En 1908, en la madrileña calle del Piamonte, el PSOE y la UGT abrieron la primera Casa del Pueblo, con más de 35.000 afiliados. Pocos saben que esta impresionante afiliación se debió a que el incipiente socialismo español tuvo la capacidad de incorporar a un nuevo tipo de formación política a 103 sociedades y organizaciones obreras, casi todas clandestinas.
Los partidos obreros estaban ampliamente cuestionados por imitar a las formaciones burguesas, pero con el tiempo resultaron estructuras políticas eficaces, no solo para sacar a las multitudes a la calle, actividad en la que competían con sindicatos y otras organizaciones, sino también para llevar las primeras reivindicaciones obreras a las Cortes Generales y convertirlas en ley.
Para los fundadores del PSOE, la idea de un partido “de arriba abajo” no tenía mucho sentido, las Casas del Pueblo estaban compuestas por una multitud de pequeños grupos organizados en torno a centros de trabajo, asociaciones de ayuda a las viudas y cajas de resistencia para las largas huelgas de la época. De hecho, muchos de los primeros líderes socialistas lucharon contra formas monolíticas de organización política como las que, pocos años después, impondría la Internacional Comunista con la creación del primer partido realmente centralizado, el PCE.
Entre tanto, los partidos socialdemócratas europeos accedieron a sus Parlamentos nacionales y ganaron peso político gracias a la implicación de la clase obrera en las dos guerras mundiales. Los partidos evolucionaron. Los socialdemócratas fueron capaces de convertir en líderes parlamentarios a antiguos líderes revolucionarios y de lograr mejoras efectivas de las condiciones laborales en las fábricas. Los partidos conservadores, inicialmente clubes de aristócratas y alta burguesía, incorporaron a amplias capas de pequeños propietarios a sus filas, sin los cuales, con la extensión del sufragio, era imposible ganar las elecciones. Con el desarrollo del parlamentarismo, se puso en pie un incipiente Estado de bienestar y, con este, creció la clase media. Los partidos que hoy conocemos son fruto de esta historia.
Pero en la década de los sesenta la historia ya era otra. La mayoría de las leyes electorales europeas (la española, más tarde, también) primaban deliberadamente la representación de las zonas rurales, donde los partidos conservadores tenían más peso. Los partidos socialdemócratas comprendieron que solo aglutinando a fuerzas electorales minoritarias podían arrebatar el Gobierno a los conservadores. Además, había que centralizar los partidos para evitar disputas internas que los electores entendían como muestras de debilidad. También hubo una innovación tecnológica fundamental que cambió la forma de ganar campañas electorales, y que aceleró el proceso de transformación de las organizaciones políticas: la televisión.
A finales de los setenta, el PSOE que salía de clandestinidad había aprendido muchas de estas lecciones: proclamó la “unidad de la izquierda” para hacer frente a la sopa de letras de las primeras elecciones generales, centralizó fuertemente el partido para evitar espectáculos como el protagonizado por la UCD y, por último, hizo frente al reto electoral presentando a un candidato telegénico y carismático, Felipe González, quien ya como presidente del Gobierno impulsó la mayor modernización social y económica de la historia de España. Una historia de éxito.
Durante los últimos 30 años, hemos experimentado una espectacular transformación social y económica y otra revolución tecnológica: Internet. Los partidos se han mantenido aislados de estos cambios por la combinación de dos causas. Por un lado, una ley de partidos que ha permitido que estos se organicen “libremente”, es decir, en función de las prioridades de sus dirigentes. Y, por otro, un sistema electoral orientado hacia la formación de mayorías parlamentarias estables que garanticen gobernabilidad y alternancia; es decir, hacia el bipartidismo.
Un ciudadano o ciudadana que quiera ejercer su derecho constitucional a la participación política solo tiene dos posibilidades: someterse a las normas de partidos fuertemente centralizados para garantizar el apoyo a sus cargos electos, y elegir entre las listas cerradas y bloqueadas que esos mismos partidos ofrecen a los electores. Mientras la economía crecía y los Gobiernos se alternaban, quedaba el recurso al voto de castigo para expresar el malestar difuso con el que los españoles siempre nos hemos relacionado con nuestro sistema político.
La crisis lo ha cambiado todo. Pero ha habido otras crisis antes que, lejos de debilitar la política, la han fortalecido. Esta es la primera crisis en que los políticos responsabilizan de la situación a un “mercado” a quien no podemos votar ni castigar. Proclamar la incapacidad de la política para regular la economía es una estrategia con premisas falsas y con resultados suicidas, cuya primera víctima puede ser el bipartidismo.
Pese a lo que dice el discurso oficial, no fue en torno a la Monarquía como se construyó el consenso constitucional; fue en torno a un cierto bipartidismo imperfecto, a la posibilidad de que la UCD y el PSOE se alternaran democráticamente en el Gobierno. Y funcionó, porque la descomposición de la UCD dio paso de forma natural al PP, y además CiU y PNV se han sentido cómodos y, hasta fechas recientes, han contribuido de forma notable a la estabilidad democrática.
El pluripartidismo al que apuntan las encuestas, y del que tenemos amplia experiencia en el gobierno de comunidades autónomas, no es bueno ni malo, pero lo cambia todo. No solo cambia el funcionamiento del Gobierno, exigiendo una cultura del pacto extraña en una sociedad altamente polarizada como la española, sino que exige cambios en la propia organización de las formaciones políticas, porque votar a formaciones minoritarias ya no será una excentricidad reservada a las elecciones al Parlamento Europeo.
El PSOE, que tiene ante sí una importante cita este mes de noviembre, haría bien en revisar su propia historia y calcular cuántas de aquellas 103 sociedades obreras de 1908 estarían hoy fuera de la Casa del Pueblo, organizadas en Internet o encabezando mareas y movimientos sociales, porque encontrarían cauces de expresión política muy distintos a los partidos obreros de principio del siglo XX. La ley electoral y la ley de partidos ya no van a proteger a las grandes formaciones políticas mediante su aislamiento. Estas se enfrentan ahora al reto de volver a ser estructuras políticas eficaces si quieren conservar sus electores.
John H. Aldrich relata con maestría en Why parties? A second look una de las mayores transformaciones del sistema de partidos en Estados Unidos. En 1960, J. F. Kennedy, de familia católica, tenía pocas posibilidades de ser nominado a la Casa Blanca y lo logró solo porque la televisión impuso una competición basada en campañas centradas en el candidato, y la familia Kennedy disponía de recursos económicos y políticos suficientes para crear la primera red de apoyo personal a la nominación, al margen de los comités del Partido Demócrata. Muchos declararon: “The party’s over” (el partido ha muerto). Pero pocos años después el Partido Demócrata se transformó gracias a los cambios internos introducidos por la Comisión McGovern-Fraser que, entre otras normas, generalizó las primarias abiertas para la elección de los principales candidatos electorales, sustituyendo el “tradicional sistema de coalición entre bastidores”.
Los partidos son organizaciones de éxito que se han ido adaptando a lo largo de su historia a los cambios de su entorno. Necesitamos transformar nuestros viejos partidos centralizados en estructuras flexibles, inclusivas, diversas pero vivas, que impriman dinamismo a una política que está a punto de morir de ineficacia, pero no por culpa de la crisis, sino porque a base de tanta estabilidad, al servicio de los cargos electos, han dejado de responder a las necesidades de los electores.
Joan Navarro es sociólogo, vicepresidente de Asuntos Públicos de Llorente & Cuenca.