El pasado lunes 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso unicameral del Perú, haciendo uso de una prerrogativa constitucional. Aduciendo que se le había negado la confianza «fácticamente» por segunda vez a este Gobierno, mandó a sus casas a todos los parlamentarios, en su mayoría de la opositora Fuerza Popular, un partido de derecha conservadora liderado por Keiko Fujimori, hoy encarcelada como su padre, el expresidente Alberto Fujimori.
Las interpretaciones de la disolución del 30-S han sido como la política peruana de los último veinticinco años: polarizadas entre antifujimoristas (izquierda y parte del centro y de la derecha liberal) y fujimoristas, a quienes esta vez se han sumado el legendario Partido Aprista y parte del centro y de la derecha liberal.
Un grupo importante de constitucionalistas, coincidiendo con los opositores a Vizcarra, ha denunciado que la negativa «fáctica» es una figura que no existe en la Carta Magna. Al presidente Vizcarra se le otorgó la confianza explícitamente, minutos antes de que apareciera en las pantallas de los televisores anunciando su radical decisión, y horas después de haber elegido, conforme a ley, a un magistrado del Tribunal Constitucional.
El antifujimorismo, en cambio, ha considerado que «lo legal no es siempre lo legítimo», como sostuvo el exprimer ministro Salvador del Solar el día que presentó la moción de confianza. Dicha moción solicitaba que se suspenda la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y que el Congreso, al haber elegido aceleradamente a uno de ellos (el que inclinaba la balanza en favor de, por ejemplo, la liberación de Keiko Fujimori que está en su agenda), había implícitamente negado la confianza.
Mario Vargas Llosa escribió en «El País» que «… ha hecho muy bien el presidente del Perú, Martín Vizcarra, disolviendo el Congreso… (La decisión) ha sido rigurosamente constitucional, como lo han nombrado muchos juristas eminentes…». Y en declaraciones posteriores, sostuvo que era «un Congreso de pillos y semi-analfabetos», una «vergüenza para el Perú».
Un punto de vista opuesto ha sido el de Mary Anastasia O’Grady, miembro del consejo editorial del «Wall Street Journal», quien ha calificado esta decisión de «golpe de Estado», comparándola con la de Hugo Chávez en Venezuela, veinte años atrás: «Lo que está claro es que la separación de poderes, tan crucial para la democracia, está en peligro», sostuvo.
¿Entonces, hubo o no golpe de Estado? Si uno evalúa desapasionadamente lo sucedido, no lo puede comparar, por ejemplo, con el autogolpe de 1992, cuando Fujimori violó explícitamente la Constitución de 1979, disolvió el Congreso y llamó a una Asamblea Constituyente, la que redactó la Constitución vigente, aprobada por referendum en 1993.
A lo que sí se parece lo sucedido el 30-S es a la «interpretación auténtica» de la Constitución que hizo Alberto Fujimori en el 2000, para reelegirse una vez más, antes de ser defenestado. A partir de ese momento, el país se partió en fujimoristas y anti-fumoristas. Y los cercanos al fujimorismo que hoy se proclaman defensores del Estado de Derecho no salieron entonoces a protestar: se sometieron a dicha interpetación tan «jalada de los pelos» como la de Vizcarra.
Lo más probable, entonces, es que las elecciones congresales a las que se ha convocado para enero de 2020 se desarrollen con normalidad. Si Vizcarra es o no un dictador en ciernes, al estilo del socialismo del siglo XXI, es algo que solo el tiempo nos lo dirá. Entre tanto, la economía peruana se mantiene casi inmune al «ruido político» gracias al «ancla» que significa el capítulo económico de la Constitución, uno de los más liberales de América Latina.
Con el fujimorismo disminuido a su mínima expresión, esperamos que el Perú pase de una polarización estéril, a una confrontación de ideas. En ese escenario, la izquierda buscará cambiar la Constitución para destruir la economía de mercado que, mal que bien, avanza. Pero también, como ha afirmado Álvaro Vargas Llosa, la derecha liberal deberá recuperar el espacio que la derecha conservadora (el fujimorismo y sus satélites) le arrebató hace treinta años.
Daniel Córdova fue Ministro de la Producción del gobierno de Martín Vizcarra.