Las negociaciones entre Grecia y las instituciones,eufemismo de la denostada troika, nos han tenido en vilo, y prometen seguir haciéndolo. Así, el lunes de la semana pasada se saldaron con un fracaso y el viernes se llegó a un principio de acuerdo, que fue ratificado el martes pasado. Para prorrogar el programa de rescate por cuatro meses el Gobierno griego ha propuesto una lista de reformas que ha sido aprobada por el Eurogrupo, con reticencias expresadas en sendas cartas de Draghi por parte del Banco Central Europeo (BCE) y de Lagarde por parte del FMI. Asimismo, diversos Parlamentos europeos deberán aprobar la extensión del rescate, entre ellos el también reticente Bundestag.
El Ejecutivo griego pedía un crédito puente de unos meses para poner la casa en orden, realizar un 70% de las reformas propuestas sin tener que privatizar, reincorporar a los funcionarios despedidos, subir el salario mínimo, y poner en práctica un plan contra la pobreza. Grecia plantea ideas como pagar la deuda según el crecimiento de su PIB, dado que no es realista pensar en devolverla cuando casi dobla el producto griego, y reducir el superávit primario (sin contar los pagos por intereses de la deuda) a un 1,5% en lugar del objetivo actual del 4,5%.
El resto de países europeos, con Alemania, Finlandia, y los países rescatados y austerizados (Irlanda, España y Portugal) a la cabeza, demandan que se cumplan los acuerdos del programa de rescate (de cerca de 200.000 millones de euros) y que la ayuda llegue mediante una extensión del programa. Alemania teme que si cede ante las demandas griegas ya no habrá ningún mecanismo para que los países rescatados hagan reformas en sus economías y a la larga el euro no sea sostenible.
En el proceso de negociación con Grecia amenaza implícitamente con Grexit, la salida del euro, con la convicción que la UE no lo puede permitir por el posible efecto contagio que produciría en la periferia europea. La salida del país heleno no importaría tanto por su peso económico, que es muy pequeño, ni por las posibles repercusiones en los acreedores, puesto que la mayoría de los privados han sido sustituidos por públicos. Importaría porque demostraría que el euro no es irreversible: si sale Grecia, entonces, ¿por qué no Portugal y otros en cadena?
Sin embargo, la salida del euro no es deseada por la mayoría de los griegos ni por su Gobierno. En efecto, países con instituciones débiles, y Grecia es un caso paradigmático, prefieren delegar la política monetaria en manos más seguras que las domésticas. Al mismo tiempo una salida del euro podría poner en peligro los subsidios —que no rescate— que recibe Grecia en condiciones normales de la UE.
El punto débil de la posición negociadora de Grecia es que no tiene un plan B creíble. Syriza ha intentado plantear el fantasma de un plan alternativo aliándose con la derecha extremista y nacionalista griega, profundamente antieuropea, y haciendo amagos de que podría aceptar la ayuda de Rusia. Sin embargo, se ha impuesto el peso de la realidad con una fuga de depósitos de Grecia estimada en un 15% desde noviembre. El resultado es que Grecia cumplió el plazo del pasado viernes dado por el Eurogrupo para pedir la extensión del rescate. Sin este, Grecia no se podría financiar en los mercados y hubiera tenido problemas de liquidez tan pronto como el mes que viene. Sin el rescate el BCE hubiera podido retirar la financiación a la banca griega, y muy probablemente se hubiera impuesto un corralito en Grecia. Es preciso notar que la insistencia griega de que el país está quebrado implica que sus bancos también lo están, dado que en su cartera tienen mucha deuda emitida por el Estado griego. El problema es que el BCE solo puede prestar a bancos solventes.
El resultado nos recuerda otra vez el juego del gallina, en donde dos conductores van en curso de colisión y cada uno quiere convencer al otro de que ceda el paso. Así se pueden entender los desplantes de los negociadores griegos en relación a toda posibilidad de extensión del rescate y el ultimátum del Eurogrupo para aceptarlo. El Gobierno griego afirmaba que no quería contemplar la posibilidad de pedir una extensión del rescate que vence a finales de mes, al que consideraba “absurdo” e “inaceptable”. Según esta interpretación Grecia habría cedido.
Sin embargo, hay otra interpretación, que se basa en el dilema del prisionero, otro modelo famoso de la teoría de juegos, de la cual el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, es un experto. Aquí, Grecia y la eurozona tienen la posibilidad de cooperar: Grecia reformando su economía, y la eurozona extendiendo la ayuda, pero cada parte tiene incentivos para desviarse del acuerdo, puesto que si Grecia reforma, la eurozona puede tener la tentación de ahorrarse el dinero, y si la eurozona ayuda incondicionalmente, Grecia puede tener la tentación de seguir con su economía clientelar en lugar de reformarla. El acuerdo del pasado martes se puede leer como el primer paso de la cooperación.
El terreno común donde fundamentar un acuerdo, que de hecho no sería válido para Grecia solamente sino que se podría extender a la periferia europea, es pactar un programa serio de reformas y la relajación de las restricciones presupuestarias (la austeridad, para entendernos). Grecia necesita una profunda reforma que haga sostenible y amplíe su Estado de bienestar, y para ello es necesario un sistema fiscal moderno, equitativo y eficiente. Además, debe aumentar la competencia en los mercados para acelerar el crecimiento de su productividad y reconstruir su maltrecha economía.
El plan de reformas propuesto por Grecia contiene la terminología adecuada de manera que las partes implicadas se sientan relativamente confortables, aunque ya hemos visto las reticencias de Draghi y de Lagarde que apuntan a su falta de concreción y posible incompatibilidad con el programa de rescate. El plan aborda los aspectos esenciales en una reforma de la economía griega, pero el lenguaje es suficientemente ambiguo para permitir interpretaciones divergentes. Promete el control del gasto público, que en un elevado 56% no es para salarios o pensiones; una reforma fiscal para recaudar más y de manera más justa; y un plan contra la pobreza. Es más vago en términos del mercado laboral, IVA y posibles aumentos de las pensiones.
En resumen, no queda claro si es un plan factible desde el punto de vista presupuestario. Por ejemplo, al mismo tiempo que se indica que se controlarán los gastos en sanidad se dice que se aumentarán las prestaciones y se garantizará el acceso universal.
En mi opinión, si el Gobierno griego se embarca en un programa de reforma integral que modernice el sistema fiscal y elimine las barreras a la competencia rompiendo con las prácticas clientelares, la eurozona debería ser muy generosa en términos de reestructurar su deuda y permitir más alegría presupuestaria. Esta es la oportunidad y el reto que tiene el Gobierno griego en los próximos cuatro meses.
El pacto de reformar y relajar la austeridad, y de que haya un mayor estímulo económico en los países más solventes como Alemania, es la única vía de salida a la crisis económica y para consolidar el euro. Ahora bien, si el Gobierno griego utiliza el margen que le puede dar la eurozona para mantener y ampliar las prácticas clientelares y no modernizar el país, entonces no habrá salida. O peor: sí que la habrá, pero será fuera del euro. Ahora hay que dar un voto de confianza al Gobierno de Alexis Tsipras, pero el tiempo apremia.
Xavier Vives es profesor de IESE.