La pandemia que estamos sufriendo, además de su gran impacto sobre la salud y la vida, está introduciendo grandes transformaciones en el mundo global. Está acelerando el cambio del escenario geopolítico, está afectando a nuestros sistemas económicos -particularmente en los países occidentales-, y está teniendo evidentes consecuencias sobre la desigualdad, y la cohesión social y territorial. Unas consecuencias que empiezan a alterar y a debilitar el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones políticas y que se hacen más patentes en nuestras democracias representativas.
Obviamente, todos aquellos que no creen en la democracia liberal intentan utilizar todo lo que sucede para avanzar en su objetivo de implantar el autoritarismo político y el dirigismo económico y social. Más que nunca, es necesario que los valores que la sustentan, sean claramente defendidos por todos. No hay libertad real sin democracia representativa, división e independencia de poderes, respeto a la ley y a los derechos individuales. Como tampoco la hay sin economía de mercado y respeto a la propiedad y a la iniciativa privada. Con esas carencias desaparecen, en la práctica, las sociedades abiertas, la libertad y la igualdad. Y se dificulta la configuración de un orden internacional basado en reglas, el multilateralismo, la cooperación, el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, y la existencia de límites al uso abusivo de la fuerza.
La pandemia está alterando asimismo nuestras actitudes y nuestra forma de vivir y trabajar. Es posible que algunos de esos cambios sean transitorios y que volvamos a la "antigua normalidad". Pero parece evidente que algunas cosas pueden afectar nuestras pautas de comportamiento para el futuro, particularmente si la situación se alarga, a la espera de vacunas y tratamientos eficaces.
Precisamente, esa incapacidad para ponerle un horizonte incrementa aún más un sentimiento preponderante: la incertidumbre.
Una incertidumbre que provoca impactos económicos -y por lo tanto, sociales- indiscutibles. En una economía de mercado, el riesgo va asociado a la toma de decisiones, tanto de los consumidores como, sobre todo, de los inversores. Se trata de calcularlo y tomar decisiones. El riesgo puede cuantificarse.
Lo que no puede cuantificarse es la incertidumbre. Y la consecuencia es la parálisis de muchas decisiones hasta que se clarifique el alcance de los riesgos. Estamos ahí.
Es cierto que ese retraimiento de los agentes económicos y que afectan negativamente a la demanda efectiva, puede intentar compensarse mediante incrementos masivos de gasto público que, a su vez, como se está haciendo, tengan como objetivo la sostenibilidad del tejido empresarial sano, mediante aportes de liquidez, así como de los niveles de renta, para cuando se recupere la confianza.
Otro debate es por cuánto tiempo tales políticas ultra-expansivas, tanto monetarias como fiscales, pueden ser sostenibles a medio y largo plazo y sin planes de recuperación de algo tan inexorable como la ley de la gravedad: la "restricción presupuestaria", como suele recordar el Gobernador del Banco de España, no va a dejar de existir.
Por ello, las políticas de oferta -incluidas las reformas estructurales pendientes-, para incrementar la competitividad de nuestras economías, son más necesarias que nunca.
Esas políticas, así como los compromisos a largo plazo de recuperación de la estabilidad presupuestaria, pueden contribuir a la generación de certidumbre por parte de los poderes públicos. La incertidumbre es tan amplia porque afecta también al diagnóstico y, por consiguiente, a las posibles terapias. La mejor manera de intentar reducirla es mediante acciones políticas de largo alcance, basadas en amplios acuerdos, y que, desde luego, vayan más allá de una o dos legislaturas.
La gobernanza y la gestión del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) es un claro ejemplo de los beneficios de hacer las cosas bien (pensando, precisamente, en la próxima generación y no en las próximas elecciones) y de los riesgos asociados a la introducción de criterios estrictamente políticos que, por otra parte, harían peligrar su desembolso.
Debemos evitar criterios de reparto en función de apoyos puntuales a iniciativas legislativas del Gobierno. Y, desde luego, más allá de la necesaria sensibilidad hacia la cohesión territorial, evitar aplicar a priori, sin conocer aún los proyectos, la distribución de esos fondos entre las diferentes Administraciones.
Todo ello va en la dirección opuesta a lo que la UE ha pretendido, después de arduas y complejas negociaciones internas. El Fondo no pretende otorgar margen fiscal a los Gobiernos para incrementar el gasto, sin incurrir en mayor déficit o en incrementos insostenibles de deuda. No son fondos para gastar. Para ello, ya existe el SURE, el MEDE o, incluso el BEI.
Son fondos para invertir en la modernización de las economías. Para avanzar sustancialmente en la digitalización y en la adaptación a la imprescindible y profunda transformación de nuestro sistema energético y medioambiental. Para hacer a las economías más competitivas. No son para su libre uso por los gobiernos. Son recursos que requieren de una amplia, profunda y honesta colaboración entre el sector público y el sector privado, con la aportación de proyectos que se sustenten en inversiones estratégicas y en compromisos claros en su ejecución práctica y temporal. Si no, no van a venir. Conviene no olvidar que la decisión final no corresponde a los Gobiernos, sino a las instituciones comunitarias.
De ahí la importancia de acertar en la gobernanza del proceso. La articulación del mismo pasa por los Planes Nacionales. Por ello, necesitamos mecanismos transparentes de coordinación, que afectan a diversos ámbitos de gobierno y que pueden afectar a varias empresas de sectores diversos. Pero se requiere que la colaboración público-privada sea realmente efectiva, con instituciones adecuadas para ello y para la toma de decisiones.
La prioridad está, pues, en que se presenten proyectos bien fundamentados, claros y con compromisos concretos. No puede ser previo a ello que se introduzcan criterios políticos a priori sobre el reparto.
La política es imprescindible. Pero evitemos que pueda estropear el rigor, la seriedad y la coherencia que, a cambio de recibir ayuda, se nos exige.
Como es natural. No puede haber solidaridad sin responsabilidad.
Josep Piqué es ex Ministro del Gobierno de España (1996-2003).