Un año más, en el Día Mundial del Refugiado recién celebrado, hablar del sistema de acogida en España es hablar del valor que aporta la sociedad civil a través del trabajo de las organizaciones sin ánimo de lucro, las llamadas ONG, en alianza y colaboración con la Administración del Estado.
Se trata de un modelo que se configura como ejemplo de éxito en el contexto europeo e internacional por su carácter mixto impulsando, desde los principios de asociación y gobernanza, la participación de la sociedad civil a través de entidades sociales especializadas, bajo una acertada apuesta del Gobierno de España que garantiza la eficacia y eficiencia del sistema, como la historia reciente así lo acredita.
Cuando en los años ochenta se publicó la primera Ley de Asilo y se articuló el sistema de acogida español, el Gobierno socialista que en aquel momento estaba en el poder, contó con las entidades sociales para poder dar respuesta a esta obligación del Estado: la acogida y protección de las personas solicitantes de asilo y refugiadas como propuesta de participación social y a sabiendas de que la verdadera acogida, no es posible llevar a cabo con éxito sin implicar a la sociedad receptora. De este modo, se puso en marcha un modelo de colaboración que, desde entonces hasta ahora, ha sido un referente y una buena práctica tanto a nivel europeo como internacional.
El modelo fue avanzando y creciendo para poder ir dando respuesta al incremento de llegadas de personas migrantes vulnerables y refugiadas a nuestro país, y con los diferentes gobiernos que fueron alternándose, ya fuesen del Partido Popular o del PSOE, siempre se articuló en el marco de colaboración con las organizaciones sociales especializadas, las cuales aportaban profesionalidad, flexibilidad, eficacia y eficiencia tanto económica como de gestión.
En el año 1992 la acogida de bosnios se llevó a cabo a través de las organizaciones sociales; en 1999 la acogida de albanokosovares también; en 2011 la acogida de cubanos se gestionó del mismo modo; en 2016 con la llamada “crisis de los refugiados”, la llegada de población siria se siguió desarrollando bajo este modelo colaborativo; y así mismo ha sido en la reciente crisis canaria. En definitiva, en cada momento de crisis humanitaria en la que el Estado ha necesitado de la colaboración de las entidades sociales, éstas han dado un paso al frente ofreciendo la respuesta necesaria y actuando como colaboradoras de la Administración del Estado, no solo en los momentos puntuales, sino de forma estable y permanente dando continuidad y soporte al sistema de acogida español.
De este modo, nuestro sistema se ha convertido en un referente en Europa por su modelo de colaboración con las entidades sociales desde su nacimiento lo que va alineado con su propia identidad como país solidario y con su característica realidad migratoria, profundamente diferente a otros Estados miembros, debido a su situación geográfica como frontera sur de Europa que exige una forma de gestión distinta ante los flujos de llegadas continuos.
En definitiva, España cuenta con un modelo que garantiza la participación de la sociedad en la acogida y en el proceso de inclusión de las personas refugiadas y migrantes vulnerables pues, gracias a la proximidad con el territorio que aportan las ONG y el conocimiento de los recursos locales y el entorno social, se ofrecen respuestas inmediatas, innovadoras, eficaces y coordinadas con todos los agentes clave.
La participación de las entidades sociales en la gestión de políticas públicas se ha venido acreditando como exitosa en diversos ámbitos, habiéndose evaluado como ejemplo de buena práctica por parte de la Comisión Europea. El Programa Operativo de Inclusión y Economía Social del Fondo Social Europeo, ha destacado como una de las fortalezas del programa Español su dualidad pública/privada que permite integrar a entidades del tercer sector en su planificación, implementación y evaluación. Así mismo, la programación de los Fondos Estructurales y del Fondo de Asilo Migraciones e Integración, valora positivamente optimizar las estructuras de colaboración y aconseja continuar contando con el apoyo, experiencia, saber hacer y recursos de las entidades del tercer sector que contribuyen con una gestión profesionalizada, especializada y descentralizada a las actividades de manera favorable. Mientras Europa está planteando en los objetivos de los Fondos Next Generation, la necesidad de incorporar a la sociedad civil en estas responsabilidades, España ya tiene esa meta avanzada con éxito y debe defenderla, promoverla y exponerla como una buena práctica, reforzando y apostando por la generación de alianzas con el tercer sector en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En un momento tan polarizado como el actual, donde los discursos del odio crecen entre los sectores más radicalizados, las entidades canalizan la solidaridad de la ciudadanía, creando espacios imprescindibles de participación a través de su voluntariado, herramienta clave para la transformación social y comunitaria, previniendo narrativas de racismo, xenofobia y discriminación. De este modo, con su efecto multiplicador, llegan a espacios a los que las administraciones no alcanzan y en los que hoy por hoy es imprescindible trabajar. El sistema supone una inversión en beneficio del conjunto de la sociedad, obteniendo un retorno muy positivo en términos de inclusión, convivencia, generación de empleo y cohesión territorial.
El trabajo en red que aportan las entidades sociales en nuestro país históricamente, tejiendo alianzas con todos los actores clave públicos y privados, es fundamental. Su colaboración con administraciones, organizaciones internacionales como ACNUR y la OIM, empresas, organizaciones sociales, asociaciones de vecinos y vecinas, universidades y centros de investigación entre otros, son sin duda un enorme pilar que aporta como resultado un sistema de acogida participativo, transparente, e integrador que, con áreas de mejora, tiene grandes fortalezas que hay que cuidar y poner en valor.
Francisca Sauquillo es presidenta del Movimiento por la Paz (MPDL), Juan Antonio Miralles, presidente de Fundación CEPAIM, Carlos Berzosa, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Carlos Susía, presidente de la European Antipoverty Network (EAPN).