Gobiernos locales en una nueva Europa

Hoy empieza en Barcelona la Cumbre Europea de Gobiernos Locales, un encuentro en el que las administraciones de proximidad podrán tomar la palabra para conseguir un legítimo protagonismo en el proceso de construcción europea. Los gobiernos locales contamos con importantes razones a la hora de reivindicarnos también como sujetos activos de la nueva realidad que surge del Tratado de Lisboa. Me refiero a las 32 redes sectoriales que, tanto en el marco de la Unión Europea como en el ámbito más extenso del Mediterráneo, se han ido desarrollando y que permiten atender con mayor eficacia numerosas cuestiones sociales desde el nivel local.

La Diputación de Barcelona tiene un acreditado historial europeísta, como lo prueba el gran número de proyectos europeos en los que ha participado en los últimos 15 años. Así, en el período 1994-2009 ha intervenido en 136 proyectos, que han contado con una cofinanciación europea global de 122,9 millones de euros.

Pero la participación en proyectos es solo una parte del trabajo realizado, y el valor político que generan es intangible pero puede tener una proyección mayor y más trascendente. Porque la UE es también una institución que genera normas y que gestiona procesos que tienen efectos directos sobre los gobiernos locales. Por ello es importante que las entidades intermedias como la diputación hagan oír su voz en Europa y trasladen a las instituciones centrales de la Unión las necesidades y las demandas de la ciudadanía a la que representan.

Esta labor de lobi reclama la actuación conjunta entre entidades que tienen los mismos intereses. Trabajar en red es uno de los objetivos de los gobiernos locales europeos para defender su labor al servicio de los pueblos y ciudades, al servicio, en definitiva, del bienestar de la ciudadanía.

Debe subrayarse, por otra parte, que en un contexto global de crisis económica y financiera los gobiernos locales están adquiriendo un protagonismo creciente como actores económicos, ya que es en el ámbito local donde se viven en primera instancia los problemas globales, y a menudo es a los ayuntamientos a los que la ciudadanía reclama una primera respuesta. En este sentido, los gobiernos locales se convierten en actores de la globalización y, al mismo tiempo, asumen el papel de decisivos instrumentos de transformación de los pueblos y las ciudades para afrontar el futuro de una manera sostenible.

Europa en su conjunto necesita pensar y repensar cuáles son las políticas locales innovadoras que necesitan las ciudades y pueblos para alcanzar la cohesión económica, social y territorial. Trabajar en forma cooperativa, trabajar en red, ofrece un marco privilegiado para tejer el entramado necesario en un contexto de cambio de paradigma económico y financiero. Las redes se han consolidado como una estrategia de actuación prioritaria para las ciudades y regiones europeas, ya que permiten ofrecer respuestas locales a problemas de carácter local, dando respuesta a las necesidades ciudadanas y generando a su vez estructuras eficaces de gestión y de gobierno. El Tratado de Lisboa ofrece una oportunidad magnífica para el desarrollo de estas estrategias locales, ya que subraya el reconocimiento de la autonomía local, la subsidiariedad, la ampliación de poderes del Comité de las Regiones, la cohesión territorial y la diversidad.

El tratado permite desarrollar el principio de la gobernanza multinivel, que incluye a los actores locales como protagonistas relevantes en la elaboración y desarrollo de políticas innovadoras y creativas, sumando competencias entre los distintos niveles de decisión gubernamental. Europa ofrece, por tanto, en estos momentos y mediante el tratado, una oportunidad excepcional a los gobiernos locales para afianzar su presencia y demostrar su capacidad de decisión y gestión de políticas ciudadanas de vanguardia.

Es en este contexto que debe entenderse la cumbre que hoy se abre en la capital de Catalunya con el lema Gobiernos locales para una nueva Europa, que ha impulsado la Diputación de Barcelona coincidiendo con la presidencia semestral española de la UE. La cumbre, en la que participan un millar de personas y más de 120 ponentes, ofrece un espacio de debate e intercambio entre gobiernos locales de toda Europa, los estados de la Unión, las instituciones europeas y el sector privado, con el fin de ofrecer respuestas y promover propuestas concretas en el marco de una nueva agenda europea en la que los gobiernos locales tienen que asumir un papel más activo y decisivo, y en el contexto actual de crisis económica y financiera, en el que todos los niveles de gobierno están comprometidos en un enorme esfuerzo colectivo.

La cumbre se propone, pues, como una oportunidad para mejorar tanto la tarea de los gobiernos locales como las políticas generales de la UE. La calidad de las intervenciones previstas y el relieve de las delegaciones asistentes constituyen una excelente noticia en un momento en el que la ciudadanía espera que los responsables políticos y sociales den un paso al frente para abordar la compleja situación actual y los retos del futuro. Unos retos que tienen que abordarse desde la doble perspectiva local y global, que no son sino dos caras de la misma moneda.

Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona.