Por Roberto Centeno, catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM (EL MUNDO, 25/04/06):
Cuando la presente legislatura llega a la mitad de su recorrido, parece apropiado realizar un análisis de lo ocurrido con la economía y con sus expectativas, pues a la vista de la incapacidad de la oposición para plantar cara al nivel exigido por los desafíos planteados y para transmitir a los ciudadanos las consecuencias de lo que está sucediendo con la unidad nacional, con la destrucción del modelo constitucional de equidad y solidaridad y con la rendición en toda regla ante una banda terrorista moribunda, hasta que no se perciba un declive económico claro la posibilidad de que ganen unas elecciones resulta remota.
Pero antes de entrar en su valoración, la economía española tropieza con un importante escollo: la fiabilidad de los datos estadísticos. El Instituto Nacional de Estadística (INE), que es la fuente principal de los mismos, introdujo el pasado mes de mayo algunos cambios metodológicos esenciales, que -¡oh casualidad!- favorecían al Gobierno. Sin embargo, el más básico de todos ellos, la cifra de población, sólo se modificó parcialmente, al objeto de enmascarar los dos hechos centrales de nuestra realidad económica: que el crecimiento se debe esencialmente al gasto añadido por el aumento de población -según datos de la Comisión Europea hay ya más sin papeles de los existentes antes de la regularización- y en línea con ello el parámetro más significativo, la renta per cápita, está disminuyendo en lugar de aumentar, como ocurre en el resto de Europa.
Respecto al PIB, los cambios metodológicos añadieron 0,6 puntos al crecimiento. Las incongruencias son enormes, por lo que sin una auditoría a fondo de cómo se realizan los cálculos es imposible estar seguros de las cifras. Más claro aún es el caso de la Encuesta de Población Activa (EPA), que ha cambiado drásticamente el modelo de encuesta y da cifras absolutamente inconsistentes con las cifras de paro registrado. En cuanto a creación de empleo, aparte de que la EPA sobreestima este parámetro muy por encima de la contabilidad nacional, si sumamos 800.000 inmigrantes que ya estaban trabajando ilegalmente y los 400.000 empleos de la época Aznar que la presidenta del INE se guardó en un cajón para adjudicárselos a Zapatero, apenas hay creación real.
Pero aparte de las cifras, el balance ha sido en primer lugar el de un elevado crecimiento en cifras absolutas, consecuencia del incremento de población, de tasas de interés reales negativas y de la gran liquidez en los mercados -España absorbe hoy el 80% de los préstamos interbancarios de la UE-, lo que permite a familias y empresas gastar tan por encima de sus posibilidades.Por primera vez en nuestra historia han incurrido en fuertes déficit, 2% de la renta disponible en las familias y 8% del PIB en las empresas. En segundo lugar, el nivel de paro apenas ha mejorado y se sitúa en torno a los 2,1 millones de desempleados.La creación de empleo ha sido mínima, pues 1,2 millones de puestos de trabajo estaban ya creados. En sentido negativo la renta per cápita está reduciéndose, lo que significa que hemos dejado de converger con la UE.
Pero lo verdaderamente grave es que se han generado desequilibrios insostenibles en el sector exterior, en competitividad y en diferenciales de inflación -hemos pasado de 0,9 puntos en 2004 a 1,7 a día de hoy- que se traducirán, si el Euribor sigue la tendencia prevista, en el inicio de una crisis hacia finales de 2007, que puede alcanzar una amplitud desconocida, dada la enormidad de los desequilibrios, acentuados por la descomunal ineficiencia del Estado de las Autonomías -2.100.000 funcionarios frente a los 700.000 que necesitaría un Estado centralizado- y un nivel de corrupción y gasto inútil desconocidos, a lo que se añaden los efectos del proceso de balcanización en marcha.
Otro hecho esencial es la creciente desigualdad en la distribución primaria de la renta, donde la remuneración de los trabajadores ha perdido peso rápidamente en favor del excedente bruto de explotación, es decir, los empresarios, particularmente en sectores no competitivos como la construcción, se están forrando mientras que los salarios apenas crecen; todo un ejemplo del patriotismo social del presidente Zapatero.
Frente a esto, el Gobierno no ha abordado en serio ni una sola de las reformas estructurales pendientes. Así, la reforma fiscal se ha quedado en nada por la necesidad de financiar el Estatut de Cataluña y lo único tangible ha sido la elevación de la presión fiscal real sobre las clases medias, debido al efecto de la inflación, y la penalización del ahorro. La reforma laboral es una chapuza de mínimos con el único objetivo de hacerse la foto el primero de Mayo, por no hablar de la contrarreforma de la enseñanza pensada específicamente para el adoctrinamiento y la mediocridad. También, y esto es lo más grave, se ha retrocedido en seguridad jurídica «creándose espacios donde la libertad de empresa deja de ser un derecho constitucionalmente protegido», según declaraciones del presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto.
