Al término de la Cumbre de la Unión Europea sobre el brexit, sonriente y alegre, el presidente del Gobierno explica que el “protocolo de Gibraltar ya está cerrado”. Se refiere al documento que acompañará los acuerdos finales sobre el abandono del Reino Unido de la UE. A día de hoy desconocemos sus contenidos, al menos, en España.El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrel, ha comentado que sus mayores preocupaciones sobre El Peñón se refieren, entre otras, a aduanas, contrabando de tabaco y medio ambiente. El primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, manifestó ante el Comité de los Lores que el impuesto fiscal aplicado en Gibraltar no formaba parte de las negociaciones y que el aeropuerto seguiría manteniendo la situación actual (Gibraltar Chronicle 24/10/2018). Además, Picardo. también comentó que el protocolo protegería los intereses del cruce de la frontera y de la economía de la Roca (Gibraltar Chronicle 23/10/2018). Podríamos deducir, pues, que los contenidos del susodicho protocolo vendrían a mantener y reforzar el status quo de Gibraltar aun cuando Reino Unido salga de la UE. Cuesta creerlo hasta no verlo.
Se había repetido hasta la saciedad en todos los medios de comunicación que la UE, sus Estados, le habían concedido a España el veto, es decir, que cualquier acuerdo sobre el brexit requería del previo consenso, Londres-Madrid, sobre Gibraltar; se había transmitido así a España una somera pero destacada señal para que pudiese exponer y defender de una forma un tanto más sólida sus intereses.
Al fin y a la postre, Gibraltar, como paraíso fiscal en el seno de la UE, ha venido perjudicando prioritariamente al erario público español, pero también al de la UE en su conjunto. De hecho, el apoyo de la UE había puesto a la defensiva al Gobierno de Gibraltar. Entendía que su situación privilegiada, pero ampliamente cuestionada, se veía ahora amenazada. No obstante, el veto no ha sido de gran utilidad, ni se ha aludido al mismo.
La celeridad y clandestinidad con que se han llevado a cabo las negociaciones de protocolo por parte del Gobierno español habrán sorprendido profundamente al Gobierno de Londres y al de Gibraltar y, tal vez, también a la misma UE y a sus Estados. Es de suponer que la sonrisa y alegría del presidente del Gobierno se haya fácilmente proyectado sobre los rostros de los responsables políticos en Londres y Gibraltar.
Los gibraltareños habían votado manifiestamente en contra del brexit y a favor de mantener su status quo en la UE y, por lo que sabemos, el Gobierno español se ha convertido en su mejor aliado y amigo. En las negociaciones ni siquiera ha trascendido un solo conflicto de intereses. Ni un solo reproche del vecino gibraltareño que, en el transcurso de los últimos años, ni siquiera se molestaba en tratar de resolver las decenas de quejas planteadas por España ante la UE sobre fiscalidad. Eso sí, apenas se formaba algún problema de tránsito en la Verja, maldecía y amenazaba, el Gobierno español y acudía de forma inmediata a la UE para denunciar las supuestas tropelías.
Si Reino Unido-Gibraltar abandonan la UE también habrán de abandonar el acervo comunitario. El Gobierno español debería, al menos, recuperar de forma clara y precisa las fronteras existentes previas a la integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. La mera recuperación de la frontera permitiría contrastar y poner coto a unas relaciones que Gibraltar viene aprovechando de forma prepotente y humillante sobre el Campo de Gibraltar y sus gentes.
Con la entrada de España en la CEE, y la consiguiente apertura definitiva de la Verja, Gibraltar se ha convertido en uno de los lugares de renta per cápita más elevada del mundo, y eso no tiene nada de malo. Pero sí es malo que esa evolución hacia el progreso se haya conseguido, sin actividad productiva alguna, con los medios e instrumentos de un paraíso fiscal y como entorno propicio al desarrollo de actividades delictivas de contrabando. Todo ello, con graves perjuicios para la economía española. Es más, ese proceso de transformación económica también ha tenido unos efectos perniciosos sobre el medio ambiente.
Gibraltar no solo ha arrojado bloques de hormigón al mar sino que también ha convertido el entorno, Campo de Gibraltar, en un auténtico estercolero. Aguas contaminadas, nuevas construcciones y basuras son parte del legado medioambiental. Es preocupante que el Gobierno español haya salido, tan apresuradamente, en defensa de un vecino tan aventajado en el desarrollo de actividades poco recomendables y es estremecedor el acto de entregarle y garantizarle el uso de las fronteras nacionales.
El Gobierno español ha puesto como excusa la supuesta prioridad de los españoles que trabajan en Gibraltar. Una vez más el Gobierno pone el énfasis en la economía de Gibraltar. Mientras tanto, el Campo de Gibraltar sigue siendo una de las zonas más deprimidas y de mayor desempleo de la UE. Evidentemente, los españoles que trabajan en Gibraltar han de ser tenidos en cuenta en términos económico-sociales.
Se dice que unas 10.000-12.000 personas cruzan la Verja diariamente. Pero ¿trabajan, en Gibraltar, todas esas personas que cruzan la Verja? ¿Se ha ocupado el Gobierno español de investigar el estado de la cuestión? Y en el peor de los casos, si esas personas dejasen de trabajar en Gibraltar, ¿no puede España, con un PIB superior al billón de euros compensar a esa población? Desde luego, el precio de la vecindad es realmente muy elevado.
Desconocemos los costes derivados de deterioro medioambiental en la zona y el volumen de recursos no recaudados fruto de la evasión/elusión fiscal. A todo ello, habría que añadir las pérdidas fiscales por el contrabando de tabaco. Los más de 600.000 paquetes de tabaco incautados anualmente, tal vez, sean una pequeña parte de lo que finalmente consigue el contrabando introducir en España. Con la adquisición de todas esas partidas se podría compensar al Campo de Gibraltar en términos económicos y morales.
Antonio Fernández Álvarez es profesor titular de Estructura del Desarrollo de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.