El orden internacional que ha regido la geopolítica y la economía del mundo desde la Segunda Guerra Mundial está al borde del colapso y este camino hacia la anarquía ha favorecido la extensión de la guerra por el planeta y su uso, cada vez más generalizado, por las grandes potencias. Son muchos los ejemplos que ilustran esta afirmación (Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía...) y uno más de los que contribuyen a esta deriva con finales funestos son los acontecimientos que están acaeciendo en una pequeña república caucásica, Georgia, constreñida por el abrazo ruso.
Ocupada en parte por las tropas de Putin desde la efímera guerra de 2008 (Osetia del Sur), previamente Abjasia había declarado su independencia, la mayor parte de su población anhela formar parte de la UE (es candidato a miembro desde diciembre de 2023) para librarse de la influencia rusa, sobre todo ahora, cuando ha visto cómo el Kremlin traicionaba a los armenios y los dejaba abandonados a su suerte.
Pues bien, el camino hacia la UE puede verse interrumpido por la aprobación el día 14 de una controvertida ley, la denominada de 'agentes extranjeros', que obligará a los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales con más del 20% de financiación foránea a registrarse como «agentes dedicados a los intereses de potencias extranjeras», a la par que los somete a la supervisión del Ministerio de Justicia, compartiendo información confidencial y presentando una declaración financiera anual.
Después de días de debates y en medio de multitudinarias protestas (dentro y fuera del Parlamento), la iniciativa fue aprobada en tercera lectura tras una intensa jornada. El Gobierno de Irakli Kobakhidze, y su partido Sueño Georgiano-Georgia Democrática, argumentan que la ley es necesaria para promover la transparencia, preservar la soberanía nacional y evitar la desestabilización del país por fuerzas extranjeras. Los opositores, liderados por la presidenta del país, Salomé Zourabichvili, rechazan el autoritarismo que emana de una norma inspirada en otra rusa que entró en vigor en 2012 y que ha sido utilizada para acallar, intimidar y desacreditar a los que critican al Gobierno de Putin.
El día 18, la presidenta georgiana vetó la ley, pero el partido gobernante tiene mayoría suficiente para anular dicho veto mediante otra votación en el Legislativo. Y así ha sido. El lunes, la Comisión Judicial del Parlamento rechazó el veto de la presidenta, abriendo la posibilidad de que el Pleno votara al día siguiente la aprobación definitiva de la normativa, como efectivamente ocurrió.
Georgia se encuentra en una situación muy delicada y es entendible su temor a un enfrentamiento con Rusia. Intenta nadar y guardar la ropa lo mejor que puede, lo cual no es óbice para señalar que su actual Gobierno está siguiendo una línea cada vez más populista recortando derechos. Tampoco está de más recordar que, aunque la ley sea criticable, ningún país occidental vería con buenos ojos que organizaciones extranjeras tuvieran capacidad de interferencia y decisión en sus asuntos. Asimismo, es obvio que Rusia promueve y apoya dicha norma como medio de obstaculizar la candidatura del país a la Unión y que para ello utiliza una guerra híbrida de infiltración, interferencia y manipulación en el partido del Ejecutivo georgiano.
La mayor parte de la población del país caucásico rechaza el acercamiento al gigante ruso y no olvida que el 20% de su territorio está ocupado por las tropas del Kremlin desde 2008, pero tampoco que las promesas estadounidenses de asociación y amistad quedaron en el aire cuando esperaban su apoyo en la guerra de aquel año. Por eso no les gusta esta ley, ni el acercamiento de su Gobierno a Putin, ni que esté a las órdenes de este, aunque formalmente quiera integrarse en la Unión y desligarse del sátrapa ruso.
La equidistancia es la única herramienta fiable, por ahora, para este u otro Gobierno, y por eso ha condenado la invasión rusa de Ucrania y ha proporcionado ayuda humanitaria a los ucranianos. No quieren ser arrastrados a un nuevo enfrentamiento con Rusia y todos los actores deberían trabajar por bajar la tensión. Occidente está lejos y Rusia cerca, y es indiscutible el recrudecimiento de la guerra fría entre ambos actores globales y lo perjudicial para Georgia de encontrarse en medio de ella.
Un conflicto con Moscú los convertiría en carne de cañón y, por supuesto, nadie les ayudaría. De ahí que el rechazo de la ley y la mayor o menor simpatía por quienes protestan no deben dirigirse, como ocurrió en Ucrania, a deponer a su Gobierno electo. La única forma democrática y legítima de cambiar un ejecutivo es a través de las elecciones y el país caucásico las celebrará en octubre. Entonces los georgianos decidirán si mantienen este Gobierno u otro y si se encaminan hacia Bruselas o hacia Moscú.
Daniel Reboredo, historiador y analista político.