La defensa efectiva de los derechos humanos ha sido un camino a veces tortuoso, con altos y bajos, paradas en su trayectoria e incluso retrocesos. Pero, poco a poco, ha ido consolidándose todo un corpus jurídico que hoy ya nadie o casi nadie pone en duda y que constituye la mejor garantía de los derechos universalmente reconocidos.
Una de las etapas más azarosas de ese camino está resultando ser la abolición universal de la pena capital. Hace ya más de dos siglos que el padre del Derecho Penal contemporáneo, Beccaria, afirmaba que “si llego a demostrar que la muerte no es ni útil ni necesaria, habré ganado la causa de la humanidad”. Pero hasta muy entrado el siglo XX no empieza a reconocerse que la imposición de la pena capital constituye un castigo inhumano, cruel y degradante, que carece de efectos disuasorios en el comportamiento criminal y produce efectos irreparables en caso de error judicial.
Hoy en día el progreso hacia la abolición universal es real. Ha dejado de ser una utopía, para convertirse en un objetivo concreto a punto de lograrse. La codificación progresiva del Derecho Internacional en materia de derechos humanos nos acerca al objetivo abolicionista, primero de forma indirecta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y ya como norma positiva en el Segundo Protocolo Facultativo de dicho pacto, en 1989, aceptado y ratificado cada vez por más países de todos los continentes. Paralelamente, otros instrumentos de carácter regional, en nuestro caso, puestos en práctica por el Consejo de Europa, se suman a la tendencia.
Se generalizan al mismo tiempo una serie de estándares de amplia aceptación, como los que prohíben la aplicación de la pena capital en caso de menores de edad en el momento de cometer el delito, mujeres encinta o personas con discapacidad mental.
Cada vez es mayor, por otro lado, el número de apoyos en la Asamblea General de las Naciones Unidas a las resoluciones que propugnan la abolición, y como etapa intermedia, la generalización de una moratoria que paralice la ejecución de las condenas. La última de estas resoluciones, aprobada en diciembre de 2012, contó con 111 votos a favor, 41 en contra y 34 abstenciones. La tendencia hacia la abolición es indudable, de ahí la necesidad de redoblar esfuerzos para seguir avanzando.
Sin embargo, una de las batallas que está lejos de ser ganada es la de la opinión pública, incluso en Europa, donde solo un país sigue aplicando la pena capital. Todos tenemos la obligación de contribuir a un esfuerzo pedagógico y a una amplia movilización a todos los niveles para explicar claramente que el Estado no puede ni debe ponerse al mismo nivel que el delincuente.
Es fundamental la movilización de la sociedad civil, junto con los Gobiernos abolicionistas y retencionistas, el mundo académico, los medios de opinión, los colectivos afectados, y en particular a través de eventos que promuevan la discusión de estas cuestiones. Este es el caso del V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que, organizado por “Ensemble contre la Peine de Mort” junto con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, tendrá lugar en Madrid del 12 al 15 de junio, con el apoyo y copatrocinio oficial de nuestros cuatro Gobiernos. Este Congreso ofrece un espacio de movilización único a todos los actores implicados con la causa abolicionista. La diversidad de los participantes pone de manifiesto que la abolición de la pena de muerte no es una cuestión cultural o de una civilización determinada.
Es mucho lo que nuestros Gobiernos pueden hacer en este terreno, y así lo venimos haciendo en muy diversas circunstancias, unas veces con la necesaria discreción, otras veces aireando nuestro compromiso ante la opinión pública. También hemos prestado nuestro apoyo estos últimos años a iniciativas independientes y valerosas como la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, formada por antiguos mandatarios de prestigio, que se han distinguido por su personal lucha contra la pena capital.
Con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales que luchan en todo el mundo por la abolición universal, la ciudadanía comprometida, y desde luego los jóvenes, que a menudo han asimilado la abolición como algo natural, queremos estar en el origen de ese último impulso hacia la desaparición de la pena de muerte.
Ojalá el Congreso de Madrid constituya una etapa decisiva en ese arduo camino. Estamos movilizándonos para que de los debates del Congreso surja un compromiso renovado y reforzado a favor del objetivo último de la abolición.
Este artículo lo firman: José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España; Didier Burkhalter, jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza; Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, y Espen Barth Eide, ministro de Asuntos Exteriores de Noruega.