Es realmente preocupante el comportamiento de nuestro Gobierno despótico –concepto que tan solo define a quien abusa de su poder– que ha incurrido en actitudes totalitarias despreciando los derechos y libertades de los ciudadanos.
Los populistas de izquierda nunca ha creído en la Democracia Liberal ni en la división de poderes.
Efectivamente, son defensores de la «democracia asamblearia» o revolucionaria –adoptada por los bolcheviques rusos–, que considera que la Asamblea, o Parlamento, es el único titular del «poder soberano» del que deben emanar los poderes Ejecutivo y Judicial, sin independencia, sino con sometimiento al Ejecutivo nacido de la misma Asamblea, suplantando al «pueblo», verdadero titular de la soberanía nacional.
En esta línea se mueve el Gobierno de Sánchez, cuya estrategia electoral se centra en intentar desprestigiar a los líderes de la derecha, especialmente a Núñez Feijóo y a Ayuso y favorecer sin pudor a independentistas y terroristas para mantenerse en el poder.
Pero lo más grave no es esa estrategia de oposición a la oposición, sino el asalto al Poder Judicial por parte del Ejecutivo, con desprecio del principio de separación de poderes, en la línea de las dictaduras comunistas más notables.
En ese sentido no olvidemos la reflexión de Montesquieu en su El espíritu de las leyes, publicado hace casi 300 años, en 1748: «En el Estado en que un hombre solo, o una sola institución administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutarlas y de juzgar las contiendas de los particulares o de estos y el Estado, todo se perdería enteramente (…) y llegaría la tiranía».
Pero los socialistas de Sánchez, los comunistas, independentistas y filoterroristas con cuyo apoyo gobierna, no están de acuerdo con el ilustrado francés.
En su reforma de 1985 el Gobierno socialista de Felipe González estableció que la elección de los veinte vocales del CGPJ sería realizada por mayoría reforzada de tres quintas partes de los votos del Congreso y el Senado.
Y en estos momentos en los que la izquierda necesita el voto del PP para obtener esa mayoría establecida de 3/5, la derecha se ha negado a llegar a un acuerdo por considerar que la reforma del 85 es una vulneración de la CE.
Ante ello, el Gobierno de Sánchez ha iniciado una reforma legislativa por la puerta de atrás mediante enmiendas a la ley de reforma de los delitos de sedición y malversación, utilizando su mayoría parlamentaria para reformar la ley hasta el punto de rebajar el voto necesario a una mayoría no reforzada para nombrar a los vocales del CGPJ.
Y del mismo modo trata de modificar el procedimiento de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional que le den la mayoría de control de dicho órgano.
La derecha considera esas enmiendas a la proposición de ley como caballo de Troya que vulnera el art. 159.1 de la Constitución, al tratar de eliminar la independencia de los magistrados y conculcar el 159.3 de la misma CE que dispone que se renovarán los miembros de la Corte de Garantías por terceras partes cada 3 años, y no solamente dos como pretende el Gobierno, cubriendo la cuota del Gobierno sin cubrir la correspondiente al CGPJ, insistiendo así en la misma intención que fue neutralizada, por la Comisión de Justicia de la UE, el pasado mes de marzo. Y todo ello mediante un procedimiento de urgencia que socava el derecho de los diputados y senadores a una discusión profunda de las reformas deseadas.
Pese a ello, la izquierda vuelve a la carga, de tal modo que la derecha está en su derecho de ejercitar cuantas acciones y recursos legales considere necesarias, y de acudir ante la UE para que su Comisión de Justicia vuelva a bloquear la iniciativa y amenace con sanciones a España similares a las que, por el ataque a la independencia judicial, ya ha aplicado a Polonia y Hungría, pues el Gobierno de Sánchez quiere articular, en definitiva, una injerencia política inadmisible del Gobierno en la Justicia y contra su obligada independencia y neutralidad.
Pero los marxistas –ya sean comunistas, socialistas o socialdemócratas, que hoy dominan las instituciones de la UE– tal y como hemos dicho antes, no son partidarios de esa independencia y neutralidad de la Justicia, empezando por León Trotsky, defensor de la «revolución permanente», quien propuso en su obra Un programa de acción para Francia, de 1934, la «abolición de los tribunales de clase, la elección de todos los jueces, y la extensión del juicio por jurado a todos los crímenes: de esta manera el pueblo se hará justicia a sí mismo».
Es decir «desaparezcan los jueces e implantemos la justicia popular», esa a través de la cual la izquierda asesinó en España a miles de personas inocentes durante la II República y la Guerra Civil Española, y a centenas de millones en el mundo.
Ante este intento del Gobierno de Sánchez de controlar la Justicia como vía para perpetuarse en el poder al evitar el posible, y beneficioso por necesario, control de los actos del Gobierno por parte de jueces independientes, el Tribunal Constitucional ha decidido aceptar las medidas cautelarísimas, solicitadas por el PP, de suspender la tramitación Parlamentaria de dicha iniciativa hasta resolver sobre el fondo del asunto planteado.
La reacción de la izquierda ha sido furibunda.
Y grotesca la de Sánchez, que conociendo la marcha de los acontecimientos ante el TC que acabarían descabalando su totalitario deseo, ha protagonizado una inadmisible falta de respeto, y un imperdonable comportamiento de desprecio hacia S.M. el Rey en los actos de inauguración del AVE a Murcia, según parece al negarse el Rey, dado su papel de imparcialidad institucional, a manifestar públicamente su apoyo a Sánchez en su estrategia.
¿Y qué trascendencia tiene esta actitud del presidente Sánchez de no respetar la independencia del Poder Judicial?
Pues según Montesquieu que nos lleve a la tiranía.
Ante tanto dislate, creo que conviene recordar la invectiva de Frederic Bastiat a los socialistas: «¡Eh! Miserables, que os creéis tan grandes que juzgáis a la humanidad tan pequeña, y que lo queréis reformar todo, reformaros vosotros mismos; con esa tarea tendríais bastante».
Jesús Fernández-Miranda y Lozana es abogado.