Giammattei es la cara del continuismo en Guatemala

Guatemala, como muchos otros países en América Latina y el mundo, está peleando con su sistema político aparentemente inalterable. En 2015, una investigación de defraudación aduanera involucró al entonces presidente —y militar retirado— Otto Pérez Molina, la vicepresidenta y decenas de otras personas, provocando una oleada de manifestaciones ciudadanas que terminarían con la renuncia de los más altos cargos del Estado guatemalteco. A esa siguieron decenas de investigaciones de corrupción en compras y contrataciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, financiamiento electoral ilícito y muchos otros delitos que vincularon no solo a funcionarios del sector público, sino también a las redes de las élites económicas y militares.

Ese era el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU en alianza con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público desde su creación en 2005: la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (CIACs) incrustados en el Estado. Estas investigaciones penales evidenciaron sus formas de operar, les pusieron rostros y permitieron a la población guatemalteca interpelar directamente a quienes ostentaron el poder durante las últimas décadas. Mostraron a los que nunca habían enfrentado la justicia y pusieron a los siempre impunes ante un juez.

También en 2015, después de la renuncia de Pérez Molina, se eligió como presidente a Jimmy Morales, un excomediante en un partido fundado por militares retirados, como la “alternativa” anti corrupción. Su mandato, que aún no termina, pareció tener como única política el procurar impunidad para los vinculados a las investigaciones. Entre sus grandes triunfos está la expulsión de Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, y el cierre de operaciones de la misma.

Este año, con una participación de 42.70% del padrón en la segunda vuelta y con un millón novecientos votos, quedó electo Alejandro Giammattei como próximo presidente de Guatemala.

Giammattei ha sido candidato desde 1999. Durante estos veinte años, se ha presentado dos veces a la alcaldía de la capital y tres a la presidencia del país, con un partido político distinto en cada ocasión. Fue director de presidios de 2006 a 2008, una época recordada por el discurso de limpieza social. Junto con el entonces ministro de gobernación Carlos Vielmann y el director de la policía nacional civil Erwin Sperisen, fueron acusados de coordinar una estructura de ejecuciones extrajudiciales paralela al Estado. Vielmann y Sperisen huyeron a España y Suiza, respectivamente, países en los que fueron condenados, y uno absuelto posteriormente. Giammattei se quedó en Guatemala, donde su carrera de candidato al fin dio frutos. Tomará posesión como presidente de la república en enero de 2020. En estos años, se ha posicionado como derecha conservadora. Su propuesta política ha sido abiertamente autoritaria, prominera (en contra del la opinión general), opuesta al matrimonio igualitario y represiva.

El partido político con el que se eligió incluye señalados y condenados por contrabando, tráfico de influencias, lavado de dinero y tráfico de drogas, como Inngmar “Chatarras” Iten y Edgar Barquín, así como a Luis Ortega Arana, hijo de uno de los militares más relevantes en la historia reciente guatemalteca: Francisco Ortega Menaldo.

Ortega Menaldo fue coarquitecto de la Red Moreno en los noventa, dedicada a controlar las aduanas del país para contrabando y defraudación. De esa red surgió también La línea, estructura de contrabando por la que el expresidente Pérez Molina enfrenta proceso judicial desde 2015. Ambos pertenecieron a cuerpos de inteligencia militar durante el Conflicto Armado Interno (CAI) y se han dedicado estos últimos cuatro años a intentar detener los procesos judiciales por corrupción y crímenes de guerra.

Después de la primera vuelta en las recientes elecciones, la élite económica organizada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también hizo visible su apoyo a Giammattei. La misma élite que en 2013 bloqueó el avance de la justicia en el primer caso por genocidio en Guatemala, que en 2015 fue el último en apoyar el movimiento anticorrupción y que en 2016 resultó implicado por pago de sobornos a funcionarios del Estado, y por financiamiento ilícito a varios partidos políticos, incluyendo el FCN-Nación con el que fue electo Jimmy Morales. Ellos también salen bien librados con esta elección y con la expulsión de la CICIG. No hay empacho en decir que la elección de Giammattei es la continuidad del proyecto de impunidad oligárquico militar que llegó al poder con Pérez Molina, acentuado después por Morales.

Hoy los involucrados en casos judiciales y los que temían perder su inmunidad ante las investigaciones festejan tras el rostro de Morales el cierre de CICIG. El continuismo ganó esta última partida. El próximo gobierno de Giammattei parece ser otro punto a su favor.

Briseida Milián Lemus es una activista mestiza guatemalteca en temas de justicia y democracia. Trabaja en comunicación política para organizaciones sociales y agencias internacionales.

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