Guatemala es un país en tensión entre la justicia y el sistema de corrupción e impunidad: más de 680 personas han sido acusadas en los últimos cuatro años y el presidente está siendo investigado por un acto de corrupción. A diez semanas de que esta disputa se dirima en las elecciones presidenciales del 16 de junio, el país está en peligro de convertirse en otra dictadura en el vecindario, como la derechista en Honduras o las bolivarianas en Nicaragua y Venezuela.
Las dictaduras en este siglo no han llegado en tanquetas y golpes de Estado. La alianza del presidente Jimmy Morales en Guatemala ha seguido un preciso manual contra la democracia que hemos visto en otras naciones latinoamericanas y europeas: cooptar el sistema judicial o desoír sentencias de jueces que no les convienen, expulsar a representantes de la comunidad internacional, presionar al órgano electoral y, finalmente, perseguir a los opositores. En este último paso se encuentra el gobierno guatemalteco: está decidido a sacar de la boleta a la principal candidata de la oposición a la presidencia, la exfiscala Thelma Aldana.
Desde que fue acusado de financiamiento electoral ilegal en 2017, el presidente Jimmy Morales ha atacado el Estado de derecho. La persecución de Aldana es el golpe antidemocrático más reciente de su gobierno y es también uno de los más preocupantes: la actual fiscala, Consuelo Porras, un juez y su ministro de Gobernación han iniciado una persecución judicial contra Aldana por una irregularidad mientras dirigía el Ministerio Público. Se trata de un caso endeble, pero a criterio de cuatro magistrados del Tribunal Electoral de Guatemala, esta acusación es suficiente para sacarla de la carrera presidencial.
La decisión aún s e puede apelar ante las cortes, pero el proceso puede prolongarse hasta apenas un mes antes de la elección. Como resultado, si la dejan participar en la contienda tendrá menos tiempo que sus adversarios para hacer campaña, una ventaja para la alianza en el poder que será difícil de remontar.
No hay democracia si no compiten los opositores al gobierno en elecciones limpias. No se trata de defender la candidatura de Thelma Aldana, sino de exigir el respeto a las reglas democráticas y permitir que participen ella y todos los opositores políticos en la contienda electoral.
Guatemala ha logrado en la última década combatir la impunidad hasta instancias inimaginables en otro momento de nuestra historia y ser un ejemplo sobresaliente de los esfuerzos democratizadores de la comunidad internacional, como la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por la ONU. Este órgano y el Ministerio Público (MP) guatemalteco fueron determinantes para alcanzar un sistema judicial verdaderamente independiente del gobierno en turno. Con este esfuerzo, quedaron al desnudo los vestigios de un Estado capturado por élites militares y empresariales. Este avance es el que hoy está en riesgo.
El trabajo de Thelma Aldana, quien de 2014 a 2018 dirigió el MP, fue esencial para encaminar al país hacia la democracia. Fue la principal aliada de la Cicig: puesta a elegir entre ser fiel al presidente Otto Pérez Molina u optar por la independencia judicial, decidió lo segundo. Con las investigaciones de la Cicig y su liderazgo en el MP se demostró que la élite empresarial guatemalteca financió de manera ilegal la campaña del expresidente Otto Pérez Molina en 2011 y también la de Jimmy Morales en 2015. Esto derivó en que la justicia guatemalteca enjuiciara y encarcelara a la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, y al presidente, Otto Pérez Molina.
Ese trabajo, sin embargo, se ha frenado con Jimmy Morales, un comediante que llegó a la presidencia respaldado por un partido minoritario de militares retirados.
En esa contienda, la fuerza política opositora más importante es el Movimiento Semilla, un partido político progresista que registró como candidata a Aldana. Fue una decisión arriesgada. Aunque Aldana es el mayor símbolo en el combate a la impunidad, también tiene enemigos poderosos: no solo a los políticos implicados en casos de corrupción, sino a empresarios, jueces y militares, que también han sido procesados e investigados en su tiempo en el MP. Durante cuatro años fue una figura incómoda para los sectores que antes eran protegidos por un sistema de justicia dócil. Así que Aldana representa una amenaza para ese bloque que apoya a Jimmy Morales: si llegara a la presidencia, ha prometido continuar con su cruzada anticorrupción.
Sandra Torres —lideresa de la Unidad Nacional de la Esperanza y ex primera dama de 2008 a 2011— es la principal rival de Aldana. Según la única encuesta independiente hasta ahora, Torres tiene 17 por ciento de intención de voto; siete puntos arriba de Thelma Aldana. Pero hay dos matices importantes: la encuesta fue realizada antes de la presentación oficial de la candidatura de Aldana en Semilla y antes de que la Cicig acusara a Torres de financiamiento ilegal en su campaña presidencial de 2015.
Todo parece indicar que Sandra Torres es la única candidata con posibilidades de vencer a Thelma Aldana y también la única posibilidad de continuar con la agenda antidemocrática de Morales, quien ya controla la Corte Suprema de Justicia y, aparentemente, el Ministerio Público. El partido de Torres ha protegido al presidente de dos intentos de destitución y la candidata misma fue protegida por la fiscala Porras y unos jueces de la acusación de la Cicig.
La alianza del presidente ha mostrado que quiere devolver al país al tiempo en que una cúpula militar tenía todo el poder. Sacar a Aldana de la carrera presidencial es el paso más decisivo para lograrlo. Sin candidatos opositores en la boleta electoral, ¿se puede hablar de una votación limpia y legal? Y si persiguen y capturan a la opositora más visible, ¿cuánto falta para que vivamos en un país lleno de presos políticos, como Nicaragua?
La democracia en Guatemala está en peligro, pero aún se puede salvar. En el pasado, solo una combinación intensa de jueces independientes, de presión ciudadana —como cuando miles de ciudadanos rodearon por casi diez horas el congreso después de que la alianza parlamentaria del presidente buscó crear una amnistía para los delitos de corrupción— y la labor periodística ha logrado que algunas políticas autoritarias del gobierno de Morales y sus aliados se reviertan.
La prohibición de la candidatura de una opositora al gobierno es una falta inadmisible a las condiciones democráticas. Guatemala, con apoyo internacional —especialmente de América Latina y Estados Unidos—, necesita impedir este paso más hacia el abismo autoritario.
Martín Rodríguez Pellecer es periodista guatemalteco y dirige el medio nómada.gt