Algunos se preguntan si caerá Pedro Sánchez —otros, sencillamente lo desean—: caso Koldo-Ábalos, declaraciones de Víctor de Aldama, investigación al fiscal general y dimisión de Juan Lobato… Sin embargo, sería naif creer que en España un presidente puede ser expulsado a media legislatura, fruto de los escándalos que le rodean. Ello sería tomar el caso de Mariano Rajoy en 2018 como precedente: una moción de censura que nos hemos contado que fue por la trama Gürtel, pero siendo honestos, poco tuvo que ver con eso.
Y es que a Rajoy no se le echó simplemente por la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo. Con perspectiva, su Gobierno cayó por una conjunción de intereses entre los socios que le sustentaban en ese momento, donde cada cual vio la posibilidad de realizar sus anhelos con otro presidente. De un lado, los independentistas decidieron vengarse del PP por el 1 de octubre de 2017, que se había saldado con el encarcelamiento de varios líderes del procés: el PDeCAT hubo que convencer a Carles Puigdemont de apoyar la moción de censura, quizás vislumbrando ahí una salida a sus problemas judiciales. Entre las izquierdas, la condena del PP sirvió para desacomplejar un entendimiento del PSOE con Podemos y ERC, e incluso, con Bildu: Sánchez no había podido pactar con ellos en 2016 porque sus barones se lo habían impedido, pero dos años después, y tras ganar las primarias, ya nadie era capaz de vetar ese entendimiento tácito. Y por último, el PNV esperaba del PSOE, a cambio de su voto, que respetara la cuantía del cupo vasco que había negociado unos días antes con los populares: con ello, pudo incluso ponerse de paso la medalla del escrúpulo democrático. En definitiva, la Gürtel solo fue la excusa para que tanto opositores como socios dieran a Rajoy pasaporte, pero las razones fueron otras.
Así que cabría preguntarse si los socios de Sánchez han dejado de verle útil, como vara de medir la continuidad de la legislatura. Todo ello, sin olvidar que aún no hay ninguna condena en firme a nadie del PSOE o que Aldama tiene que aportar pruebas sobre sus declaraciones, y ya se verá en qué queda todo esto. Y pese a las hipótesis, la respuesta es que ningún socio de Sánchez ve más conveniente por ahora que llegue Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa.
Basta observar los intereses de cada uno, que poco distan de fiscalizar los casos que rodean al Gobierno al que sustentan —ningún esmero han mostrado los partidos plurinacionales, a estos efectos—. Puigdemont ha empeñado su crédito independentista en la amnistía y necesita tiempo para que se le aplique. ERC ha basado su relato en entenderse con el PSOE, por ejemplo, para una mejor financiación para Cataluña. Para Bildu, Sánchez ha sido la principal figura socialista en darle carta de legitimidad para fraguar pactos. El PNV está por la agenda vasca, gobernando con el PSE en Euskadi. Podemos se centra ya en su pugna con Sumar, de modo que necesita tiempo para relanzar a Irene Montero en unas generales, y la plataforma de Yolanda Díaz va de capa caída, por tanto, no le convienen elecciones.
En consecuencia, Sánchez no caerá en las actuales circunstancias. Es más, cualquier moción de censura supondría ir de la mano del PP y Vox, un tándem que es la mayor salvaguarda de la continuidad del Ejecutivo. Sería un trago muy amargo para el PNV tener que apoyar a Feijóo junto a la ultraderecha y sin tener por seguro que se convocaran elecciones inmediatamente. Para darse esos apoyos, debería llegarse a un escenario demasiado crítico. Y hasta la fecha, el propio Aitor Esteban es prudente respecto a Aldama, como se desprende de sus palabras este miércoles en el Congreso.
El caso es que los partidos que apoyan al PSOE demuestran a diario lo blindado que está el Gobierno, por muy bravos que se pongan en público. Sánchez logró sacar adelante parte de su agenda fiscal porque a todos les convino conjugar intereses tan distintos. El impuesto sobre las energéticas no constó en la votación definitiva, para contentar a Puigdemont y al PNV —los que siguen teniendo la sartén por el mango—, sino que además se relegó a negociarlo en una comisión o a prorrogarlo mediante decreto. Es decir, que Podemos, ERC y Bildu se agarraron a una promesa para no poner al Ejecutivo en problemas. Cada día es más probable hasta que haya Presupuestos.
Con todo, la derecha blandirá el argumento de que Sánchez no cae porque los socios del Gobierno son partidos nacionalistas “a los que no les importa el interés general”. La pregunta es si a Ciudadanos le importaba el interés general, y no el suyo, cuando decidió no votar a favor de la moción de Rajoy porque se veía pujante en las encuestas. Lo mismo aplica con Vox, cuando no apoya ciertas comisiones de investigación, allí donde el PP está en apuros. La respuesta es obvia: en España son las urnas las que suelen echar a los presidentes, raramente sus socios, pese a los posibles escándalos. Y en eso, por ahora no dista demasiado ser un nacionalista español que un mero independentista: las pruebas son conclusivas. Que cada cual juzgue si ello es un mérito, o un demérito, de la democracia española.
Estefanía Molina, politóloga y periodista por la Universidad Pompeu Fabra. Es autora del libro 'El berrinche político: los años que sacudieron la democracia española 2015-2020' (Destino).