Guerra de Irak: un delito sin castigo

El mes pasado, en conmemoración del 15.º aniversario de la Guerra de Irak, el New York Times publicó una conmovedora columna de Sinan Antoon, un novelista iraquí que vive en Estados Unidos, titulada “Hace quince años, Estados Unidos destruyó mi país”. Antoon se opuso tanto a la brutal dictadura de Saddam Hussein cuanto a la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, que hundió el país en el caos, avivó las tensiones étnicas y provocó la muerte de cientos de miles de civiles. Al desestabilizar la región, la guerra hizo posible el ascenso de Estado Islámico, que en su momento cumbre llegó a ocupar una porción considerable del territorio iraquí, que usó como base para decapitar adversarios, intentar un genocidio contra la minoría yazidí y difundir el terrorismo en todo el mundo.

La guerra para derrocar a Saddam fue sin duda alguna un error trágico. Antoon sostiene que también fue un delito, en cuyo caso, sus perpetradores siguen sueltos. Pocos estadounidenses se tomarán en serio la afirmación de que el presidente George W. Bush y otros miembros de su gobierno (entre ellos el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de defensa Donald Rumsfeld y John Bolton, recientemente designado por el presidente Donald Trump como nuevo asesor de seguridad nacional) son criminales de guerra. Tampoco habrá muchos británicos que piensen lo mismo del primer ministro Tony Blair. Pero los argumentos para acusarlos de un delito son sorprendentemente sólidos.

La idea de que iniciar una guerra de agresión es un delito se remonta por lo menos a 1919, cuando después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versailles dispuso el enjuiciamiento del káiser Guillermo II “por haber cometido una ofensa suprema en contra de la moralidad internacional”. Dicho juicio nunca tuvo lugar, pero después de la Segunda Guerra Mundial, una de las acusaciones por las que el Tribunal Militar Internacional (en los Juicios de Núremberg) condenó y sentenció a muerte a doce líderes nazis (entre ellos el Reichsmarschall Hermann Göring, el ministro de asuntos exteriores Joachim von Ribbentrop y el mariscal de campo Wilhelm Keitel) fue haber iniciado y librado una guerra de agresión.

Después de los juicios, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas codificó los principios jurídicos subyacentes en un documento conocido como los Principios de Núremberg, según los cuales, toda persona que cometa un acto que constituya delito conforme al derecho internacional es legalmente responsable y pasible de castigo, independientemente de la legalidad del acto para la legislación del país donde se cometió. El documento establece diversos delitos contra el derecho internacional, entre ellos “planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales” y “participar en un plan común o conspiración” para iniciar o hacer una guerra de esas características.

Estados Unidos y el Reino Unido fueron actores centrales de los Juicios de Núremberg. ¿No hay cierto tufillo a hipocresía si no aplican los mismos criterios a sus propios líderes?

La invasión de Irak fue un acto de agresión contra un país que no estaba atacando ni amenazando atacar a otro país. También fue una violación de la Carta de las Naciones Unidas, que declara: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”. Bush y Blair intentaron conseguir la autorización del Consejo de Seguridad para el ataque, con el argumento de que Irak no estaba cumpliendo sus compromisos de desarme. Pero Francia, China y otros miembros del Consejo de Seguridad se negaron, y sostuvieron que había que permitir que continuara el trabajo de los inspectores que estaban en Irak buscando presuntas armas de destrucción masiva. No obstante ello, Bush y Blair siguieron adelante con el ataque.

Bolton, en aquel momento subsecretario de Estado para control de armas y seguridad internacional, fue parte del “plan común” para librar una guerra de agresión, y criticó duramente a los analistas de inteligencia que se negaron a convalidar los argumentos del gobierno de Bush. John Prados, de los Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, comentó: “No se puede culpar a los analistas de inteligencia que trabajaban con Irak por concluir que sus carreras corrían peligro si no decían lo que la administración Bush quería oír”. El gobierno de Bush invocó pruebas falsas y engañosas (sobre todo documentos fraguados que pretendían demostrar que Irak había intentado comprar uranio a Níger) para justificar la decisión ya tomada de invadir el país petrolero.

Blair justificó la invasión como necesaria para detener crímenes de Saddam contra la humanidad. Pero en un libro de memorias reciente, Gareth Evans (ex ministro de asuntos exteriores de Australia y principal autor de la doctrina de “responsabilidad de proteger”, base de los criterios internacionales actuales sobre cuándo se justifica una guerra de intervención humanitaria) refutó tal afirmación. Evans reconoce que en los ochenta y principios de los noventa Saddam cometió atrocidades que hubieran justificado una intervención, pero a principios de este siglo su conducta ya “no era más escandalosa que la de otros violadores seriales de los derechos humanos en todo el mundo”.

Es improbable que Bush, o cualquier miembro de su gobierno, enfrente alguna vez un juicio por el delito de iniciar una guerra de agresión. El tribunal obvio sería la Corte Penal Internacional. El presidente Bill Clinton firmó el tratado constitutivo de la CPI, pero el gobierno de Bush se retiró, y desde entonces Estados Unidos no es parte del tratado.

Pero eso no implica que no tenga sentido discutir la naturaleza presuntamente criminal del ataque a Irak. Desde la asunción de Trump al cargo ha habido un aumento de tensiones internacionales. La designación de Bolton, con sus ideas intransigentes en relación con Irán y Corea del Norte, las avivará todavía más. Es hora de acordarnos de que las guerras de agresión suelen ser un error y siempre son un delito, incluso aunque quede sin castigo.

Peter Singer is Professor of Bioethics at Princeton University and Laureate Professor at the University of Melbourne. Traducción: Esteban Flamini.

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