Por José Manuel Sánchez Ron, miembro de la Real Academia Española y catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid (EL PERIÓDICO, 25/03/06):
Por fin el Gobierno se ha decidido a afrontar la necesaria y compleja reforma del ente Radio Televisión Española (RTVE). En realidad, la decisión llega con retraso: hace ya mucho que se debían haber implementado mecanismos para evitar que su deuda creciese sin límite aparente. En el caso del Gobierno del PSOE encabezado por el señor Rodríguez Zapatero, la legislatura comenzó con noticias esperanzadoras en este apartado, al constituirse un "comité de sabios", que finalmente produjo un informe, del que, sin embargo, nada se volvió a saber, salvo en lo relativo a que se aceptase una de sus recomendaciones: asumir la deuda acumulada, que supera los 7.500 millones de euros. Claro que para semejante viaje no hacían falta tales alforjas.
El plan presentado ahora por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la que está adscrita RTVE, implica la reducción en un 40%, aproximadamente, de su plantilla, que ronda, entre personal fijo y contratado, los 9.000 empleados. En un mundo en el que gracias al desarrollo tecnológico cada vez menos personas pueden hacer más, es difícil defender el gigantismo del ente, herencia de un pasado periclitado. Y es que cuando este organismo nació (no con su nombre actual), España era un país muy diferente, en el que, en lo que a televisión se refiere, no existían otras empresas, privadas, a las que el público pudiese recurrir. Hoy la competencia es grande, y hay que justificar con el mayor de los cuidados cualquier privilegio, más aún cuando se trata de organismos públicos. El argumento de que son estos organismos los que realmente proporcionan a la sociedad una serie de servicios que las empresas privadas no están dispuestas a ofrecer podría ser verdad --más aún, debería ser verdad--, pero, al menos en lo que se refiere a los medios de comunicación, se ha visto rebatido tantas veces que no es fácil utilizarlo por el momento.
De hecho, las reformas que el Gobierno pretende introducir no se deben limitar a las puramente estructurales y económicas, sino que tienen que ir dirigidas también a asegurar algo que es especialmente necesario en una sociedad moderna para un medio público de difusión de información: la calidad y la independencia.
EN UN UNIVERSO mediático en el que la búsqueda de mayores beneficios económicos no se detiene ante consideraciones éticas o culturales, proliferando los denominados --con justicia-- "programas basura", la sociedad necesita algún tipo de protección: la protección de poder acceder libremente a programas de alta calidad educativa, informativa y cultural; programas que nos ayuden a ser mejores, y que nos eviten la vergüenza de esos espectáculos que ningún medio financiado con fondos públicos debería permitir. Ésta era, por cierto, una de las recomendaciones del ya citado comité de sabios, y no sabemos si este apartado de su informe --para el que sus miembros estaban especialmente capacitados-- va a desempeñar algún papel en las reformas que se pretende introducir ahora.
Asegurar la independencia es otra de las tareas imperativas. Al margen de si en la actualidad esa independencia (de los poderes públicos) es mayor o menor, el hecho es que ésta se ha violentado tantas veces en el pasado que es absolutamente necesario establecer con claridad y rigor las condiciones que la aseguren (todavía, como paradigma de lo que no se puede permitir, está el recuerdo de cierto presentador --de cuyo nombre no quiero acordarme-- de informativos de TVE, que, en un ejercicio vergonzoso, e inadmisible, de prepotencia, "cumplió" un mandato judicial de rectificación refiriéndose al demandante por sus siglas, CCOO).
El ejemplo de la BBC británica debe constituirse en un modelo a imitar. Hace poco, sin ir más lejos, se estableció una comisión independiente para revisar su carta de derechos y obligaciones, y una de las recomendaciones fue que se estableciese una comisión que asegurase que el dinero que la BBC recibe mediante licencias individuales se emplee en el interés público.
Aunque en España no existe ese mecanismo de licencias (podría, por cierto, haberse al menos discutido), el equivalente es la financiación que recibe del Estado. Lo que desde luego no es equivalente, como comisión independiente, son los consejos que hoy existen, absolutamente dependientes de partidos políticos, para el control o dirección del ente RTVE.
EN LA ESPAÑA de las autonomías, TVE no es la única televisión financiada en buena medida con fondos públicos: también están las denominadas televisiones autonómicas. Mucho de lo que ahora estoy diciendo, especialmente en lo que se refiere a independencia política, podría aplicársele a ellas. Hace poco, en un espectáculo que yo considero bochornoso, esa dependencia política se manifestó en Telemadrid cuando ésta retransmitió en directo una manifestación en contra de políticas del gobierno central, que no es el mismo, por supuesto, que el que rige la autonomía madrileña.
Un último comentario, éste referente a los trabajadores del ente RTVE, que ante las reformas anunciadas están recurriendo a una táctica tan vieja como, si no se emplea con cuidado, cuestionable: el boicot a programas, especialmente a los más populares. Es lógico que se tome en cuenta su opinión, pero no deberían rechazar, por motivos personales o gremiales, una reforma absolutamente necesaria, y que ellos mismos deberían haber solicitado, con la misma vehemencia que ahora emplean, hace ya mucho tiempo.