Griñán y los dinosaurios

Las razones más sólidas para evitar el ingreso en prisión de José Antonio Griñán, tras la sentencia del Tribunal Supremo de los ERES andaluces son las que con el lógico afecto, respeto y prudencia esgrimen su familia y amigos, basadas en el historial de sus servicios al Estado, su honorabilidad personal, su edad y una década de calvario judicial y mediático a la espera de sentencia. Pero las que vienen de su hinchada política son más más bien salvavidas de plomo. Por lo pronto calificar la sentencia de injusta, como han hecho algunos miembros del gobierno es una aberración política en la antesala del desacato. Por su parte, el constitucionalista Javier Pérez Royo ha exonerado a los expresidentes, Chaves y Griñán, de los delitos de prevaricación y malversación con el argumento de que, individualmente, los presidentes de gobierno y comunidades autónomas sólo pueden ser protagonistas de actos de naturaleza política, no administrativa.

Y, pues que la prevaricación y la malversación son de esa naturaleza, remata el silogismo con la imposibilidad jurídica de que los ex presidentes hayan cometido delito alguno. No es un argumento nuevo en la historia del derecho político: la inviolabilidad de los reyes, la infalibilidad de los papas y el aforamiento de parlamentarios están grabados en las doctrinas y constituciones con lógica institucional, pero también como permanencias atávicas del absolutismo o el derecho divino. Pero las razones de Pérez Royo, llevadas el extremo, bien podrían terminar estableciendo la imposibilidad casi ontológica de que la política delinca. Subyace aquí esa convicción, tan cara a los sátrapas, que niega la responsabilidad pública de sus acciones, subrogada en una responsabilidad individual que responde sólo «ante Dios y ante la Historia», obviando al fastidioso y plebeyo trámite de los tribunales de justicia.

Pero el argumento más demoledor es el de que los ex presidentes habrían de quedar exonerados porque en la trama de los ERES «no se han llevado un euro». Se acepta así explícitamente la existencia de un delito…. del que quedas exonerado si en su comisión no te has llevado un euro, algo tan irrelevante como alegar que no tienes multas de tráfico. Pero resulta que ese delito- el pillaje de las arcas públicas para crear una red clientelar al servicio de un partido- es consecuente a la perversión estructural de nuestra democracia que necesita, para su mismo funcionamiento, saquear al Estado para comprar voluntades con prebendas antes que convencerlas con la fuerza de las razones.

Es un crimen de dimensión colectiva y, por tanto, no tipificado, por cuanto no cabe meter en la cárcel a todo un sistema, de ahí que la justicia necesite de su concreción en unos delitos sí tipificados, como la malversación y la prevaricación, a los que se les pueda poner rostro y grilletes, y así quedarnos tranquilos liquidando en un asunto individual de cárcel y confesionario la gravedad social de una rapiña institucionalizada. La magnitud de este delito se mide por la del perjuicio infligido, al que no es ajena la dañina hipertrofia burocrática de nuestra administración.

España es el país de la OCDE con más cargos públicos y de libre designación, que suben y bajan en esos otros convulsos y periódicos ERES que son las elecciones. Los enchufes y cesantías de nuestro sistema suponen una actualización del bipartidismo de la Restauración , cuya esencia, implacablemente definida por Galdós, sigue siendo la de «pastar en el presupuesto». Y así la administración pública parasitaria se va engordando paulatinamente con cargos pesados y costosos, pero virtuales y falsos como los dinosaurios de un film de Spielberg, cuya presencia obedece menos a la necesidad de atender una compleja maquinaria de gobierno, que a la de «engrasar» una descarada maquinaria de partido.

Es difícil calcular el daño social, político y económico de esta corrupción sistémica, pero con toda seguridad es mucho mayor que el fraude de los ERES andaluces, y con una diferencia sustancial: el caso andaluz se atajó, se juzgó y se condenó. Pero la sangría económica de las redes clientelares que ahora mismo, en la impunidad del día a día, se está produciendo en todas las esferas de nuestro Estado Autonómico es incalculable, porque no sólo hay que tasarla en el despilfarro de sueldos inútiles sino en el coste social que para el progreso de un país supone la institucionalización del cohecho, sustituyendo la eficiencia del mérito por la subvención de pastueños tuercebotas. Respetemos a la Justicia, porque es lo último que nos queda. Pero convengamos en que tras el juicio a Griñán asoma el incómodo fantasma de una responsabilidad colectiva. Y mucho nos tememos que cuando despertemos del exorcismo, los dinosaurios sigan ahí.

Salvador Moreno Peralta

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