¿Y cuáles son las expectativas? Pues que nos dirigimos hacia una crisis. ¿Alarmismo o exageración? Veámoslo. El primer elemento de crisis es un déficit exterior en récords históricos y el mayor de todo el mundo desarrollado. Su significado es muy sencillo de entender: a día de hoy lo que gastamos más lo que invertimos es un 8% superior a lo que producimos, algo no sólo imposible de mantener, sino que provoca que nos gastemos el dinero de nuestros hijos y nietos, que tendrán que consumir menos de lo que produzcan para pagar las deudas de sus padres. Además, esto sólo puede ir a peor, porque la única forma de reducirlo es a base de mejorar nuestro saldo en los mercados internacionales, algo imposible por nuestra falta de competitividad. De hecho, la otra alternativa, el superávit presupuestario es inviable, porque al Estado sólo le queda ya el 23% del gasto total y en consecuencia no puede realizar una política fiscal efectiva. Además, el problema se agrava por el dinero necesario para ocultar la ruina que el Estatuto representará para las regiones más pobres.
El segundo elemento son los niveles de precios del petróleo y del gas, donde nuestro nivel de dependencia es un 50% superior que la media de la UE-15, y un 100% más que los nuevos países miembros. ¿Y qué ha hecho el ministro Montilla?, pues aparte de dedicar todo su tiempo al saqueo de España y a colocar al sector eléctrico al borde del abismo, donde se han más que doblado los costes de generación, obligándole a reducir a la mitad el sector liberalizado y a acumular un déficit de tarifa del 24%, en sus ratos libres ha conseguido incrementar la dependencia exterior, consolidar el poder de los monopolios de sus amigos y empeorar la eficiencia energética, es decir, un nivel de indignidad inimaginable. Si el petróleo se sitúa por encima de los 80 dólares durante un tiempo, algo por lo que apuestan los mercados de futuros, la crisis se producirá antes de lo previsto. El mecanismo sería un mayor déficit exterior, una reducción del consumo interno, agudizada por una mayor presión fiscal, y el efecto sobre los tipos de interés.
Finalmente, el tercer elemento que va a amplificar extraordinariamente las tensiones y los desequilibrios es el proceso de desmantelamiento del Estado y del modelo constitucional de equidad y solidaridad sobre el que descansa todo nuestro sistema de convivencia. En primer lugar, las disparatadas cesiones económicas realizadas con el Estatuto de Cataluña reducen el tamaño del Estado al de una gran comunidad autónoma, con poco más del 20% del gasto total, que es menos de la mitad de los de un Estado federal y que resulta insuficiente para garantizar el correcto funcionamiento de la organización general del Estado. El resto, casi un 80%, se lo repartirán las CCAA; pero este reparto, como comprende hasta un niño de primaria, es un juego de suma cero, donde si unos se llevan más, a otros les va a tocar menos. En segundo lugar, el sistema de cohesión territorial desaparece, pues a partir del segundo año las regiones dispondrán sólo de sus propios recursos pues la infamante teoría de las regiones dinámicas establece «mejores servicios a mayor esfuerzo fiscal basado en el territorio», lo que vulnera frontalmente la Constitución, ya que las comunidades ricas aumentarán sus recursos a costa de las pobres. A partir del Estatuto, los españoles quedan inequívocamente divididos en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Nadie en el partido del Gobierno, y menos que nadie Zapatero, parece haberse parado a pensar ni un solo segundo qué es lo que ocurre si como consecuencia de una crisis económica, que además ya tenemos a la vista, desaparecen los márgenes de maniobra disponibles.Pues pueden pasar muchas cosas, incluyendo la desintegración de España como Nación. Pero dentro de lo cuantificable para aquellos servicios públicos de acceso universal, como la Sanidad o la Educación, que reciben hoy una asignación similar en todas las CCAA -unos 2.350 euros por habitante y año-, Cataluña pasa a recibir 2.650 euros y Extremadura y Andalucía 1.450 euros. Si Cataluña se lleva además para infraestructuras en los próximos siete años el mismo porcentaje de su renta en el total nacional, a Extremadura y a Andalucía les toca también el porcentaje que supone su renta, es decir, menos de la mitad que hoy.
Al igual que en 1932, unos políticos irresponsables y sectarios están sembrando la semilla de la desigualdad y el enfrentamiento entre los españoles, y ya veremos cómo reaccionan cuando la crisis económica les haga tomar conciencia del atropello y del expolio del que han sido víctimas.