Por Sonia Fleury, profesora de Ciencias Políticas de la Fundación Getúlio Vargas (LA VANGUARDIA, 01/10/06):
A dos semanas de las elecciones presidenciales, cuando todas las encuestas registraban una gran ventaja para el presidente Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), la policía federal desbarató una operación de compra de un dossier con información que supuestamente incrimina al candidato favorito al Gobierno de São Paulo, José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Los implicados, detenidos con una fianza de más de 600.000 euros, eran personas vinculadas al PT y al Gobierno Lula.
El análisis de este hecho aporta muchas lecciones acerca del cuadro político brasileño y de los impasses actuales del Gobierno y la oposición en su búsqueda de coordenadas que aseguren a la par condiciones de gobernabilidad y de recuperación del desarrollo en el próximo mandato gubernamental. En lo que respecta a la oposición, el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, es quien goza de mayores índices de intención de voto, habiendo reducido la diferencia con relación al favorito
Lula de un 21% a un 19% de las intenciones de voto en las últimas semanas. Con todo, Lula sólo ha caído en un 1%, lo cual demuestra que las convicciones de sus electores no se han quebrantado con la revelación de las denuncias recientes.
La elección de Alkmin como candidato del PSDB muestra las dificultades por las que está pasando la oposición, pues aunque Serra es mucho más popular, ha sido relegado por los líderes de su partido en función de las divisiones internas que arremeten contra el poder del ex presidente, Fernando Henrique Cardoso, y contra el surgimiento de un nuevo liderazgo, representado por el actual gobernador de Minas Gerais, Aécio Neves. En buena parte, en esta campaña se han ido preparando las elecciones del 2010.
El presidente Lula ha explotado las divisiones en el nido de los tucanes (el ave que simboliza al PSDB). A fin de evitar el error del primer gobierno, que se apoyó en partidos pequeños y formó alianzas basándose en favores, el candidato del PT busca aliarse al PMDB, y el PSDB mantiene su alianza con el PFL, ya que estos partidos aliados tendrán la mayor cuota de representantes en el Congreso.
Lula también lanzó la propuesta de un gobierno de concertación nacional, que incluiría la sección del PSDB, afín al gobernador de Minas. Ante la exitosa perspectiva de esta estrategia, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso difundió una carta a los miembros de su partido, convocándolos a unirse en torno a determinados estandartes de la reforma política. No obstante, la carta produjo el efecto contrario al poner de manifiesto la lucha entre bastidores en el seno del partido.
En lo que respecta al Gobierno, la crisis que desencadenó el descubrimiento del dossier revela que el PT sigue practicando actos ilegales para conservar el poder, sin haber sido capazde aplicar la propuesta de Tarso Genro en la crisis anterior, a saber, volver a fundar el partido, expurgando a los miembros implicados en prácticas ilícitas e intentando que el partido reencontrara sus ideales originales. Al fracasar esta propuesta, el mismo grupo que desde hace unos años controla el partido mantuvo su hegemonía, lo que causó un distanciamiento crítico del ala vinculada a los movimientos sociales y a la Iglesia católica, y el abandono de muchos intelectuales. Estos últimos, junto con los parlamentarios expulsados del PT acabaron por fundar el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que defiende las banderas de la izquierda y ocupa el tercer lugar en la disputa presidencial, con la candidata senadora Heloísa Helena.
El PT y el PSDB procuran ampliar sus bases con la incorporación de los pequeños partidos que deberán eliminarse, puesto que éstas serán las primeras elecciones en que se pondrá en vigor una cláusula de barrera. La campaña política despierta poco entusiasmo y sólo se encendió con el escándalo, lo cual demuestra que el debate sigue ausente. A pesar del control inflacionario, los últimos gobiernos se han visto con las manos atadas con el mecanismo de control monetario por medio del mantenimiento de tipos impositivos elevados que hacen inviable la inversión productiva y aumentan las obligaciones de la deuda pública. La solución hallada para hacer frente al déficit fiscal ha sido siempre la misma, con sucesivos aumentos de la carga tributaria, que ya asciende a cerca del 37% del PIB. Con la moneda apreciada y la vulnerabilidad de las exportaciones de materias primas, la balanza cambiaria se ve amenazada.
Así, Brasil ha experimentado tasas de crecimiento del PIB en torno al 2,3%, muy por debajo de las necesidades de un despegue del crecimiento, capazde generar más empleo, reducir la informalidad del mercado y aumentar los salarios. Éstas son condiciones imprescindibles para reducir la exclusión social y la violencia urbana. Por otra parte, esto impide que el Gobierno invierta en infraestructuras y políticas sociales de una manera sistemática y creciente que permita recuperar el desarrollo de una forma efectiva.
Ante semejantes limitaciones, el Gobierno actual ha buscado con ahínco la disminución de la miseria y la inclusión social. Por medio de un mecanismo de transferencia de rentas denominado Bolsa Familia que hoy comprende a 11,1 millones de familias, y de un aumento real del salario mínimo en un 13%, además del aumento de empleo formal de los últimos dos años, el Gobierno logró reducir la pobreza un 19,18% entre el 2003 y el 2005, logrando que 8,6 millones de personas dejaran atrás la condición de pobres y que la desigualdad en la distribución de la renta bajara un 3,49%.
La preferencia por Lula indica que la población reconoce estos esfuerzos, pero para poder aprobar éste y otros proyectos, el Gobierno deberá crear un clima de mayor estabilidad política. Esto conlleva cambios tanto en elPT como en las alianzas que sustentarán un probable segundo mandato cuyo éxito dependerá de la capacidad de dirigir un proyecto de desarrollo sostenible.