Grandeza y servidumbre de la Transición

En octubre de 1975, mientras Franco agonizaba lentamente en La Paz, pasó por Nueva York un destacado empresario español que tenía, y aún tiene, la política como hobby, y nos reunió a los corresponsales españoles, como solía hacer habitualmente. Aunque esta vez las circunstancias eran especialísimas. Nos estábamos jugando el futuro del país y el nuestro. Del camino que tomara iba a depender que pudiéramos incorporarnos al mundo que pertenecíamos geográfica e históricamente, eso que llamamos «Occidente», o seguíamos excluidos de él, con el riesgo de volver a la confrontación civil, incivil de hecho. Nuestros colegas norteamericanos nos pedían datos sobre Madrid y Barcelona, dispuestos a venir en cuanto sonaran los primeros disparos y emular a Hemingway. No era sólo el pasado tempestuoso de nuestro país en el último siglo y medio lo que generaba tales previsiones, era también una realidad política: hasta entonces no se había producido el paso de un régimen autoritario a una democracia sin más o menos derramamiento de sangre.

De ahí las dos preguntas que nos hizo el citado empresario: ¿Cuánto creéis que durará Don Juan Carlos en el Trono? y ¿qué régimen desearíais para España tras Franco? Debo confesar que nuestras previsiones no mostraban mucho olfato, no sé si por la lejanía de la situación española o por estar demasiado influenciados por la política norteamericana. En la primera pregunta todos desbarramos. Hubo quien le daba a Don Juan Carlos meses en el Trono y hubo quien le daba años, pero ninguno se aproximó a los 39 que reinó. En la segunda, hubo opciones para todos los gustos: monarquía, república, incluso alguien aventuró «una regencia mientras se procedía a una transición ordenada para evitar daños mayores». Cuando me tocó el turno, mi respuesta fue: «La forma de gobierno del Estado me da lo mismo. Lo que me interesa es que haya separación de poderes, sobre todo del judicial, y libertad de los medios de comunicación».

Por fortuna, nos equivocamos y, ante el asombro del mundo y alivio nuestro, España cambió de régimen sin convulsiones, estableciendo un precedente en la historia política: se podía pasar de la dictadura a la democracia sin derramamiento de sangre. Bastantes nos siguieron, con más o menos suerte, e incluso la Perestroika de Gorbachov fue un remedo del intento. Frustrado, por desgracia. El caso es que la Transición española se realizó con suavidad «de la ley a la ley», y se abrió un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.

¿Milagro, previsión, circunstancias favorables internas y externas, los hombres indicados en el momento oportuno? Puede que hubiera de todo, pero no voy a meterme en ello al no tener espacio y, además, no nos pondríamos de acuerdo. El caso es que se produjo, para nuestra suerte, y los españoles pudimos gozar del periodo más amplio de paz y prosperidad que recordábamos, con el añadido nada despreciable de que nos incorporábamos al devenir europeo, del que vivíamos distanciados.

Últimamente, sin embargo, la Transición ha entrado en crisis e incluso hay quien, con el extremismo que nos caracteriza, quiere apartarla de un manotazo y empezar de nuevo de cero. ¿Para cometer los mismos errores? Posiblemente, ya que lo que en realidad se persigue es el viejo «quítate tú para ponerme yo». Que los males que estamos sufriendo se deben a los errores cometidos en la Transición no cabe la menor duda. Como de que esos errores son menores que los beneficios que nos ha reportado. Lo que conviene, por tanto, es localizarlos, eliminarlos y procurar no repetirlos. ¿Cuáles fueron esos errores? Voy a hacer una somera exposición de ellos.

En primer lugar, la poca, por no decir nula, experiencia del pueblo español en democracia, que no consiste sólo en una serie de normas e instituciones, constitución, partidos, elecciones, cámaras, etc., sino fundamentalmente en Responsabilidad, con mayúscula, individual y colectiva. Todos y cada uno somos responsables de lo que hacemos sin que sirvan amistades, atajos, filiaciones o cualquier otro vínculo para medrar. En una democracia, al revés que en una dictadura, los ciudadanos son mayores de edad con derechos, pero también deberes, que deben cumplir. Pero el deporte favorito de los españoles ha venido siendo incumplir la ley. A la Constitución del 1978 le ha ocurrido lo que a la de 1812: excelente en sus principios, pero sin la ciudadanía correspondiente. Y los primeros en no cumplirla han sido los partidos políticos, auténticos «conseguidores» de privilegios. Resultado: más que una democracia hemos tenido una partitocracia. Pero cuidado: los hemos elegido nosotros.

El segundo gran fallo fue sortear los grandes problemas nacionales con la semántica en vez de cogerlos por los cuernos. Creer que con un concepto equívoco como «nacionalidad» se solucionaban los nacionalismos, o que catalanes, vascos y gallegos iban a contentarse dándoles el rango de «comunidad histórica» eran ganas de engañarse. El nacionalista quiere una nación y la nación quiere un Estado. Es más, como en España lo que sobra es historia, lo que ocurrió fue el dispararse de los nacionalismos por todas partes e incluso el convertirse algunos de ellos en soberanismos. Es la situación en la que nos encontramos. Debió afrontarse el problema de raíz, dejando establecido desde el principio que todos los españoles somos iguales y que no hay diferencias entre sus territorios, acabando con todo tipo de privilegios que se remontan a la Edad Media en algunos casos. Entonces podía hacerse, por el recuerdo de la Guerra Civil y el afán de democracia en la inmensa mayoría de la población. Hoy es mucho más difícil, debido al desgaste de la democracia y al aumento del sentimiento nacionalista impulsado por haber dejado la educación en manos de los políticos locales, que falsificando la historia y apelando a los sentimientos más primitivos de los electores, han creado identidades imaginarias. «La Comunidad de Madrid en la Prehistoria», es el título de un libro de texto de su hijo que me muestra indignado un vecino. Como si la Comunidad de Madrid existiera en la Prehistoria. Errores de este calibre son los que nos han llevado a la situación actual y sólo pueden superarse estableciendo la responsabilidad como norma de conducta y la igualdad absoluta de todos los españoles. No se trata de «recentralizar» sino de democratizar. Acabamos de ver que la inmensa mayoría de los españoles se sienten como tales, lo que rechazan es la discriminación social o económica. Una Segunda Transición sólo puede asentarse corrigiendo los errores de la primera. ¿Seremos capaces? De eso ya no estoy tan seguro, visto que reaparecen los viejos defectos, la insolidaridad en cabeza. De ahí que se me ocurra apelar al remedio que anunciaba Ortega en la conferencia que dio en la Sociedad «El Sitio», de Bilbao, el 12 de enero de 1910. «España es el problema; Europa, la solución». Europa está dispuesta a ayudarnos. Ya lo está haciendo.

José María Carrascal, periodista.

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