Guantánamo: ¿un paraíso legal?

José Miguel Oviedo es profesor de Literatura en la Universidad de Pensilvania (EL PAIS, 05/07/04)

Acabo de ver en la televisión norteamericana un programa especial de la cadena nacional ABC, presentado e investigado por Peter Jennings, sobre los prisioneros detenidos desde fines del 2001 en la base norteamericana de Guantánamo, Cuba, acusados de estar vinculados al grupo Al Qaeda o a otros grupos similares. Aunque varios hechos son bastante conocidos por la opinión pública, ésta es la primera vez que un programa televisivo documenta, analiza y evalúa a fondo la cuestión; el resultado es realmente impresionante y merece reflexión.

Primero, unos hechos básicos para establecer el contexto. La base naval de Guantánamo, en la bahía del mismo nombre, fue establecida en 1902 gracias a un acuerdo gestionado, bajo presión norteamericana, tras la declaración de independencia cubana respecto de ese país, declaración nominal porque garantizaba la intervención del Ejército norteamericano en la isla si sus intereses corrían peligro. Guantánamo es un símbolo y una garantía de esos dudosos derechos que se han mantenido por más de un siglo y que han sobrevivido la retórica antiimperialista de la revolución de Castro, quien sabe bien que debe aceptar esa espina clavada en su territorio como una contradicción viva y constante a su vocinglero nacionalismo. A ninguno de los dos países le conviene llamar mucho la atención sobre esa base fuertemente equipada con armas y sistemas de espionaje, status quo que ha resultado -hasta hoy- dos veces más duradero que el régimen castrista.

Pero, inesperadamente, Guantánamo volvió a la primera plana de la prensa mundial cuando los Estados Unidos, ya en abierta campaña antiterrorista mundial, decidió usarlo como centro de detención para sospechosos de actos de ese tipo. Unos casi 600 hombres, principalmente capturados en Pakistán y Afganistán, tras su intervención bélica en este último país, fueron a parar allí. ¿Por qué Guantánamo? Aparte de las razones obvias de seguridad, remotez geográfica y el absoluto control militar sobre los cautivos, hay una razón legal, que el documental televisivo presenta como prioritaria: Guantánamo es un territorio de ultramar bajo autoridad norteamericana, como Guam y otras islas del Pacífico (la historia prueba que todo gran imperio necesita esos estratégicos puestos de avanzada para asegurar su territorio y la continua expansión de sus fronteras geopolíticas), pero donde el sistema normativo de la metrópolis no es estrictamente aplicable; es decir, no es Estados Unidos, pero el único poder vigente es el del comando de sus tropas allí estacionadas. Se trata de un limbo jurídico que permite hacer, gracias a tecnicismos legales, lo que no se puede hacer, bajo el amparo constitucional, en el propio territorio norteamericano, como detener indefinidamente a una persona sin formularle cargos específicos, sin acceso a defensores ni a visitas familiares. (Una observación oportuna: en el frenesí o la histeria desatada por la lucha antiterrorista, esta protección legal ha sufrido una notoria y peligrosa erosión dentro del país, en algunos casos de extranjeros y aun de ciudadanos norteamericanos con nombres árabes, lo que ha provocado la alarma de los defensores de los derechos civiles.) Este limbo ha sido torpemente presentado por Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, como un verdadero paraíso para los detenidos en ese lugar; en una declaración pública, hecha entre gestos sonrientes, Rumsfeld señaló que los prisioneros no tenían de qué quejarse: gozaban de “un buen clima”, celdas apropiadas y un “trato humano”.

La verdad del paraíso rumsfeldiano es muy distinta: las celdas son realmente jaulas de malla de acero cuyas dimensiones son de ocho pies por ocho. En esas jaulas la luz no se apaga nunca y las salidas al exterior son contadísimas o inexistentes, si el prisionero supone algún peligro. Nadie les habla y no están autorizados a recibir correo de sus familiares o amigos. Pero más importante que eso es el hecho de que les han tendido una trampa legal: la de no considerarlos prisioneros de guerra y, por lo tanto, no estar sujetos a las normas de la Convención de Ginebra. Si no son prisioneros de guerra, ¿qué son? ¿Delincuentes comunes, individuos desprovistos de toda protección legal? Y si son terroristas, ¿por qué no se les imputan cargos y se les juzga? De los centenares de prisioneros de Guantánamo, hasta ahora sólo tres han sido formalmente acusados y unos 147 -con pasaportes británicos y australianos- han sido excarcelados, mediante gestiones de sus respectivos países.

Entre ellos no está un tal Al-Aoda, un joven kuwaití cuyo problema parece ser haber estado -como se dice- en el lugar equivocado a la hora equivocada. Según su padre, que aparece en cámara hablando fluidamente inglés pues se educó en el extranjero, su hijo fue uno de los miles que agitaron banderitas americanas cuando sus tropas entraron a Kuwait y lo liberaron de la invasión de Sadam Husein. El padre cuenta que su hijo fue a Pakistán por razones humanitarias a ocuparse de los refugiados que escapaban del brutal régimen talibán; se hallaba cerca de la frontera con Afganistán cuando la invasión americana hacía inminente la caída del Gobierno, lo que aceleró el flujo de la gente que trataba de escapar de los horrores de la guerra. Fue en esa confusión de fuerzas políticas en pugna, acciones militares, muertes y fugas sin control donde el joven Al-Aoda cayó prisionero de las tropas victoriosas y fue a parar a Guantánamo. Muy posiblemente es inocente de terrorismo, pero ¿cómo probarlo en Guantánamo? ¿Cómo defenderse de un sistema que no presume la inocencia de nadie y que no escucha a quienes podrían defenderlos?

