El pasado día 9 se publicaron en el INE las cuentas institucionales correspondientes al tercer trimestre del pasado año y, entre ellas, las de las Administraciones Públicas, es decir, las cuentas integradas del Estado, de los organismos autónomos administrativos, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. El análisis de sus cifras permite comprobar que las necesidades de financiación de nuestro sector público -su déficit- alcanzaron, acumulando los datos ya conocidos de los tres trimestres, un volumen equivalente al 8,3% del PIB, lo que aparentemente nos situaría lejos de los objetivos comprometidos con la Unión Europea, que fueron los de reducir ese déficit hasta un 6,3% del PIB para todo el 2012. Pero las transferencias públicas de capital originadas por el rescate bancario representaron para esos tres trimestres y según el INE un 1,3% del PIB. Esas transferencias son déficit público mientras no se cambie el mecanismo de financiación del rescate bancario al crearse la correspondiente autoridad europea unificada, pero no pueden computarse para comparar ese déficit con los compromisos contraídos para 2012. En consecuencia, el déficit público en términos homogéneos y comparables se situó en un acumulado neto del 7% para los tres primeros trimestres, valor ya bastante próximo al referido compromiso.
Los datos anteriores señalan, por tanto, que al final del tercer trimestre de 2012 España estaba en vías de cumplir razonablemente con sus compromisos de consolidación fiscal. Sin embargo, no pueden echarse las campanas al vuelo todavía porque falta el último trimestre del año, siempre difícil de estimar y más en las actuales circunstancias de fuerte reducción del PIB. Los considerables esfuerzos del Gobierno, de su ministro de Hacienda y, sobre todo, de la sociedad española, que ha sufrido y aceptado las duras consecuencias de esa consolidación en un año de fuerte recesión económica, comienzan a dar sus frutos, aunque el resultado al final del año, excluido el rescate bancario, termine por mantenerse en el 7% actual. Seguramente esos positivos resultados están detrás de la considerable reducción de nuestra prima de riesgo en estos días, del éxito de las últimas subastas de deuda pública y de la apreciable entrada de inversores extranjeros en nuestros mercados. Como hemos venido manteniendo desde aquí, la consolidación fiscal siempre termina rindiendo abundantes dividendos, como se verá cuando la caída del PIB comience a moderarse en la primera mitad de 2013 y cambie de tendencia muy probablemente en su segunda mitad. No ocurrirá así en cuanto al desempleo, porque la creación neta de puestos de trabajo no llegará hasta que el crecimiento de la producción alcance niveles más elevados. Pero quizá aparezcan síntomas de que las cosas pueden comenzar a cambiar también en nuestro castigado nivel de empleo.
Sin duda el fuerte proceso de consolidación fiscal tiene aspectos poco gratificantes. Quizá el más doloroso y perceptible sea el de haberse realizado con importantes subidas de impuestos y con reducciones en gastos que en ciertos casos puedan resultar estratégicos para el crecimiento futuro de nuestra economía. Pero en los impuestos las fuertes caídas de la recaudación, muy superiores a las que cabría esperar a la vista de las reducciones del PIB en términos monetarios, incluso con altas elasticidades recaudatorias, han llevado al Gobierno a subir tipos de gravamen con urgencia para evitar un desastre recaudatorio inmediato, pese a sus muy negativos efectos sobre el consumo y la localización de actividades. Además, como la crisis ha originado un ajuste brutal del empleo, la recaudación por cotizaciones sociales también se ha resentido fuertemente, más de lo que cabría esperar si los descensos del PIB se hubiesen dado en una economía más equilibrada en el empleo de capital y trabajo y no tan excedentaria en el uso de mano de obra como venía siendo hasta ahora la española.
Por el lado del gasto, el mayor esfuerzo relativo para la reducción del déficit se hace en la formación bruta de capital público y también, aunque con menor intensidad, en el consumo público, es decir, en la remuneración de empleados públicos y en la adquisición de bienes y servicios. Como es sabido, consumo público y formación pública de capital componen la demanda final de las Administraciones Públicas y son las partidas que directamente inciden en el PIB de cada ejercicio. La formación bruta de capital afecta, además, a la capacidad de producir en el futuro, pero no siempre, porque muchos gastos que se dicen de formación de capital no se orientan a la producción futura de bienes y servicios sino a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que es deseable para el bienestar de sus usuarios, pero influye poco en la capacidad futura de generar producción y empleo. De todas formas, queda mucho por hacer en cuanto a los gastos públicos y por eso debería acelerarse mucho más la reforma de las estructuras de un Estado tan complejo y poco eficiente como el nuestro, tarea casi pospuesta hasta ahora.
Por su parte, los gastos públicos de transferencia, integrados por las prestaciones sociales en dinero, los intereses, las subvenciones y otras transferencias corrientes, han seguido en estos años una trayectoria creciente, justificada en el caso de los intereses por el considerable aumento de la deuda originada por los cuantiosos déficits públicos de ejercicios anteriores. Recuérdese que los déficits no son gratuitos sino que terminan pagándose y, además, con intereses cada vez más elevados. En el caso de las prestaciones sociales, tanto monetarias como en especie, el acelerado envejecimiento de nuestra población está generando gastos crecientes en sanidad y en pensiones. En este sentido la mala noticia del momento es que el Fiscal Sustainability Report de la Comisión Europea para 2012, recientemente publicado, estima que España tendrá a largo plazo un peligroso déficit de sostenibilidad fiscal bastante por encima de la media europea, derivado tanto de nuestra elevada posición de endeudamiento en relación al saldo y composición inicial de nuestra cuentas públicas, como del acelerado envejecimiento de nuestra población. Ese envejecimiento impulsa con fuerza los gastos destinados a pensiones y a Sanidad. A cambio y como factor dudosamente positivo, tenemos hoy menores gastos públicos en Educación que nuestros socios europeos. Esos menores gastos educativos ponen ya en grave riesgo nuestro potencial de crecimiento e incluso pueden plantearnos en el futuro dolorosas disyuntivas entre viejos y jóvenes.
Para terminar, no olvidemos que la consolidación fiscal, siendo condición necesaria e imprescindible, no es por si sola suficiente para resolver nuestros problemas económicos. Además de consolidar las cuentas públicas hay que efectuar reformas que unifiquen nuestros fragmentados mercados regionales, mejoren nuestra dotación de factores de producción, hagan más eficiente nuestro sistema fiscal, descarguen sustancialmente las estructuras de nuestro complejo y extenso sector público, impulsen la innovación y conduzcan a nuestras empresas a competir en el exterior. Esas reformas, actuando en un escenario de ahorro y consolidación fiscal, son las que nos harán superar definitivamente la crisis y abrir un claro porvenir para nuestros jóvenes, que hoy soportan en mayor medida lo peor de la actual coyuntura: el desempleo.
Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.