Por Mikel Azurmendi (ABC, 10/03/03):
Los expertos aseguran que sólo en Madrid rondan los 150.000 y que suman, si no rebasan, el medio millón en el conjunto del país. La mayor parte de ellos trabaja, puede tener familia y hasta hijos escolarizándose. Al menos, hay ya unos 22.000 niños de éstos. La mayor parte de esos trabajadores no han llegado a nosotros en patera sino como turistas, con un billete de ida y vuelta, pero no han vuelto a su país prefiriendo ínfimos y más que precarios trabajos. Pero también se hallan en la construcción, en los bares donde tomamos la cerveza, en los lugares de alterne y en nuestras casas, limpiándolas o cuidando de nuestros niños y ancianos. A otros, que estaban en situación regular, les ha sobrevenido una serie de circunstancias fatales, como quedarse sin trabajo o sin la debida información, y de su condición de trabajadores «con papeles» en regla han llegado a otra de «sin papeles». La propia tardanza administrativa favorece también un período de irregularidad al que se le somete a quien tramita la renovación de sus papeles. Tampoco faltan quienes han cometido alguna falta o delito y se hallan bajo mandato judicial o, simplemente, tienen orden de expulsión que no ha sido ejecutada. En el cómputo total, éstos son una ínfima minoría, así como son otra mínima parte los malhechores que han venido aquí exclusivamente a delinquir.
Contra delincuentes, traficantes de personas y mafiosos, la Administración ya está preparando una batería de medidas que, en general, a casi todos ha parecido bien. Los que llegan en patera suelen ser enviados por lo general a su país de origen cuando hay convenios con él. Es decir, casi siempre, y también esto se ve bien. A menudo han solido ser expulsados según llegaban al aeropuerto. Pero aquí permanece una gran bolsa de inmigración irregular, esa que se afana trabajando como fuere, engrosando la ya abundante economía sumergida española, destrozando salarios y precios y no contribuyendo a la seguridad social ni a la fiscalidad, en espera de que el tiempo y circunstancias favorables la enraícen. La propia dificultad de entrada hace mella en ellos, incrementándose más todavía el valor de permanecer como fuere entre nosotros: valor que, como se sabe, es muy alto pues bastante más de la mitad de los inmigrantes dice haber venido para mucho tiempo, incluso para siempre (así, por ejemplo, el 61 por ciento de los magrebíes, 64 por ciento de los subsaharianos y 61 por ciento de los asiáticos, según la ASEP). Sin embargo, las condiciones en las que se desenvuelve su vida cotidiana rebasa el límite de lo que una sociedad democrática puede tolerar.
En efecto, a su circunstancia de verse expuestos a una mayor explotación salarial se le suman la incertidumbre psicológica y la pérdida de todo horizonte de dignidad. Esas familias de inmigrantes, sin poder planificar a medio plazo las condiciones de vida ni poder hacer previsiones de orientación profesional y ahorro, se ven sometidas a la ley de la naturaleza y a expensas del mero azar de un empleador bueno, un vecino compasivo o un compatriota mafioso, circunstancias donde sólo la virtud moral hace de regulador cívico: tanto para verse o no envueltos en el conflicto o en actos delictivos como para aproximarse a la ciudad de la ley. Es decir, no es la ley el mecanismo necesario de su seguridad personal ni el marco en el que se regula la opción de vida privada de la persona «sin papeles». Un individuo solo, con su desnuda voluntad y el azar de algunas otras voluntades benefactoras de su entorno es un ser que sólo logra sobrevivir... y eso que contribuye a la economía y a la prosperidad del país. Se trata, ciertamente, de un humano que se ha marginado de la ley y, ya se sabe, únicamente la comunidad política es la fuente de los derechos, que jamás manan de la naturaleza. Nuestras normas no le niegan su condición de humano pues le asisten sanitaria y escolarmente y jamás aceptan su maltrato, incluso pueden socorrerle para que no muera de hambre y frío, pero no asumen su condición ciudadana. Ello requeriría que el inmigrante hubiese aceptado la legitimidad de la ley y se pusiese a disposición de la autoridad, para lo que ésta decidiera.