En realidad, Guantánamo es un campo de concentración cuyos prisioneros están cumpliendo penas indefinidas que nadie ha dictado y que, por lo tanto, son irrevocables. La finalidad de ese castigo parece ser doble: por un lado, la intimidación general como lección para los que aún están libres; por otro, la de usarlos como fuente de información sobre posibles planes terroristas. Por eso están sometidos a un intenso programa de interrogatorios. Uno de los interrogadores y un jefe militar de Guantánamo declaran ante las cámaras que esas sesiones pueden comenzar en medio de la madrugada y durar de cuatro a 20 horas seguidas, generalmente con manos esposadas y a veces con los pies sujetos por grilletes en el piso. La técnica de privación del sueño es bastante habitual: para ayudar a “quebrarlos” se usan luces estroboscópicas y música rock a altísimo volumen. Los declarantes insisten que, aparte de eso, no se les somete a tortura física ni a maltratos de otro tipo. En cualquier caso, para evitarse problemas, esas sesiones se realizan en espacios con espejos que permiten la observación secreta, pero no hay vídeo ni audiograbaciones “para no dejar testimonios que puedan ser usados en alguna investigación”. El impacto emocional o psicológico que esas técnicas dejan en la población encarcelada es real pero difícil de probar.

Por supuesto, el valor o monto de la información que se reciben de esas “confesiones” son desconocidos. Algunos de los expertos legales consultados sostienen que estas prácticas están obteniendo un resultado contraproducente: como los interrogadores premian la buena voluntad del interrogado con estímulos o premios muy apreciados en esas condiciones (una botella más de agua, por ejemplo), en busca de testimonios autoincriminatorios, y como estos saben que, digan lo que digan, no van a salir en libertad, los prisioneros brindan información deliberadamente falsa o exagerada, con lo cual la obsesiva creencia de que estos hombres poseen “información útil” para la guerra antiterrorista se muerde la cola y resulta ineficaz o sospechosa. Los pabellones eran cuatro; ahora son cinco: los que entran a este último son los que saben que nunca saldrán vivos y que sus confesiones no cambiarán las cosas: salvo que ocurra algo imprevisible, no saldrán de sus jaulas, a miles de kilómetros de distancia de su tierra y de los suyos.

Seguramente hay culpables entre ellos, ¿pero cuántos inocentes? ¿Es éste el precio de la lucha contra la violencia sanguinaria de grupos fundamentalistas? Esta guerra, encabezada por Estados Unidos y convertida por George W. Bush en la piedra angular de su política exterior, tiene, por lo menos, cuatro aspectos: el militar, el político, el legal y el moral. La información se concentra generalmente en los dos primeros. Hoy sabemos perfectamente que la victoria militar de sus tropas sobre el régimen de Sadam Husein fue rápida y eficaz sobre todo porque el Ejército iraquí se negó a pelear o se desplomó ante la superioridad numérica y técnica de las tropas invasoras; luego supimos que las grandes razones invocadas para la invasión -las presuntas armas de destrucción masiva y la conexión Husein / Al Qaeda- fueron falsas, y descubrimos también que, por la torpeza e ignorancia personales de Bush, la conducción política del problemático Irak posbélico ha sido otro desastre que ha causado la muerte de más de 800 soldados americanos.

Lo que suele perderse de vista es el hecho de que, como consecuencia de todo esto y tal vez por primera vez en su historia, las bases mismas del sistema jurídico norteamericano han sido gravemente afectadas y que hoy no ofrecen la misma garantía que ofrecían antes, sobre todo si uno tiene sospechosas raíces árabes o simplemente extranjeras. Esta abdicación de grandes principios morales es la mayor victoria que pueda concedérsele al terrorismo: sin necesidad de otro atentado de proporciones masivas, ya ha provocado el temor de no estar protegido por leyes iguales para todos, de que no garantiza la vida civilizada y que más bien nos discriminan. La triste verdad es que estamos más cerca de perder la batalla por la defensa de esos principios que de ganar la guerra contra el terror.

Nota: pocos días después de escrito este artículo, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una importante decisión: declaró que los ciudadanos norteamericanos y extranjeros detenidos en Guantánamo tienen derecho a defenderse ante cortes federales y a contar con la asistencia de abogados. Esta resolución se considera un duro golpe a la nueva doctrina legal que la Administración de Bush ha intentado establecer como parte de su política antiterrorista; el alto tribunal la rechazó como una forma de “cheque en blanco” que podía convertirse en un “medio de opresión”. Una gran batalla legal se avecina sobre este asunto.