¿Hacer política? ¿Qué política?

En el omnipresente debate con el nacionalismo catalán -no con Cataluña-, se habla muy a menudo de la necesidad de hacer política. Y si me lo permiten, desde mi modesta experiencia personal, no puedo estar más de acuerdo. Entre otras cosas, porque siempre hay que hacer política en un sistema democrático y abierto.

Y hacer política democrática es, fundamentalmente, pedagogía. Es dar argumentos, plantear debates y sostenerlos, transmitir mensajes y posiciones a la sociedad, contraponer ideas y posiciones a las de los adversarios, y, por consiguiente, disputar espacio social y político, como paso imprescindible para ganar, legítimamente, espacio electoral.

Y me parece poco discutible que, desde el Gobierno de España, y desde el partido que lo sustenta, no ha habido suficiente política. Es verdad, a su vez, que, de esta ausencia, o insuficiencia, han adolecido también gobiernos anteriores. Y que la principal crítica a la última etapa es que la respuesta política al desafío independentista se ha limitado a la respuesta jurídica. Condición necesaria, pero, sin duda, no suficiente. Porque no basta, evidentemente, con hacer cumplir la ley. Hace falta llegar a las mentes y a los sentimientos. Y no sólo a los que están enfrente, difíciles de convencer. Sobre todo, a los que se han sentido poco arropados -por decirlo de manera suave- por los sucesivos gobiernos de España, y, siento decirlo, también por el último.

Y ahí es donde hay que hacer política. El nacionalismo catalán lleva décadas en un proceso de “construcción nacional” que, ahora, cree que ha llegado a un suficiente grado de maduración como para plantear seriamente la independencia. Y para ello ha utilizado tres palancas, sobre las cuales ha “hecho política”. La primera es el sistema educativo. Y, en mi opinión, el principal error ha sido centrar el debate en la lengua y no en los contenidos educativos, sobre todo en Historia y Geografía. La segunda es la política de medios de comunicación, dejando que los medios públicos y privados subvencionados hayan contribuido, en contra de su obligación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana, a ese proceso de “construcción nacional”, que se basa en el enaltecimiento de lo propio en contraposición a lo que se considera ajeno, es decir, la idea de España. Y tercero, la progresiva aceptación, implícita pero real, del “oscurecimiento” del Estado en Cataluña, de manera que, en muchas zonas de su territorio, viven ya como si fueran independientes, puesto que la presencia de los símbolos estatales y/o nacionales españoles es inexistente.

Y en los tres ámbitos, el nacionalismo catalán no ha dejado de hacer política. Con notable éxito, a la vista de su determinación de culminar el procès con un referéndum unilateral de independencia. Y de plantearlo desde las instituciones de autogobierno y no sólo desde las posiciones -legítimas en democracia- de determinadas fuerzas políticas. Y todo ello, aunque sea con el altísimo coste de desgarrar a la propia sociedad catalana y de situar a las instituciones al margen de la defensa del interés general y ponerlas al servicio de un proyecto político de sólo una parte.

Y ese posicionamiento ha sido posible porque ha habido un repliegue, en la práctica, de los planteamientos contrarios. Las batallas que no se dan, siempre se pierden. Y muchas veces, por incómodo que sea, eso implica luchar en el terreno en el que te ha situado el adversario, a la espera de hacerlo en terreno más propicio. Ha habido ausencia de política. Y en los tres ámbitos mencionados, hay mucho que hacer.

Y, ahí, el largo y, además, estéril y profundamente destructivo debate sobre el nuevo Estatuto, es un buen ejemplo de profundísimos errores. El más importante fue el del PSOE y el de su Gobierno. Pensar que, para “arrinconar” al PP, era posible transformar la arquitectura institucional de España sin su concurso (el Pacto del Tinell y la famosa declaración de Zapatero sobre su aceptación acrítica de lo que viniera del Parlament). En definitiva, romper con el consenso constitucional que, por primera vez en nuestra historia, habíamos conseguido con el concurso de todos.

Pero también fue un error que, por parte del PP, no se contrarrestara adecuadamente, más allá de la respuesta, lógica pero insuficiente, de negarse a un planteamiento anticonstitucional y, sobre todo, rupturista del espíritu que hizo posible la Constitución del 78. Faltó política. Es decir, explicarse suficientemente y evitar que cuajara la idea de que se iba contra la voluntad del pueblo de Cataluña -incrementado por una petición confusa de un referéndum que se interpretó, en Cataluña y en el resto de España, como un rechazo a la voluntad del pueblo catalán- y no contra algo que cuestionaba gravemente los consensos básicos sobre nuestra convivencia. Y esa ausencia de política así entendida, está en la base de algunos de los argumentos de los independentistas, sobre todo después de la sentencia -jurídicamente impecable, por cierto- del TC, posterior a la aprobación -muy minoritaria sobre el censo- por parte del pueblo catalán en referéndum. Otro gravísimo error que proviene de la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad.

Y ha habido muchos más. Pero ya no tiene mucho sentido darle más vueltas. Volvamos a la política democrática. Es decir, quitarles argumentos a los adversarios. Y, por ello, por primera vez en mucho tiempo, apostar por el diálogo. Obviamente, con líneas rojas. La básica es que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que el futuro de España, que incluye a Cataluña, nos corresponde a todos, catalanes incluidos por supuesto, pero a todos los demás también, porque estamos hablando de algo que nos incumbe profundamente a todos y no sólo a una parte.

Por ello, hay que ganar la batalla del diálogo. E invertir la carga de la prueba. Y trabajar con cosas concretas y absolutamente lógicas, porque van en beneficio de todos. ¿O es que alguien duda de que cambiar el sistema de financiación es absolutamente imprescindible para todas las CCAA? ¿O de la necesidad del corredor mediterráneo para toda España? ¿O de que no tiene ningún sentido que no exista una red de alta velocidad entre Barcelona y Valencia?

Hay muchas cosas que debatir. Pero lo más importante, a mi parecer, es hacer política de presencia de los símbolos y del sentimiento de España en Cataluña. Y que los catalanes que se sienten españoles, que aún son mayoritarios, no se sientan desamparados y faltos de arrope. Hacer política, y diálogo, pues, no es ceder a las posiciones de los adversarios, cuando pretenden romper con lo básico. Es quitarles razones y argumentos, arropar a los que lo necesitan y lo esperan, y atender a lo razonable, que puede ser mucho. Ojalá sea esa la política del Gobierno. Sobre todo, si concita el consenso con más de dos tercios del Parlamento, y con una parte sustancial de la sociedad catalana. Volvamos al espíritu de la Transición.

Josep Piqué es empresario y ex ministro en diferentes carteras de los Gobiernos de José María Aznar.

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