protector» en la franja de Gaza, iniciada por el Ejército israelí a finales del pasado mes de julio y calificada como «genocidio» por no pocos intérpretes (desde políticos y periodistas hasta estrellas de cine…); la condena emitida por un Tribunal especial de Naciones contra dos altos dirigentes de los Jemeres Rojos, cuyo régimen maoísta establecido en Camboya eliminó a un cuarto de su población entre 1975 y 1979; y los ataques de aviones militares estadounidenses contra las posiciones alcanzadas en la región kurda de Irak por el Estado Islámico. En la violencia desplegada por esta antigua filial de Al Qaida, el presidente Obama ha anticipado el «genocidio potencial» de una extraña y minoritaria secta religiosa, los yasidíes.

El recurso generalizado al concepto de genocidio reclamaría una comprensión menos gruesa de la que hoy se estila. «La era de los genocidios no ha terminado», titula un importante periódico nacional. ¿Pero qué pretende decirse con ello? Las aclaraciones están ahí para quien quiera encontrarlas. La Wikipedia precisa (esta vez con rigor) que el término fue acuñado por un jurista judío, Raphael Lemkin, quien en 1939 huyó de Polonia para asilarse en Estados Unidos. Después de haber estudiado las masacres promovidas por el Imperio Otomano contra los armenios en 1915, Lemkin escribió su libro El poder del Eje en la Europa ocupada (1944) donde denunciaba la «práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento». Cuatro años después, con fecha 9 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una Convención para la Prevención y Sanción del Crimen del Genocidio. Allí se estableció una definición canónica de acción genocida considerada como «cualquier medida o acción destinada a la exterminación o la eliminación sistemática de un grupo social por motivo de su etnia, nacionalidad, religión o ideología política». Aquí se incluirían varias modalidades o formas de llevar a cabo acciones de genocidio, como matanzas a miembros de un grupo, lesión grave a la integridad física o mental de sus miembros, sometimiento intencionado del grupo a condiciones de existencia que pudieran acarrear su destrucción física total o parcial y medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de los menores del grupo a otro colectivo. La definición de 1948 reaparecerá en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Curiosamente, una resolución de Naciones Unidas anterior a la de 1948 fue bastante más penetrante a la hora de explicar la inmoralidad esencial que caracterizan a las prácticas genocidas al suponer la denegación del derecho a la vida de los grupos humanos (y esto con independencia de que estos hayan sido destruidos por completo o solo en parte).

Conviene no olvidar que la noción de genocidio recibió inspiración de las atrocidades nazis contra la población judía y otras minorías, reactualizándose periódicamente a consecuencia de sucesivas acciones de persecución étnica perpetradas durante las últimas décadas del siglo pasado: en los ochenta en Guatemala y en los noventa en la antigua Yugoslavia y en Ruanda, por dar varios ejemplos todavía no mencionados. Quienes tienen demasiada prisa por volver a aplicar el concepto deberían considerar las cifras de víctimas asociadas a esos casos relativamente recientes (no digamos ya al Holocausto), como los casi 2.000 indígenas ixiles asesinados entre 1982 y 1983 durante la dictadura del guatemalteco Efraín Ríos Montt (incluidos entre 250.000 personas muertas o desaparecidas, la mayoría indígenas), los 700.000 tutsis eliminados por 10.000 hutus en solo cuatro meses de 1994 o los 8.000 musulmanes masacrados por soldados y unidades paramilitares serbias en la región bosnia de Srebenica, en julio de 1995. Más determinante aún que los números es la voluntad explícita de reducir o exterminar a un colectivo. En consecuencia, cuando esa voluntad no ha sido públicamente expresada o su contrastación resulta dudosa sería más adecuado recurrir a palabras distintas para lamentar y denunciar otros casos de asesinato y muerte colectivas. El abuso recurrente del término genocidio no solo falsifica la realidad sino que hace perder precisión y potencia denotativa a un concepto urdido para referir una de las conductas humanas más execrables.

Los episodios genocidas son problemáticos tanto en su comprensión como en su gestión y prevención. Pensando en ellos, el historiador británico y marxista Eric Hobsbawm llegó a afirmar que el siglo XX constituyó la etapa más sangrienta de la historia conocida. Lo cierto es que los genocidios y las matanzas masivas de grupos específicos se han practicado en todas las épocas y su frecuencia ha ido disminuyendo al ritmo en que nuestros códigos morales fueron incorporando los valores universales del humanismo, como bien ha explicado Steven Pinker. Con todo, este profesor de Harvard también advierte que la psicología humana alberga la disposición básica sin la cual ningún genocidio sería factible: la tendencia mental a dividir a las personas en categorías o clases, tan útil para pensar el mundo pero tan peligrosa y dañina cuando las divisiones se acompañan de valoraciones que moralizan a unos grupos y devalúan o estigmatizan a otros, no por lo que hacen sino por lo que son o aparentan ser. Las ideologías sustentadas en ideales de autenticidad, pureza o incluso de emancipación, el miedo al otro, los conflictos ancestrales, los agravios regurgitados, los liderazgos utópicos y las acumulaciones de poder por un solo grupo pueden llevar esa disposición diferenciadora hasta sus efectos extremos, genocidas. También sabemos que el genocidio es bastante menos probable donde funciona una democracia efectiva (de ciudadanos, no de cuotas), estabilidad, gobiernos y leyes igualitarias, etc.

Sabiendo lo anterior, se dirá, los modos de prevención deberían estar claros. Lo están. Pero esa claridad en lo abstracto no allana su implementación concreta. Por lo demás, los organismos internacionales y los gobiernos occidentales tienen un problema con la gestión de los genocidios inminentes o en marcha. En realidad, no sabemos qué hacer con ellos: cuando no se interviene o se interviene tarde se lamenta. Pero cuando se interviene siempre hay alguien que también se queja u opone (a veces sociedades enteras), se corre el riesgo de generar daños no buscados (algunos previsibles, otros no) y por ello mismo a menudo se interviene pero solo a medias… Y en esas seguimos.

Luis de la Corte Ibáñez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

1 comentario


  1. Interesante, pero percibo alguna contradicción cuando señala el caso Ríos Mont como genocidio y luego dice: “Más determinante aún que los números es la voluntad explícita de reducir o exterminar a un colectivo. En consecuencia, cuando esa voluntad no ha sido públicamente expresada o su contrastación resulta dudosa sería más adecuado recurrir a palabras distintas para lamentar y denunciar otros casos de asesinato y muerte colectivas”. Así, el articulo es otro de los tantos al respecto que nos deja a los interesados en el tema desde una perspectiva racional-académica sin una verdad concreta. Seguimos en el aire. ¿Tan difícil es? ¿O es miopía de mi parte? No me gusta pensarme como loro, que digo sí porque aquellos dicen sí, o digo no, porque los otros dicen no; a pesar del costo social que adoptar tal postura en este tema representa, pues no sólo es total y comprensiblemente susceptible de emocionalidad sino muchos se la han proporcionado desde diversos ángulos.

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