Gestionar el fin de ETA

Pese al estruendo descomunal de la crisis económica y a otras noticias de índole cinegética, con rutinaria cadencia aparece en el panorama político-mediático el espinoso tema de la gestión final del terrorismo de ETA. Ya sea por la discusión de la doctrina Parot, por la excarcelacion de algún etarra o por el anunciado plan del Ministerio del Interior de reinserción de terroristas. Y el debate que se suscita en la sociedad con estas noticias es siempre el mismo: ¿debe ser generoso el Estado con una banda terrorista que cesa definitivamente en su violencia y deshoja la margarita de su disolución?

Irene Villa, una de las víctimas, viva pero mutilada de ETA, dice que ya ha perdonado a sus verdugos y que desea que una negociación acabe cuanto antes con la disolución definitiva de esta banda de terroristas. Es más que probable que sus sentimientos no coincidan con el parecer general de las víctimas de ETA. Incluso sospecha que muchos afectados se sentirán dolidos y depcionados con ella.

Pero sus palabras sintonizan con la estrategia posibilista de aquellos estados que, ante el proceso final de una organización terrorista con apoyo político y social, siempre ponen encima de la mesa algunos beneficios sociales y económicos para los señores del terror. En definitiva, una estrategia que encierra en muchas ocasiones razones de Estado que -recordando al pensador francés Pascal- el corazón y el alma de muchos ciudadanos y víctimas directas pueden llegar a no comprender.

En los mismos días en que Irene Villa hacía esas confesiones, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, afirmaba que las víctimas no deben condicionar el proceso final de ETA en el nuevo horizonte que se ha abierto con el alto el fuego definitivo. Una afirmación contundente que edulcoró al reiterar que ese camino hay que recorrerlo siempre mirando, protegiendo y reconociendo a las víctimas y desde el «más absoluto respeto a la ley».

¿Pero qué significa el respeto absoluto a la ley en una negociación con ETA? Las leyes, por qué engañarnos, se parecen en ocasiones a los chicles y la propia jurisprudencia demuestra el amplio abanico de su intepretación. Es decir, su aplicación puede ser generosa, flexible, estricta, rígida, severa… según aconsejen las circunstancias del momento.

¿En qué interpretación y aplicación de la ley estaría pensando en 1998 el entonces presidente del Gobierno José María Aznar, hombre inflexible y duro, cuando ordenó negociar con ETA y dijo que sería generoso con los etarras porque la paz merecía la pena; que el Gobierno estaba dispuesto a acompansar la política penitenciaria a los avances que se produjeran en el proceso del fin de la violencia y que pondría en marcha, por tanto, un ambicioso plan de reinserción social para los asesinos? «Nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad», afirmó.

¿Y en qué interpretación y aplicación de la ley está pensando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando asegura que el Gobierno no indultará a ningún preso de ETA? ¿A quién se dirige cuando sabe que, encauzado el proceso de negociación final, sus palabras se las puede llevar el viento? ¿Y en qué interpretacion se piensa ahora con ese plan masivo de reinserción?

Lo cierto es que se está ya en el proceso de dar carpetazo a este espinoso asunto. Y el Gobierno de Mariano Rajoy tiene su hoja de ruta, que no será muy distinta a la que otros ejecutivos, en condiciones distintas y más desfavorables, intentaron. No puede haber ya marcha atrás para nadie. Los partidos -excepto Amaiur y UPyD- pactaron un texto para la gestión del final de ETA, lo que constituye el primer reconocimiento conjunto de que la democracia ha ganado. Así ha sido, salvo para aquellos que siguen creyendo que ETA ha logrado su victoria política al estar de nuevo en las instituciones con la marca Bildu. Pero, como dijo también Aznar en 1998, «La toma de posesión de un escaño es preferible a empuñar las armas».

Falta, sin duda, que ETA anuncie su disolución y que la izquierda radical aberzale se deje de discursos ambiguos, de equiparar vergonzosamente violencias y de reclamar una democracia plena de la que ya goza el País Vasco. Debe pedir públicamente perdón a las víctimas y reconocer, aunque les duela -más duele un tiro en la nuca- que los asesinatos de ETA no han servido para nada.

Pero la responsabilidad de gobernar exige mirar al horizonte antes que a la propia sombra, una amplitud de miras que no puede traducirse en entreguismo u olvido de las tragedias sufridas. Esa política va a requerir una cuota de generosidad en el sentido de anteponer el objetivo final a cualquier otro sentimiento que, por supuesto, es totalmente legítimo y comprensible.

Un sentimiento tan entendible como el del Toñi Fernández, que perdió a su hija a manos de ETA en Santa Pola y ahora se ha dado de baja del PP porque cree que Rajoy traiciona a los muertos. No los va a traicionar, como tampoco lo hizo Rodríguez Zapatero y sus antecesores. Pero estamos de nuevo ante esas razones que el corazón y el alma pueden llegar a no comprender.

Miguel Ángel Liso, director editorial del Grupo Zeta.

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