Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (EL PERIODICO, 05/05/05)
Desde hace unos años, tanto EEUU como la UE elaboran y actualizan anualmente unas listas de grupos y personas consideradas como terroristas, lo que ha permitido establecer unas políticas compartidas de persecución sobre dichos grupos. De entrada, la existencia de unas listas de este tipo parece razonable, pues no puede haber condescendencia sobre quienes se basan en el terror (entendido como pura amenaza o acto mortífero) para conseguir objetivos políticos o de otro tipo. No obstante, es también evidente que quienes integran o no las listas es una decisión subjetiva y muy vinculada a coyunturas políticas de unos gobiernos afectados, desde el momento que actores armados muy reconocidos por su criminalidad y afición a las masacres no figuran en dichas listas, y que nunca se considera terrorismo las actuaciones criminales protagonizadas por los estados u otros actores no militares con capacidad de destruir y causar terror.
Dejando a un lado el debate sobre qué es exactamente el terrorismo y quienes deberían ser calificados como terroristas, hay consideraciones que pueden hacerse sobre el tratamiento y la gestión que en estos momentos se da en el mundo con quienes han sido clasificados oficialmente como terroristas. Simplificando un poco, podría decirse que hay dos posturas: la de quienes abogan por "no hablar jamás con terroristas", y la de quienes piensan que "hay que hablar con los terroristas si ello permite acabar con su actividad".
AUNQUE se intente revestir de tintes morales o éticos, la cuestión es de simple estrategia, de oportunidad y de eficacia; esto es, de pragmatismo. La pregunta básica que hay que hacerse es si es mejor tratar de no pensar siquiera en el tema para no mancharse y poder mantener un discurso purista, o es más interesante ponerse las botas para pisar fango e iniciar un proceso de acercamiento y discusión o diálogo que conduzca a la autodisolución de algunos de esos grupos y, con ello, a poner punto final a su actividad terrorista.
En España, este debate es evidente entre dirigentes del PP (no hablar jamás con ETA ni con sus círculos de proximidad, aunque ello suponga mantener las cosas tal como están) y quienes desde actitudes más responsables piensan que hay que buscar cómo poner fin a la actividad armada de ETA y hacer cosas específicas para lograrlo lo antes posible.
La existencia de listas de grupos terroristas no ha sido nunca obstáculo para que muchos países entablen conversaciones con grupos terroristas que les afectan. Así lo están haciendo en Colombia, Filipinas, Palestina, Nepal, Sri Lanka y Uganda, por citar ejemplos bien diversos que afectan a tres continentes. En todo caso, y dentro de esta subjetividad selectiva de quién es o no es terrorista, lo cierto es que muchos gobiernos han abierto canales de comunicación con dichos grupos para llegar a un acuerdo que permita finalizar las hostilidades. Casi siempre, los primeros acercamientos se realizan en el exterior, y con frecuencia en terceros países donde existen personas exiliadas, diásporas o inmigración importante con capacidad de tender puentes. Otras veces son diplomacias formales las que se ofrecen para abrir ventanas de oportunidades e iniciar exploraciones, aunque ello comporte otorgar visados de entrada a personas calificadas como terroristas. Y cuando esas gestiones se ponen en marcha, nadie apuesta por reforzar las capacidades criminales o militares del grupo terrorista, sino todo lo contrario: se apuesta por su politización y entrada en la vida democrática. En las primeras exploraciones, siempre muy discretas, a veces intervienen servicios secretos, organismos regionales o internacionales (incluso la propia ONU), la sociedad civil que practica la diplomacia ciudadana o paralela, cancillerías, iglesias, políticos que asumen riesgos, comerciantes y un sinfín de actores.
EN CADA caso hay que ver lo que es más apropiado, quién tiene más capacidad de influencia y mayor confianza de los actores armados. Lo sustantivo, la agenda de negociación, depende de cada proceso. Un supuesto acercamiento con ETA no sería para hablar de reformar políticas del Estado, sino de los términos aceptables para su autodisolución, que probablemente incluiría beneficios jurídicos respecto a presos y garantías de que la demanda política de fondo, el derecho a que la sociedad vasca pueda ser consultada, pueda hacerse a través de los canales democráticos existentes. Lo absurdo y estéril, además de ridículo, sin embargo, es pensar que con el adversario, el terrorista o el demonio en persona no te verás jamás. En el mundo hay demasiados ejemplos de cómo abordar el fin del terrorismo con el diálogo como para que desde aquí no sepamos lo hay que hacer y algunos no se atrevan a ponerse las botas por miedo a ensuciarse la parte baja de los pantalones.