Hablar de veracidad

Por Joan Manuel Tresserras. Consejero del CAC (EL PERIÓDICO, 30/01/06):

La aprobación de la ley catalana de comunicación audiovisual y el acuerdo del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) reprobando algunos contenidos emitidos en dos programas de la COPE parecen haber suscitado un debate público sobre el ejercicio de la libertad de expresión y sus límites constitucionales. Aunque en realidad el desencadenante inmediato real de la polémica ha sido la oposición de gran parte del poder mediático de la capital del Estado a la creación de un consejo audiovisual español. El debate, pues, se desencadena por el interés de algunos grupos de comunicación en impedir que el audiovisual español tenga un modelo de regulación homologable al que tienen desde Gran Bretaña hasta Moldavia, desde Rumanía hasta Andorra, desde los lands de la federal Alemania hasta Bosnia. En Catalunya, esta autoridad, reforzada por la nueva ley del audiovisual, es el CAC. Los contrarios al nuevo abanico competencial del CAC, por tanto, se han pronunciado en contra de lo que en Europa se considera pieza básica de la tradición democrática.
El ejercicio de la libertad de expresión es pieza primordial de la calidad de la comunicación, y ésta lo es de la calidad democrática de una sociedad. Muchas voces que han intervenido en el diálogo lo han hecho desde una sincera preocupación y no como coartada de ninguna mala praxis. Pero alguna lo ha hecho empujada por una información sesgada y deformada. Hemos oído hablar de voluntad de cerrar emisoras, de persecución, de censura. ¿Qué cierres, qué persecución, qué censura? El CAC se ha pronunciado sobre fragmentos emitidos en unos determinados programas y ha dicho que esos contenidos constituían una vulneración de los derechos contemplados en el artículo 20 de la Constitución y de las condiciones del contrato de la concesión. Lo ha hecho en uso de sus funciones y con todas las garantías de procedimiento, incluido un período de alegaciones, para el operador. Nunca ha ejercido, ni ejercerá, ni puede ni quiere, ningún tipo de censura. EL CAC FUE creado y ha visto ampliadas sus competencias para proteger mejor la libertad de expresión en Catalunya y para regular mejor su espacio audiovisual. Y mejor significa más democrática, eficiente, justa e independientemente. Es un órgano colegiado, especializado, integrado por personas elegidas por el Parlament con las mayorías cualificadas (hasta hoy por unanimidad), que ha adoptado casi todos sus acuerdos por unanimidad. ¿Qué mejor garantía, institucionalmente hablando, puede tener la ciudadanía?
La libertad de expresión es de y para todos. No sólo de algunos, investidos del privilegio de contar con medios audiovisuales multitudinarios para hacer lo que les plazca. Es la libertad de emitir y recibir informaciones y opiniones, dentro de un marco legal. Y este no incluye la difamación a las personas y la tergiversación sistemática de los hechos. Las autoridades reguladoras independientes tienen que evitar la tentación de intervención gubernamental y de otros poderes públicos en los medios audiovisuales, así como su control abusivo por un número reducido de grupos económicos. El pluralismo de los actores, la manifestación libre de las opiniones y la voluntad de rigor en las informaciones son el objetivo irrenunciable. La defensa de la libertad de expresión no puede limitarse a la exhibición de un principio, o a su simple enunciación retórica. Hay que contar con mecanismos que garanticen una defensa práctica, constante y transparente. Que evite los silencios y las inhibiciones ante el insulto, la difamación, la mentira, la instigación al odio o al afán discriminador. Que denuncie a los que sólo enarbolan la bandera de la libertad para mantener una situación de impunidad.
El CAC se ha pronunciado sobre muchos temas. Con unas atribuciones más limitadas que las actuales ha trabajado junto con el sector pero con un compromiso básico de actuar al servicio del interés público. Y ésta ha sido la clave de su funcionamiento interno.
AHORA, EN el episodio de la COPE, el CAC no ha hecho más que pronunciarse una vez más, ejerciendo cuidadosamente sus atribuciones. Pero parece que ha roto un silencio consolidado, dado por supuesto. Hay quien dice que no debe decir nada sobre la veracidad, que sólo lo pueden hacer los jueces. ¿El Ofcom británico puede hablar de accuracy y el CSA francés de honnˆteté, y el CAC no puede hablar de veracidad? El sistema judicial siempre será la última garantía, pero la administración tiene la misión de velar por el cumplimiento de las leyes y el respeto de los derechos. En el audiovisual, la administración de referencia en Catalunya es el CAC. Y el CAC ha intervenido. Con prudencia y rigor. Por consenso. Era y es su responsabilidad. Para eso fue creado. Para la defensa de la libertad de expresión y de la calidad democrática. Por ello es necesario también un consejo audiovisual español.