Gibraltar: un factor común

La reintegración de Gibraltar a la soberanía española ha sido un objetivo principal, un factor común, en las políticas generales de los gobiernos españoles durante los últimos tres siglos. Como ninguna de esas políticas ha llevado a la consecución de aquel objetivo, entonces ¿qué hay de noticiable en el creciente rosario de incidentes alrededor de la Roca de los últimos tiempos? (el último, la retención de 4 guardias civiles que perseguían a presuntos narcotraficantes). Pues lo novedoso es que esa escalada se está produciendo precisamente en un periodo de gestos españoles de «buena voluntad», que no se han traducido en avances hacia el objetivo español, sino más bien se ha ido en la dirección contraria. El espectador percibe que la estrategia negociadora española va a remolque de los acontecimientos. Y la ausencia de libertad de acción es el más eficaz abortivo para cualquier estrategia.

El «nuevo clima» comenzó hace unos años con el levantamiento de las restricciones que España aplicaba a todo lo relacionado con Gibraltar, tanto en el plano bilateral o como en los foros internacionales. Eran instrumentos que mantenían viva y aireada una incómoda presión sobre las autoridades locales de Gibraltar y sus padrinos. La primera cesión gratuita fue levantar las restricciones de utilización de puertos o aeropuertos españoles a barcos o aviones que, de manera inmediata, hubieran recalado o tuvieran por destino Gibraltar. Después vino un paulatino «desarme» con gestos similares, hasta culminar en la constitución del llamado foro tripartito, en el que el gobierno de la colonia tiene ya voz propia, al mismo nivel que España o el Reino Unido. Quizás el más exuberante de los frutos de ese foro fue la visita del ministro español de Asuntos Exteriores a la colonia, el 21 de julio de 2009, evaluada por muchos como una ruptura con 300 años de firmeza y coherencia programática.

El binomio «cooperación-diálogo» es en la negociación internacional una fórmula con la que, en principio, cualquiera estaría de acuerdo. Pero la cooperación y el diálogo, además de no estar reñidos con la firmeza, no son fines sino medios que resultan estériles si no traen avances serios hacia el gran objetivo final: el reintegro de Gibraltar a España. Y tales avances difícilmente se pueden producir si el clima de fomento de la confianza no es compartido por todos porque, lamentablemente, la parte británica (Reino Unido/Gobierno de Gibraltar) se niega a entrar en el fondo de la cuestión. Por el contrario, la actitud española es muy fructífera para el gobierno local de la colonia, que recibe un balón de oxígeno cada vez que se encuentra con una cesión, una concesión o una omisión españolas. Y así la posición negociadora británico/gibraltareña se refuerza mientras que la española se afloja. Y el británico «puro» encuentra en su inteligente doctrina de que «el futuro de la soberanía está en manos del pueblo de Gibraltar», su mejor coartada para que las cosas sigan como están, se supone que al menos por otros 300 años.

Cuando recala en Gibraltar un submarino nuclear la opinión pública y los medios españoles se rebelan y alzan la voz, así como se produce la subsiguiente y cortés protesta diplomática. Los británicos, con la flema que les caracteriza -especialmente cuando se trata de los problemas de los demás-, posiblemente no acaben de entender bien el alboroto y la reclamación porque, al fin y al cabo, en su despliegue global Gibraltar tiene asignada, entre otras, las funciones de aprovisionamiento, mantenimiento o descanso de tripulaciones de la flota británica y, en concreto, de ese tipo de unidades navales. No es un asunto banal ya que cada submarino es un sistema de armas completo y, por eso, es el modo más audible de pregonar y hacer valer la soberanía británica sobre la colonia, frente a un país (socio y aliado, menos mal) que rechaza en sus espacios de soberanía el establecimiento o pasaje de armas basadas en lo nuclear.

Es bien conocido que Gibraltar es una base-santuario para algunos barcos, no necesariamente de armadores británicos, que obtienen permisos, gestionados por la correspondiente embajada en Madrid, para supuestas campañas de investigación marina. Hay casos en los que tales barcos son sorprendidos por los patrulleros españoles en actividades ajenas a las autorizaciones concedidas, como son el expolio de fondos y el saqueo de pecios, cuando no labores de mantenimiento de dispositivos o de sembrado de artilugios con fines sólo por ellos conocidos. Y esto sucede no solo en las mal llamadas «aguas en disputa», sino también en el mar territorial español en la zona del Estrecho, en flagrante violación de la propia soberanía española. Las subsiguientes y educadas protestas diplomáticas -muchas veces instadas por otros ministerios- poco arreglan. Y así hasta la siguiente vez. Y uno se pregunta: ¿si no se es capaz de garantizar la soberanía sobre las aguas «indiscutibles» cómo se va a avanzar en las reivindicaciones sobre las «discutidas»?; ¿es que el «derecho de paso inocente» puede entenderse como el «derecho a hacer negocios»?; y, por último, ¿qué pasaría si un barco español fuera sorprendido fondeando artilugios desconocidos a 11 millas de Norfolk (Virginia) o de Plymouth (Inglaterra)?

Se presenta a veces como logro del foro tripartito la utilización «compartida» del aeropuerto. Aquí hay que negar la mayor, porque tal aeropuerto no es otra cosa que una base aérea de la RAF (Ejército del Aire británico) que, por tanto, está sometida a la jurisdicción militar británica. Tal instalación, obviamente, puede ser cerrada completa o selectivamente por la autoridad militar en cualquier momento por razones «operativas» o de «seguridad» por ejemplo, sin mayor explicación. Ese propalado y triunfalista uso «conjunto», por el contrario, da carta de naturaleza a una pista militar británica de aterrizaje construida sobre aguas españolas en la bahía de Algeciras. Todo esto, y más cosas que se podrían decir sobre la actividad militar británica en Gibraltar y sus alrededores (como el reciente incidente del «fusilamiento» de una bandera española por una unidad británica en aguas españolas), son tan auto-explicativas que no requieren mayor concreción.

También en los últimos años los gibraltareños se han ido apropiando impunemente de terrenos y aguas que no les pertenecen. La actual ganancia de terrenos al mar en la zona este de la Roca no es un asunto menor. Se trata, entre otras, de la construcción de una enorme zona turística, con más de mil apartamentos, algunos hoteles y un puerto que, lógicamente, deben generar para algunos una expectativa de negocios considerable...

No nos engañemos, para ir desde la probada nada (Gibraltar británico) al legítimo todo (Gibraltar español) hay un largo camino a recorrer. Pero no estaría de más tener un catálogo de medidas de aplicación positiva o negativa en función del progreso por ese camino. Cuando se regalan ciertas cosas, no sólo se podría estar haciendo dejación de una responsabilidad histórica, sino que se fomenta que el contrario se crezca. En última instancia, y dicho sea con todo el respeto para las instituciones, el innegable placer de regalar se hace con el patrimonio de uno, no con el de todos.

Pedro Pitarch, Teniente General.