La autoridad ya ha decidido implícitamente no expulsar de manera masiva a los «sin papeles» y no solamente por la enorme dificultad material que ello entrañaría sino, además, por la necesidad que nuestra sociedad tiene de ellos. En nuestra sociedad existe una oferta de trabajo real que ellos colman. Esto es así: los necesitamos. ¿Pero los necesitamos sólo a condición de que estén «sin papeles», es decir, queden cívicamente disminuidos? Se arguye con perspicacia que regularizarlos crearía un efecto-llamada de incalculables consecuencias y esto no lo queremos nadie, porque estamos de momento por controlar los flujos de inmigración mediante una entrada legal de los inmigrantes, con su contrato de trabajo en la mano y todos sus derechos asegurados. No obstante, este argumento sería mera argucia caso de no asumir con responsabilidad el carácter dramático de nuestros dilemas y yuxtaponerlo con ciertas costumbres arteras y poco cívicas de nuestros paisanos. Porque, si bien es verdad que esos inmigrantes se han situado al margen de la ley, también lo es que los españoles los contratan de manera ilegal. Ya se les multa, se nos replica. Cierto, a razón de cinco al día en una de las regiones con más inmigración ilegal, como es la de Madrid, se requerirían con ese mismo esfuerzo intensivo otros 100 años para multar una sola vez al resto de empleadores de esa comunidad. Luego, no es sólo así como se previene la contratación ilegal, sino sobre todo mediante la práctica ciudadana de las virtudes de la justicia y de la decencia civil: aquellas virtudes que disciernen el ingente mal social que se hace al contratar ilegalmente, moderan la satisfacción de sus inmediatos intereses y los supeditan a la cohesión social del país y la integración de los inmigrantes a las que tantas trabas pone su acción.
La autoridad que quiera defender el Estado de derecho y resolver el dilema de la ilegalidad del contrato «sin papeles» en nuestro país, debería iniciar ya una vasta campaña de sensibilización de la ciudadanía contra esa perversa inercia suya hasta que ella misma, consciente del problema, decida acudir a la Administración a pedir la regularización de su ilegalmente empleado. Sin que los españoles nos auto-regulemos y nos constriñamos a ofrecer trabajo de manera legal, cualquier otra medida de tipo jurídico o administrativo a favor de los «sin papeles» no resolvería nada, salvo seguir ampliando más el problema. Y si, como es de prever, en un plazo prudente esa campaña gubernamental hiciera aparecer el estado real de oferta y demanda, aflorando la capacidad real de contratación del mercado, la autoridad debería regularizar individualmente esas situaciones contractuales de hecho, para tanto tiempo cuanto durara el contrato. Los «sin papeles» de hoy que trabajan dejarían su condición de ilegalidad para pasar a formar parte de la ciudadanía con iguales derechos y deberes: ¿con el compromiso de que, si al término del contrato no tuviesen ocasión de otro, deberían marcharse a su propio país? Sea cual sea la solución más conveniente, el Estado debería garantizar en este intermedio que ese trabajador se forme profesionalmente y se recicle para asumir un rol laboral más incentivador caso de tener que retornar a su país. Esta perspectiva de un nuevo rol en su país de origen se debiera consolidar con una aportación de recursos económicos por parte de la Administración.
El problema de los «sin papeles» es, en parte, también una consecuencia directa de la falta de civismo de los españoles, no tan espectacular pero sí tan peligrosa como conducir por la izquierda. Y preguntémonos ya si tras la campaña de educación cívica que debiera emprender la autoridad y el consiguiente contrato regularizador, no debiera ser castigada la contratación ilegal con la misma dureza que resulta el castigo de retorno a su país impuesto a los inmigrantes en situación irregular.