Gestionar el conflicto de los controladores

Un conflicto se puede abordar de dos formas diferentes: profundizando en las causas que lo han producido, de manera que se resuelva el problema de fondo o actuando sólo sobre sus efectos, de manera que el problema siga latente y se pueda reproducir en cualquier momento. Esta última forma de actuar siempre resulta más aparente y llamativa pero mucho menos eficaz. El problema se ha ido gestando a lo largo del tiempo, al no actuar sobre las verdaderas causas, en el momento oportuno. Se ha preferido por los sucesivos gestores de Aena, una posición cómoda que evitara el enfrentamiento, sin importarles que el problema fuera creciendo y se agravara con el paso del tiempo.

De esta forma, los controladores han alcanzado una situación de privilegio desmesurada, gracias a los acuerdos que han conseguido obtener de Aena en los sucesivos convenios colectivos y al chantaje permanente de la huelga, que al final han saltado todas las alarmas. Cuando un globo, se va hinchando más y más, llega un momento que explota. Hay que devolver, con sentido común, las cosas a su sitio, sin temor a amenazas y chantajes y sin necesidad de acudir a medidas excepcionales de dudosa legalidad.

Se está pretendiendo resolver un problema laboral, no por la vía normal de la negociación, sino por una vía extrema, que para colmo de males, no resuelve nada, sólo sirve para aplazar el problema. Hay que devolver la racionalidad a la negociación del convenio de los controladores y hacerse Aena con el dominio de la situación, que nunca debió ceder. Los controladores deben bajarse de su postura arrogante, valorar mucho mejor lo que tienen y ser conscientes del desprestigio que se han ganado a pulso, pero a la vez, el Gobierno debe sentarse cuanto antes a negociar un convenio colectivo «base cero», en el que se recupere el dominio de la situación por parte de los gestores y se ajuste su contenido a las necesidades actuales del espacio aéreo español.

Al mismo tiempo, el Gobierno debe olvidarse de criminalizar todavía más a unas personas que son vitales para la seguridad del transporte aéreo y que su «pecado» es haber sido demasiado ambiciosas aprovechando los mecanismos que le ofrece la realidad laboral española, que se presta al abuso de los sindicatos por su posición de privilegio, debido a la ausencia de una legislación de la huelga actualizada y a la ultra actividad de los convenios que supone un lastre para la modernización de nuestras empresas. Un día pueden ser los maquinistas de Renfe, otro pueden ser los transportes por carretera, otro la Sanidad, otro los conductores del metro y cómo no, de nuevo, los controladores aéreos. ¿Se va también a acudir a la militarización de los trabajadores en todos estos casos?

Entrar a fondo en la negociación, que se debería de haber abordado con tiempo en el 2004 al terminar la vigencia del último convenio colectivo, significa que Aena debe fijar el número necesario de controladores para cubrir adecuadamente los servicios de control de tráfico aéreo en todos los aeropuertos; establecer el número de horas anuales de trabajo y la distribución de las mismas a lo largo del año; calcular las horas previstas para situaciones de permisos, formación, etc…; planificar los turnos de trabajo, de manera que se proteja el descanso y se asegure el rendimiento normal de los controladores, etc…, es decir, todas aquellos temas propios del desarrollo de una relación laboral de una empresa, que en esta ocasión es más relevante por tratarse de un servicio esencial y de máxima seguridad. No sirve que se utilice el argumento del coste para rebajar el número de controladores. Estamos hablando de un servicio clave que debe cubrirse en número y en calidad con la holgura suficiente para evitar que se presente cualquier tipo de problema.

Los prontos viscerales no conducen a nada, salvo mostrar la incapacidad del Gobierno para gestionar el problema y no darse cuenta que está obligado a seguir negociando de manera civilizada con los controladores hasta llegar a un acuerdo razonado y razonable para todos.

Mientras tanto, el ciudadano normal contempla atónito cómo se vulneran una y otra vez sus derechos más elementales, dificultando la planificación su tiempo libre, o si el estado de alarma se va a mantener en el tiempo. ¡Qué país!

Sandalio Gómez López-Egea, profesor del IESE.

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