La economía española camina con paso firme hacia la recesión. Los indicadores de coyuntura sugieren que en estos momentos el crecimiento del PIB está, valga la paradoja, parado. Además, las perspectivas de inflación para los próximos meses son, debido a la escalada del precio del petróleo, malas. Y para colmo seguimos perdiendo competitividad, a juzgar por el abultado y creciente déficit exterior. Tenemos un problema que va más allá de una crisis coyuntural: nuestro modelo de crecimiento se ha quedado obsoleto. Depende demasiado de sectores de escaso contenido tecnológico para, a largo plazo, garantizar la mejora de nuestro nivel de vida en la sofisticada 'aldea global'. Pero cambiar ese modelo es algo que requiere paciencia y voluntad política. Las reformas acarrean costes electorales, ya que no existe cura que alivie males sin contrariar a algunos, aunque sean pocos, durante cierto tiempo.
La política presupuestaria debería, sin poner en peligro el objetivo de estabilidad, coadyuvar al cambio de modelo de crecimiento. Pero, tras las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno, cuyo coste ronda los 10.000 millones de euros, el margen es reducido. De hecho, el sector público probablemente cierre 2008 con un saldo en torno a cero. Aún así, dados los superávit de los últimos años, cabe la posibilidad de acometer medidas adicionales. Medidas temporales, destinadas a facilitar la aceptación de las reformas mediante el apoyo a los colectivos más penalizados por la crisis. Su eficacia dependerá de la rapidez con que se implementen y del efecto multiplicador que ejerzan sobre el gasto. El riesgo actual reside en que ese margen adicional se dilapide en la reforma del modelo de financiación autonómica, a fin de no hipotecar las aspiraciones del partido del Gobierno en Cataluña.
Parte de esas reformas deberían ir encaminadas a dotar al mercado de trabajo de mayor flexibilidad. Más allá de retóricas estériles sobre quién pagará la factura de la crisis, lo cierto es que si los salarios no reaccionan al cambio de ciclo el ajuste recaerá sobre el empleo. De seguir así, el próximo año la tasa de paro podría superar el 12%, lo cual demuestra que el efecto del acuerdo de junio de 2006 -en favor de la contratación indefinida- está ya agotado. Si se quiere reducir la temporalidad no hay más remedio que instaurar un único contrato laboral, que acabe con la multiplicidad de costes de despido. Otro tabú al que necesitamos enfrentarnos es el de la negociación colectiva, que en su versión actual frena la capacidad de adaptación de las empresas al entorno competitivo. Así, en lo que concierne a los salarios, debería tener más en cuenta la diferente productividad generada por sectores, empresas y trabajadores.
Llegamos así a lo que sin duda constituye la gran carencia de la economía española: la decepcionante evolución de la productividad desde mediados de los noventa. Pero hubo que esperar diez años hasta el lanzamiento del denominado Plan Nacional de Reformas, cuya andadura se ha demostrado más compleja de lo previsto. Y es que nuestro déficit en productividad está asociado a una realidad difícil de aprehender: el progreso técnico. Al analizar éste en detalle vemos que, a pesar de las lagunas que todavía arrastra la educación, el capital humano ha seguido una trayectoria positiva. Donde las cosas han ido bastante peor es en lo relativo al capital tecnológico, cuya acumulación ha sido muy inferior a la de nuestros competidores. Junto a este desfase tecnológico tenemos un segundo problema, ya que el rendimiento que extraemos del mismo está muy por debajo del que cabría esperar.
Este escaso aprovechamiento del capital tecnológico está relacionado, en parte, con el complejo entramado institucional que rodea a las empresas españolas. Una complejidad a la que no es ajeno un modelo territorial descentralizado, en que el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas está sometido a continuo examen. Se produce así un volumen excesivo de regulación, cuya calidad es, además, manifiestamente mejorable. Se regula sin analizar los costes e incentivos que tiene la norma en los agentes económicos, ni sus ventajas frente a otras alternativas. A esto se añade toda una serie de iniciativas que, aunque bien intencionadas, constituyen un despilfarro de recursos. Baste recordar los magros resultados de las políticas de I+D+i emprendidas a bombo y platillo por algunas autonomías, debido a la falta de coordinación institucional en una actividad cuyos costes fijos son prohibitivos.
Puede decirse, por tanto, que cambiar el modelo de crecimiento no sólo es una cuestión de tiempo y dinero. También se requiere voluntad política para, entre otras cosas, definir un modelo territorial claro y estable. Si prospera la negociación bilateral con el Estado que reclaman los negociadores catalanes, la reforma estatutaria en curso será otra oportunidad perdida. Ese enfoque esboza una 'España a dos velocidades', en la que, mientras unas comunidades se regirían por un modelo federal, otras -Euskadi, Navarra y Cataluña- lo harían por reglas más próximas a uno confederal. Con independencia de sus consecuencias políticas, ese diseño institucional es contrario a la unidad de mercado. Nos hallaríamos así con que España desteje por la noche lo que la Unión Europea teje durante el día. A la postre, dejarse seducir por el narcisismo de las pequeñas diferencias es la manera más segura de fracasar en un mundo global.
Juan Bengoechea