Uno de los asuntos que, como era obligado, abordó Mariano Rajoy en el discurso de su fallida investidura fue la situación de la Unión Europea. Y su planteamiento tuvo un acierto: la reivindicación del papel del Gobierno de España como actor relevante en la toma de decisiones en Bruselas, sus referencias a aportaciones indiscutibles de nuestro país a lo largo de sus treinta años de integración europea, así como la decisión de transitar hacia una estrategia más proactiva, algo que se ha echado en falta en los últimos años de alineamiento con la posición de Berlín y que figuraba también en el ‘Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso’ negociado meses atrás entre el PSOE y Ciudadanos. Además, Rajoy no erró al asumir su responsabilidad en la toma de decisiones de la UE desde 2011, por ejemplo en relación al control del déficit, de cuya bondad dijo estar convencido con independencia de que constituya también una obligación una vez comprometido en Bruselas.
Dicho esto, es preciso igualmente llamar la atención sobre aspectos de su discurso europeo más alejados de la realidad. En primer lugar, dijo Rajoy que los españoles conocen las ventajas de la integración y estiman sus resultados. Datos sociológicos recientes dibujan otra tendencia. El apoyo a la UE, tras la caída sufrida durante la Gran Recesión, mejoraba desde 2013. Pero, a causa de la crisis de los refugiados, volvió a deteriorarse, primero, a partir de 2014, en Alemania, y meses después también en España, como en Italia o Francia.
En segundo lugar, Rajoy marcó como una fortaleza de nuestro país en las negociaciones supranacionales el consenso español sobre la profundización del proceso de integración, no solo parlamentario sino también en la calle. La realidad de hoy es que el 34% del electorado de Ciudadanos, el 37% del PSOE y el 44% de Podemos serían favorables a una redistribución de competencias entre los estados y Bruselas exactamente en dirección contraria a la que planteó el presidente en funciones. Esta preferencia por la renacionalización es compartida, más allá de los partidos euroescépticos, en Alemania por un tercio del electorado de la CDU, el SPD y los Verdes; en Francia, cuatro de cada diez personas próximas al centro-derecha (porcentaje ligeramente superior incluso al del Frente Nacional) y tres de cada diez socialistas; en Grecia, seis de cada diez votantes de Nueva Democracia y siete de cada diez de Syriza; y en Italia, cuatro de cada diez de Forza Italia y tres de cada diez del Partido Democrático.
Hasta cierto punto, es normal que el candidato del PP viva ajeno a las posiciones de los españoles, porque, otro dato relevante, los suyos sí son más partidarios de más Europa de lo esperable. Mientras que la regla es mayor apoyo a la integración europea en la izquierda, España, junto con Grecia y Suecia, constituye una excepción.
Los candidatos a la presidencia del Gobierno y los partidos políticos españoles hablan poco de Europa. Esta falta de interés ha contrastado con el comportamiento de otros partidos europeos, que sí han elaborado más mensajes sobre Europa durante los grandes debates sobre su futuro o, en el caso de los franceses, alemanes, italianos y hasta portugueses, a partir de la crisis económica. A esta anomalía española hay que sumar la inclinación generalizada de los gobiernos nacionales a culpar a Bruselas de las malas noticias atribuibles a decisiones adoptadas en el Estado y a ocultar su apoyo, e incluso impulso, a medidas aprobadas en el Consejo de la UE.
Estas malas prácticas han jugado en contra de la legitimidad democrática de la UE. Por eso es buena noticia que en su discurso Rajoy evitase diluir responsabilidades y subrayase las aportaciones y fortalezas nacionales. No obstante, en su llamada a contribuir a la profundización del proceso de integración sigue faltando voluntad de concreción. Y ojo con la trampa del consenso. Continúa pendiente, tanto en las elecciones al Parlamento Europeo como en las elecciones generales, y es imprescindible desde el punto de vista de la calidad democrática, presentar a los electores una oferta programática más claramente diferenciada sobre las distintas políticas públicas de la UE.
Cristina Ares Castro-Conde es profesora de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela.